El tema de la deuda creada por Chávez y Maduro, impagada pese a los enormes ingresos de los últimos años, es aquí expuesto y comentado por el secretario general de Acción Democrática.
Es del saber común que los ciudadanos de cualquier país no conocen de teorías económicas pero las sienten en su vida cotidiana, patentizadas en situaciones de bienestar o malestar. También es sabido que dichas situaciones son consecuencia de decisiones de los gobiernos, cuyas ejecutorias sólo muy excepcionalmente son sometidas a consultas de la ciudadanía. Si bien los gobiernos disponen a su arbitrio en el marco de atribuciones legalmente establecidas, en los sistemas democráticos sometidos a elecciones periódicas, las gestiones son evaluadas mediante el sufragio popular que puede ser de premio o castigo.
Hacemos estas precisiones a propósito de la espantosa crisis económica que atraviesa nuestro país, caracterizada por la falta de alimentos y medicinas, el colapso de los servicios públicos, la quiebra del aparato productivo privado y público, la ruina de las empresas del Estado incluyendo la industria petrolera generadora de la casi totalidad de las divisas que ingresan al país, la dependencia absoluta de importaciones -70% de cuanto consumimos-, la terrible depreciación del signo monetario y una inflación desbocada que tiene a Venezuela a punto de estallar. En medio de ese tétrico paisaje, cuya responsabilidad el gobierno, siendo el único causante, imputa a todo el mundo menos a sí mismo, reaparece el tema de la descomunal deuda de plazo vencido adquirida por este gobierno, cuyo principal e intereses no está en capacidad de pagar, por lo cual afanosamente busca renegociarla o reestructurarla, casos ambos que deben pasar por el visto bueno de los acreedores y por complicadas gestiones financieras internacionales estrechadas por las sanciones económicas que pesan sobre nuestro país.
No observaremos sólo el tema de la deuda y su negociación o reestructuración, sino también la posición del gobierno que se presenta como víctima en una situación que es imputable sólo a él.
Maduro se queja de la deuda, descomunal pero no heredada de gobiernos anteriores sino del régimen entronizado desde 1998 hasta hoy. Esa agobiante deuda la contrajo Chávez y la aumentó Maduro. Chávez tuvo ingresos petroleros sin precedentes, lo cual le permitió arruinar adrede el aparato productivo para así poner a Venezuela a depender de importaciones que controlaba a su antojo (tu comes, tu no comes, a ti te doy divisas y a ti no…), generando una subyugación colectiva que ninguna de las sangrientas dictaduras precedentes había podido lograr. Lo cierto es que los ingresos bajaron, en parte por caída de la producción de una PDVSA podrida de ineficiencia y corrupción, y en parte por la baja de los precios internacionales. Esos ingresos disminuyeron al punto de que no hay sino para medio importar comida, mientras el monto de la deuda impagada y los intereses acumulados crecen constantemente. El dilema es que si pagamos no comemos y si comemos no pagamos. Así las cosas, el gobierno está por declarar default, hecho que se produce cuando un Estado por carecer de dinero deja de realizar los pagos. Al declararse el default, el deudor busca con sus acreedores un acuerdo sobre los pagos pendientes, a través de negociaciones efectuadas en un marco legal internacionalmente convenido, escenario al que el deudor siempre va en desventaja.
Maduro se queja también de que por más intereses que se paguen puntualmente, sigue empeorando nuestra calificación de riesgo-país y con ello también nuestras posibilidades de renegociación o reestructuración de la deuda, haciéndola más costosa de lo que ya es. Se trataría, según Maduro, de una conspiración internacional favorecida por traidores a la Patria que desde adentro y desde afuera ofician como fichas de potencias extranjeras. No se refiere a las verdaderas causas de esa calificación negativa: la tétrica situación nacional signada por la quiebra de la economía y de la democracia, la pésima reputación de su gobierno calificado como fallido y forajido, y las inciertas perspectivas venezolanas ante acreedores que no son filántropos sino simples tenedores de papeles que quieren recuperar su inversión y para ello exigirán cada vez mayores garantías. Eso es lo que hay.