El intento de independencia catalana ha acabado como dicta la ley: juzgados -y en algunos casos presos- los líderes independentistas, imputados por delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos.
Carles Puigdemont, el expresidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña, continúa en Bruselas, a donde se fue el pasado viernes 27 de octubre, cuando el Presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, activara por completo el artículo 155 de la Constitución española que consistía en la disolución del Parlamento catalán, el cese del Presidente catalán, el vicepresidente y los consejeros, y la convocatoria de elecciones autonómicas en Cataluña para el día 21 de Diciembre.
La magistrada ha atendido la petición de la Fiscalía, y ha decretado prisión incondicional para todos los representantes del gobierno catalán que han acudido a declarar la mañana de este jueves, incluido el ex-vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, mano derecha de Puigdemont. Solo el exconsejero de Empresa, Santi Vila, que dimitió la víspera de que el Parlament declarara la independencia de Cataluña, puede eludir su encarcelamiento si deposita una fianza de 50.000 euros, la misma que ha solicitado el ministerio público.
Por otro lado, también estaban citados la totalidad de los integrantes de la Mesa del Parlament -incluida su presidenta, Carme Forcadell- quienes han ido a declarar al Tribunal Supremo por el mismo motivo, pero su declaración ha sido aplazada hasta el jueves, 9 de noviembre, para darles tiempo a preparar su defensa y aunque no les ha dejado presos, les ha puesto bajo «control policial».
Puigdemont con orden de captura
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido que se ordene la detención de Carles Puigdemont y de los exconsejeros de la Generalitat que permanecen en Bruselas y no han acudido este jueves a declarar.
El abogado de Puigdemont en Bruselas aseguró que el expresidente catalán no tenía pensado ir a declarar a Madrid porque corría peligro de que se le llevara a cabo un juicio político, sin garantías. Pero tenemos que aclarar que lo que está ocurriendo con Puigdemont y con los representantes del gobierno catalán no es otra cosa que la aplicación de la Ley. de hecho, lo que que han declarado varios especialistas es que es imposible que se hable de juicio político o de presos políticos dentro de la Unión Europea, puesto que todos los países que la conforman son países democráticos y de Derecho, donde no tiene ningún sentido hablar en estos términos.
Ahora habrá que esperar las reacciones de Bélgica y del resto de la Unión Europea, que deberá dar respuesta a la justicia española sobre el paradero de Puigdemont.