Senado español aprueba ayudas para pensionados venezolanos

Mucho se ha dicho sobre la “diáspora” venezolana”. Son muchos cientos de miles de venezolanos de todas las edades que han tenido que meter su vida en dos maletas e irse a otras tierras a “empezar de nuevo”. Para todos es difícil, en mayor o menor medida. Unos se encuentran con duros problemas económicos, otros con soledades infinitas y algunos con dificultades del lenguaje o la cultura a las que no logran sobreponerse. Como si fuera poco todo esto, hay quienes tienen que sumar en su maleta, los -muchos- años vividos. La situación de los pensionados venezolanos en España es, cuanto menos, dolorosa.

El pasado 4 de octubre, la Comisión de Exteriores del Senado español ha instado este miércoles al Gobierno a “promover y participar, a través de los instrumentos de la asistencia social, como convenios y acuerdos con las Administraciones locales y autonómicas”, en la atención a los más de 7.000 jubilados venezolanos residentes en España, que no cobran sus pensiones desde diciembre de 2015 y se encuentran en la indigencia. La moción, promovida por Coalición Canaria, fue aprobada con el apoyo de todos los grupos, salvo Unidos Podemos. 

El senador Pablo Rodríguez Ceja, de la Agrupación Herreña Independiente, desligó su iniciativa del debate político y puso el acento en la “dramática e injusta situación” de miles de jubilados, tal como ha expresado en esta entrevista exclusiva para Revista Zeta, en la que nos ha explicado cómo se aplicará lo acordado por el Senado. “En este caso, el Estado llegaría a un acuerdo con las Comunidades Autónomas y estas a su vez con los Ayuntamientos de cada territorio, para hacer llegar esas prestaciones a las personas o a las familias que se pueden acoger a este tipo de ayuda porque viven en una situación de precariedad, previo informe de los servicios sociales de cada Ayuntamiento”, explicó.

“Las ayudas van a estar financiadas por el Estado, por lo cual la Comunidad Autónoma simplemente tendría que poner sus medios a disposición de este convenio, así como los ayuntamientos, que son los que están más cerca de los ciudadanos para valorar cada caso, y todos aquellos casos en los que se pueda demostrar que la situación es precaria, debido a este impago de las pensiones por el Gobierno de Venezuela, se les otorgaría esa ayuda o esa aportación. En este acuerdo se añaden, además, otros puntos, como por ejemplo, que instamos al Gobierno del Estado Español a que continúe reclamando al Gobierno de Venezuela cumplir con el convenio bilateral de la Seguridad Social entre España y Venezuela del 12 de mayo de 1988, que entró en vigor el 1 de Julio de 1990 y en concreto este acuerdo lo que incide es en abogar para que el Gobierno de España reitere a la República de Venezuela la necesidad de abonar en el plazo más breve posible estas pensiones, además correspondientes también a las cantidades adeudadas de 2016-2017. Entendemos que la Comunidad Internacional aquí también tiene un papel importante  para poder arbitrar en todos aquellos asuntos que se consideren para que el Gobierno de Venezuela en un futuro compense ese gasto que se va a producir en las arcas españolas”, añadió.

Consciente de que los venezolanos están viviendo una difícil etapa en su historia nacional y como consecuencia, en muchos casos, sufren diversas penurias en el exterior, Rodríguez ha hecho énfasis en la necesidad de ayudar en todo lo que sea posible. “Durante la discusión de esta resolución, también hemos hablado sobre la situación de los estudiantes, por ejemplo, que también es precaria porque no están subsidiando sus becas, pero en esta oportunidad, nos hemos centrado en lo más urgente, que son las personas mayores que tienen cero ingresos y cero posibilidades de conseguir un empleo, de modo que prácticamente subsisten es por la escasa ayuda que les prestan familiares y amigos”.

Venezuela: “la octava isla” Canaria

El Archipiélago canario está compuesto por siete islas: El Hierro, La Gomera, La Palma y Tenerife, que forman la provincia de Santa Cruz de Tenerife; y Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, que constituyen la provincia de Las Palmas. Pero hay una “octava isla” en el imaginario colectivo de sus habitantes: Venezuela. Y es que en cada familia canaria, hay algún familiar o amigo venezolano, o que vivió en Venezuela en la época de bonanza del país suramericano. De modo que la relación afectuosa es muy amplia, pero además, los números hablan por sí solos: cerca de 50.000 venezolanos están registrados en Canarias.

Por este motivo, el senador canario Pablo Rodríguez Ceja ha sentido el compromiso de ayudar a los venezolanos impulsando esta resolución. “Canarias mantiene una estrecha relación con Venezuela debido a la emigración que durante los años ´50 y ´60 se produjo desde esta tierra hacia Venezuela; como ya sabemos en aquella época las cosas eran muy difíciles aquí y la gente pues buscaba un futuro digno en otras tierras, en este caso en Venezuela y lo consiguieron gracias a las remesas que se mandaban desde Venezuela a Canarias y así esta tierra pudo salir adelante. Es por eso que tenemos una estrecha relación; ahora mismo están retornando mucho emigrantes o hijos de emigrantes que en su momento abandonaron Canarias, debido a la situación que ahora está a la inversa. Todo esto nos da una sensibilidad con el pueblo venezolano, yo creo que de forma especial. Todas esas personas que han retornado, esos vecinos o esas personas que han decidido que Canarias sea su lugar de donde disfrutar el resto de sus días, son personas que te transmiten -como cargo político- esa preocupación, y al final eso es lo que nos ha llevado a mantener esa defensa que siempre la hemos tenido del pueblo venezolano”, apuntó.

Finalmente, Rodríguez Ceja se unió al sentimiento, extendiendo su mano una vez más. “Me uno al deseo de todos los venezolanos de que la situación en Venezuela coja camino lo antes posible y sobre todo que esta situación que nos ocupa, el pago de las pensiones, pues se resuelva a la mayor brevedad posible, porque bueno soy consciente plenamente de las dificultades que está acarreando y siempre me van a tener a su lado para defender sus derechos y defender todo lo que les pertenece como pueblo”, finalizó.

Por su parte, Pedro Ontiveros, profesor universitario venezolano de 72 años y presidente de la Federación de Asociaciones de Pensionistas y Jubilados Venezolanos en España, expresó su agradecimiento a los grupos del Senado por la aprobación de esta iniciativa y lamentó que Podemos no la secundara. “Lo importante es que el Gobierno también se implique y no solo las comunidades Autónomas y Ayuntamientos”, porque, asegura, la situación del colectivo es “crítica”, no solo por la falta de los recursos básicos de subsistencia, que les ha llevado a tener que recurrir a la caridad de la Iglesia o la Cruz Roja, sino por la angustia que provoca la incertidumbre del día a día “a esta edad”. Asegura que las instituciones venezolanas han hecho caso omiso de sus múltiples solicitudes: “nos han contestado con un silencio sepulcral”, expresó.