El exparlamentario y expresidente de la Cámara de Diputados, Carlos Canache Mata considera que la nueva reunión programada entre el gobierno y la oposición para este jueves 18 debe ser la última para saber si hubo o no negociación.
El año inicia reclamando con urgencia que no se postergue un cambio de políticas o cambio de gobierno. La situación que vivimos no la aguanta nadie. Si no, que lo diga la ola de protestas y saqueos que comenzó a fines de diciembre y continúa con fuerza en lo que va del nuevo año, o las muertes que se evitarían con una política de salud adecuada y el uso de fármacos que no se hallan.
En cuanto al cambio de políticas, el oficialismo lo niega. Sobre el cambio de gobierno, si se cierra el espacio para que la elección presidencial de este año sea libre y transparente, no le quedará al pueblo otro recurso que el ejercicio del derecho de “resistencia a la opresión”, que existe desde antes que la Revolución Francesa lo consagrara como uno de los cuatro derechos “naturales e imprescriptibles” (los otros tres son la libertad, la propiedad y la seguridad) en su “Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano” de 1789. Ese derecho se estableció en numerosos textos de derecho positivo, como la Constitución de 1999, vigente en nuestro país (artículos 350 y 333).
Como quien excava su tumba, la dictadura no solo rompió la democracia, sino que se empeña en destruir la economía nacional. Casi cien economistas, entre los que destacan los más notables de Venezuela, dirigieron el 12 de enero una carta a Maduro, en la que diagnostican la severa crisis que atravesamos. Una contracción del 37% del ingreso promedio por habitante respecto del 2012, señalándose que “la historia moderna registra reducciones de tal magnitud y tan abruptas, solo en medio de cruentas guerras que devastan la producción y el comercio”. Bajos niveles de inversión que “amenazan descapitalizar el aparato productivo doméstico al no poder reponer adecuadamente la depreciación de activos”. Un déficit promedio del 14% entre los ingresos y gastos del sector público consolidado entre 2013 y 2017, que se financió con emisión de dinero sin respaldo del BCV. Aumentos nominales de salarios mínimos que compitieron en “una carrera perdida” con una hiperinflación del 2.616% en 2017, la más alta del planeta. Un control de precios que no controla la inflación y provoca desabastecimiento de alimentos y una hambruna que economistas y analistas comparan con el conocido Holomodor que asoló Ucrania entre 1932 y 1933, gracias a la política de Stalin de colectivización del campo. Un control de cambio desde 2003, que no ha detenido las fugas de capital como demuestra el hecho de que entre 2003 y 2016 salieron del país 155,4 millardos de dólares, “más de ocho veces lo egresado en los cuarenta años entre 1959 y 1998”. Una PDVSA que flota sobre una ciénaga de corrupción y no incrementa el ingreso petrolero porque, a pesar de que el barril trepó a 60 dólares, está produciendo menos de 2 millones de barriles diarios.
El tiempo se agota. Independientemente de la opinión que se tenga del diálogo o las negociaciones que desde septiembre de 2017 se realizan entre el Gobierno y la MUD, la nueva reunión, programada para este 18 en la República Dominicana, debe ser la última, la que nos diga si hubo o no acuerdo, y, si éste se logra, cuál fue el blindaje interno e internacional que aseguraría su cumplimiento por parte de un gobierno tramposo. Así sabremos a qué atenernos.