El pasado domingo asistimos a un nuevo tropiezo político en Venezuela. Tropiezo, por decir lo menos. Unas elecciones regionales cuyos resultados, más allá de los números, implican un mayor desaliento para la población que hace unos meses estaba entregando su vida en las calles y que llama a la reflexión a los actuales actores políticos. Lo que sí es cierto es que el Gobierno Nacional sigue deslegitimado, pero ahora escondido tras una careta que ya está malgastada: elecciones. ¿Se ha lavado la cara ante la comunidad internacional con esto? Para saberlo, hemos entrevistado en exclusiva para la Revista Zeta, al exembajador Milos Alcalay, que basado en su experiencia y su capacidad de análisis nos ha dado una perspectiva interesante.
El diplomático ha insistido en que después de lo ocurrido el pasado domingo, el Gobierno de Nicolás Maduro ha sumado una nueva razón para ser tachado de tirano ante la Comunidad Internacional. “A pesar de que el Gobierno de Nicolás Maduro trató de fingir que existe una ´democracia´ en el país para impedir su aislamiento internacional, optando una vez más por la burda manipulación de los resultados de las elecciones de Gobernadores realizadas recientemente, el 15 de Octubre, ello no parece que sea suficiente para frenar la aplicación de nuevas sanciones por parte de la Unión Europea que parece dispuesta a responder a la nueva catarata de irregularidades”, ha dicho Alcalay.
“Esas elecciones fueron manipuladas por un Consejo Nacional Electoral artífice del fraude, tal como lo hizo antes, al ordenar la realización ilícita de la designación (“elección”) de los miembros todopoderosos de la Asamblea Nacional Constituyente Monocolor, cuyo único fin es el de mantener en el Poder eternamente a las actuales autoridades, o para impedir la transición tal como lo hizo al anular el año pasado tanto el referendo revocatorio con mayoría opositora, como las elecciones de Gobernadores de Diciembre del 2016, además de arremeter contra todas las facultades de la Asamblea Nacional Mayoritaria que se posesionó a inicios del 2016. O sea, como dice el refrán ´Nada nuevo bajo el sol´”, aseguró.
Antes del verano, el Parlamento Europeo -en buena medida impulsado por las reiteradas solicitudes que ha hecho España- aprobó una resolución en la que instó a la Unión Europea a imponer sanciones a los responsables de las violaciones de DDHH durante las manifestaciones de este año contra el Gobierno Nacional. Bruselas había mostrado dudas, en parte porque las sanciones constituyen una última opción que se emplea cuando la vía del diálogo está agotada. Las sanciones podrían incluir congelación de bienes y prohibición de ingreso al territorio europeo y adoptar medidas restrictivas de esta naturaleza contra un país extranjero requiere, además, unanimidad de los 28 socios, lo cual había sido imposible hasta este momento por la negativa de Grecia. Ahora, que ya todos están de acuerdo, comienza Bruselas a preparar estas sanciones.
“La decisión de Europa se sumaría a las sanciones impuestas por los Estados Unidos, Canadá y otros países latinoamericanos, que han congelado activos de altos funcionarios chavistas –incluyendo al propio Presidente Maduro- y vetado el ingreso en sus respectivos países de los responsables de la represión o aquellos acusados de narcotráfico o de complicidad con terroristas del Medio Oriente, a través del otorgamiento irregular de pasaportes venezolanos para exigir un cambio democrático”, ha asegurado Alcalay con respecto a este asunto.
Todas las condiciones están dadas para que la presión internacional siga surtiendo efecto y Maduro quede totalmente desenmascarado como un tirano. Pero ahora tenemos un nuevo factor en juego: las posiciones políticas dentro de la oposición democrática luego de las pasadas elecciones regionales. Ante este nuevo panorama, Milos Alcalay insiste en la importancia de algo que ha costado mucho construir y que merece la pena mantener. “Este momento crucial exige, de manera contundente, que tanto los voceros que tenían sus esperanzas cifradas en las elecciones regionales, como los que denunciaban la realización del fraude, asuman una posición unitaria, para procurar una salida a la actuación fraudulenta del CNE y sus articuladores, en la que las sanciones internacionales son parte importante de las opciones por el retorno al reconocimiento de la voluntad popular”, finalizó.