Se estrecha el cerco contra Cristina Kirchner, quien es procesada por ser la jefa de «un plan criminal” que otorgó impunidad a los iraníes implicados en el ataque terrorista a AMIA a cambio de beneficios personales.
Por Claudio Savoia(*)
No tuvo tiempo de disfrutar de su regreso al Congreso como senadora. El juez Claudio Bonadio aguó la fiesta con un fulminante procesamiento en la que es, según la expresidenta, la causa que más preocupa a Cristina Kirchner: donde la acusan de colaborar para lograr la impunidad de los iraníes acusados por el atentado a la AMIA.
Aunque el retrato de Cristina que más le gustaría difundir está lleno de manchas cada vez más oscuras por las causas de corrupción que la tienen como estrella -y que reciben otra pincelada de la Cámara Federal, que ratificó su procesamiento como jefa de una asociación ilícita que lavaba dinero- el golpe de hoy es más doloroso: las coimas y sobreprecios en la obra pública podrían disimularse, pero la entrega de la sangre inocente derramada en el peor atentado terrorista de la historia nacional a cambio de beneficio personal no se puede tolerar.
En un expediente en el que trabaja hace tiempo, Bonadio reunió pruebas y testimonios del funcionamiento de la cancillería y su sistema de decisiones. ¿Pudo haberse gestado el pacto con Teherán como una iniciativa diplomática que pasó las instancias técnicas habituales para cualquier tratado, en la cual Cristina buscase una vía para encontrar justicia por el atentado?
Al contrario: el acuerdo fue alumbrado por una diplomacia paralela, cuyos actores eran de estrecha confianza de la expresidenta y movieron las piezas por orden de ella.
¿No era lícito destrabar la causa AMIA por cualquier camino? No, responde Bonadio, si ese camino implica admitir la culpabilidad de los iraníes acusados -como hizo el excanciller Timerman en un tenso diálogo con líderes de la colectividad judía- y luego aliviar su situación judicial permitiendo que no sean indagados por el juez argentino y sean librados de las incómodas alertas rojas de Interpol que los perseguían en el mundo.
La denuncia judicial por la que el fiscal Alberto Nisman entregó su vida estuvo congelada dos años, hasta que la Cámara de Casación ordenó investigarla en el filo de la Navidad pasada.
Las maniobras e intrigas con las que el kirchnerismo evitó que el expediente se abriera fueron un alerta sobre la preocupación que Cristina le dedicaba al asunto, y lo que era capaz de hacer para coagularlo.
Ahora se discute en el Consejo de la Magistratura el desempeño del juez Daniel Rafecas, quien se negó a investigar la denuncia de Nisman y los consejeros hurgan en una coordinación con el gobierno K para colocar aquella lápida, que luego fue remachada por otra tanda de jueces y fiscales cercanos al kirchnerismo: el ahora destituido camarista Eduardo Freiler, su inseparable colega Jorge Ballestero y el fiscal Javier De Luca, quien en lugar de golpear las puertas de la Casación para abrir el caso, como es su función, hizo lo imposible por evitarlo.
Mientras tanto, Bonadio seguía adelante con su expediente por supuesta traición a la Patria, al que se sumó la renacida causa por la denuncia de Nisman. En sus hojas emergieron las pruebas y testimonios de una supuesta operación para beneficiar a Irán. Otra mancha oscura para Kirchner, difícil de limpiar.
(*)Savoia es editor del área Política y Judicial del diario argentino “Clarín”.