Es necesario reconstruir un sistema que le dé confianza a todos los venezolanos para que voten sin miedo y con confianza, plantea la oposición.
Por JAIME GRANDA
Las acusaciones de unos integran-tes de la Mesa de la Unidad Demo-crática (MUD) contra otros de sus compañeros por los resultados de las pasadas elecciones regionales y la decisión de cuatro de los gobernadores electos, encaja dentro de la manipulación que el proyecto ruso-cubano-venezolano impone fácilmente a dirigentes de oposición.
La guerra verbal dentro de la oposición y las amenazas que rompen con la alianza que permitió el triunfo opositor en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015 impiden que en los medios se difundan con mayor espacio las irregularidades que van apareciendo sobre las elecciones de gobernadores y las dudas que se van acumulando sobre la responsabilidad del Consejo Nacional Electoral (CNE) en esos hechos y todo eso disminuye la atención nacional e internacional sobre la ilegal y grave dependencia del Poder Electoral ante el Poder Ejecutivo.
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El comunicado de la semana pasada emitido por el Observatorio Electoral Venezolano (OEV) resume parte de esas irregularidades, antes, durante y después de los comicios del pasado 15 de octubre.
El comunicado plantea, casi de entrada, que el caso del estado Bolívar es sumamente grave y debe aclararse. El candidato Andrés Velásquez demostró, sustentado en el 100% de las actas, que había vencido por más de 2.000 votos, pero luego aparece otro resultado, dándolo por perdedor por menos de 1.500 votos.
Agrega que Velásquez dejó de sumar a su favor 3.787 votos por la no sustitución de candidatos y la duda generada por estos hechos impone la necesidad de hacer una revisión exhaustiva de todo el proceso electoral en estas elecciones de gobernadores y, en especial, al Sistema de Totalización (envío de actas y bitácoras) y a los datos de electores (duplicidad de huellas). La forma como se llevó a cabo el proceso electoral estuvo colmada de irregularidades que claramente perjudicaron el desarrollo del proceso.
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En el resumen del OEV se incluye la eliminación de 33 actividades del cronograma, en comparación con regionales anteriores. La ejecución de 17 actividades del cronograma electoral, previas a la convocatoria de la elección. La reducción a dos días del lapso para inscribir candidatos, que además fueron antes de la convocatoria formal del proceso. No se admitieron las sustituciones de candidatos renunciantes. Se modificó el Registro Electoral fuera del lapso establecido, excluyendo a 17.325 habitantes de Táchira. Se cercenó la observación nacional y sólo fueron acreditadas dos organizaciones locales de observación. Al OEV le fue negada la acreditación solicitada. El CNE solo acreditó al Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (CEELA) para integrar la misión de acompañamiento internacional. No se informó oportunamente quiénes acudieron como miembros de mesa. Sin previo aviso, el CNE eliminó 76 centros y más de 7.000 mesas de votación. A última hora, a menos de una semana de las elecciones, el CNE reubicó 274 centros electorales, afectando a más de 700.000 electores. No se sancionaron los múltiples ilícitos de campaña por uso de los recursos públicos, incluso cuando el Presidente Maduro aprobó abiertamente el manejo de recursos del Estado a candidatos que no detentaban ningún cargo público.
El OEV advirtió que a esta lista de irregularidades previas al proceso se suman las ocurridas durante la jornada electoral, tales como: apertura tardía de centros de votación, fallas de máquinas de votación, propaganda electoral dentro de los centros de votación, lentitud del proceso de votación en la herradura, violación del derecho del voto secreto, hechos de violencia alrededor de los centros de votación, electores movilizados con recursos públicos, prórroga del cierre de mesas sin electores en cola, denuncias de amedrentamiento a testigos e impedimento de que ciudadanos pudiera presenciar el acto de escrutinio y la verificación ciudadana que, en muchos centros, no fue un acto público.
El lunes pasado, Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, el único poder venezolano reconocido como legítimo por la comunidad internacional, expresó: “Una de las incidencias está relacionada con el voto múltiple. La huella existe para que cada venezolano pueda votar solo una vez, y la tinta indeleble está para que se vea quién votó y no lo haga dos veces” y añadió que hay un millón 600 mil personas con las que hubo problemas con sus huellas dactilares. “Eso quiere decir que un grupo votó varias veces e infló esos votos”, afirmó Borges.
También dijo: “Si tomamos 6 estados importantes del país: Barinas, Carabobo, Cojedes, Falcón, Miranda y Vargas, el grupo de personas que posiblemente votó, es mucho más que la diferencia por la cual supuestamente se perdieron esas elecciones” y en el caso de Miranda aseguró que hay al menos 166 mil personas que no se sabe si la huella correspondía al elector. Precisó que “la diferencia electoral fue de 80 mil votos, el doble de personas que tuvieron problemas en este estado”.
Aseguró que “todas estas incidencias podrían ser perfectamente verificadas si el CNE aceptara hacer la auditoría”.
El diputado Borges considera que todas las incidencias deben aclararse en la primera semana de noviembre y anunció que entregarán “toda esta data a observadores internacionales independientes, daremos esta data para que analicen con frialdad la información que se va a presentar, para que podamos tener una realidad de lo que pasó este 15 de octubre”.
Por todo esto, Julio Borges planteó: “Tenemos que corregir esto y cambiarlo a fondo, para reconstruir un sistema que le dé confianza a todos los venezolanos para que voten sin ningún tipo de miedo y con confianza”.
Otros detalles
Henry Ramos Allup, secretario general de AD y vicepresidente de la Internacional Socialista, dijo: “En las Parlamentarias de 2015, hubo un 74,15% de participación. La Unidad obtuvo 7.726.066 votos, y el PSUV 5.622.844 votos”. “En las elecciones regionales de 2017, hubo una participación de 61%. Y la Unidad obtuvo 4.852.353 votos. Tres millones menos de lo que obtuvimos en las elecciones parlamentarias de 2015. Y el Gobierno obtuvo 5. 571.859 votos; es decir, prácticamente su misma votación. Su votación dura”.
Algunos consideran que esas cifras prueban que es muy difícil que la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente haya sumado 8 millones de votos.
El pasado miércoles, el integrante de la ANC Francisco Ameliach dijo que propondrá adelantar las elecciones de alcaldes, cuyos períodos vencen a finales de este año y recordó en su programa de radio que de los 334 municipios -con la excepción del Distrito Capital que no participó en los recientes comicios- la revolución ganó en 249 municipios, es decir el 75 %.
Sin embargo, el diario Panorama, muy cercano a la revolución, abrió su primera página del domingo pasado con el titular: “Tiempos no dan este año para las municipales”.