En una misma semana, dos organizaciones internacionales de renombre colocaron el tema Venezuela en sus agendas. Por un lado, la Organización de Naciones Unidas (ONU), a través de su Consejo de Seguridad abordó por segunda vez en el año la crisis que vive el país. Por el otro, la Organización de Estados Americanos (OEA) llevó a cabo las terceras y últimas audiencias para determinar si el caso venezolano merece o no ser enviado a la Corte Penal Internacional (CPI).
De acuerdo al internacionalista y exembajador de Venezuela ante la ONU, Milos Alcalay, en exclusiva para Zeta, existe una preocupación muy señalada sobre el caso Venezuela, y por ello se busca desde distintos flancos dar una solución política a la crisis.
“Es la segunda vez que el Consejo de Seguridad aborda el tema Venezuela en sus 70 años de existencia. Fue una reunión informal, pero reviste de importancia que hayan Invitado al secretario general de la OEA, Luis Almagro, e incluso permitieron que otras organizaciones asistieran, como el Foro Penal y Caritas, lo que muestra la grave la situación que vive el país”.
Aunque Venezuela ya no es miembro formal del Consejo de Seguridad, podía asistir a la reunión y exponer sus argumentos, pero según Alcalay “ha preferido la política del avestruz de no estar presente, y en el ámbito internacional la ausencia es indicativo de que no se tienen argumentos que puedan contrarrestar al análisis de instituciones reconocidas mundialmente, como es el caso de Caritas”.
Su apreciación no es distinta cuando se le consulta por las audiencias de la OEA. Considera que solo el hecho de que se esté discutiendo el tema, deja entrever la preocupación de varios gobiernos por la situación que vive el país suramericano. Cree que el informe final que emita el panel de juristas, permitirá a los países tomar decisiones y evaluar la pertinencia o no de llevar el caso Venezuela a La Haya.
“Jurídicamente no es un camino necesario que algún Estado miembro denuncie a Venezuela porque particulares pueden hacerlo, el tratado de Roma prevé los mecanismos para que las instituciones y personas afectadas puedan directamente recurrir a la Corte, pero políticamente generaría un impacto importante”, señaló.
Sobre la actuación de La Haya ante las diversas denuncias que ha recibido sobre el caso venezolano y que ya superan la veintena, incluyendo la denuncia que introdujo esta misma semana la fiscal general Luisa Ortega Díaz contra Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad, Alcalay recuerda que esa es una jurisdicción internacional nueva, que ha abordado temas mucho más explosivos, como el caso de Uganda, pero no descarta que el intenso lobby del régimen a través de su embajadora ante esa instancia, Haifa el Aissami, hermana del vicepresidente de la República, Tareck el Aissami, pueda estar influyendo en que el caso venezolano no proceda con mayor rapidez.