Lo que comenzó como la lucha por la libertad de toda una nación, terminó en masacre evidenciada con una serie de videos que fueron publicados por medio de las redes sociales, dejando consternación en una sociedad que se encuentra rota ante los constantes ataques de un régimen solo interesado en su permanencia en el poder.
A las 4:00 de la mañana del lunes 15 de enero, se inició un operativo policial y militar que acabó con la vida del ex inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) Óscar Pérez, y la de otras seis personas que se encontraban con él en una vivienda localizada en la urbanización Araguaney, en El Junquito. Funcionarios de seguridad que estaban en el sitio ignoraron la voluntad de Pérez y la de sus compañeros que era entregarse a las autoridades, al verse rodeados y sin escapatoria.
Una fuente cercana al piloto pudo comunicarse con él vía telefónica, pero las noticias no eran esperanzadoras, puesto que los soldados tenían órdenes estrictas de no tomar a nadie con vida. «Después se despidió y me dijo que tenía que despedirse porque necesitaba guardar batería y grabarlo todo», concluye su aliado, quien prefirió mantenerse bajo el anonimato por temor a lo que pudiese ocurrirle.
Asimismo, Heyker Vásquez, líder del colectivo Tres Raíces, de la parroquia 23 de enero, quien a su vez, se desempeñaba como jefe de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), y también llevaba por nombre Adrian Domingo Ugarte Ferrera, murió durante el asalto contra Óscar Pérez. El registro del sujeto aparece como «Andriu Gárate», sin edad, ni el número de cédula como el resto de los funcionarios.
La ex fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, informó a través de su cuenta en Twitter que Vásquez además de integrar el grupo paramilitar tenía seis investigaciones abiertas en el Ministerio Público, de las cuales cinco son por homicidio y otra por extorsión, algo que no ha sido detallado por su sucesor Tarek William Saab.
No obstante, el Diario El Nuevo País converso con la abogada Rocío San Miguel, presidente de la Organización No Gubernamental Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, quien afirmó que aunque sea algo muy prematuro hacer un análisis profundo sobre el caso de Óscar Pérez, lo que sí está claro es que el régimen de Nicolás Maduro no pudo atribuirle al ex inspector y su compañeros ningún asesinato, a pesar de que los mismos fueron catalogados por el gobierno como terroristas.
«Los presuntos «terroristas» se encontraban en una zona aislada, con una sola vía de entrada y salida que no ponía en riesgo a personas ajenas a la situación, con lo cual luce desproporcionado el ataque mortal del que fueron objeto por parte del Estado» – dijo.
¿Rupturas en los cuerpos de seguridad?
El homicidio de Óscar Pérez y sus compañeros a manos del régimen oficialista desató indignación en funcionarios que pertenecen a las Fuerza Armada Nacional (FAN), quienes catalogaron el operativo como un hecho escaso de organización, con exceso de acciones equivocadas, policialmente repletos de vicios.
La periodista Sebastiana Barráez aprovechó para continuar con las contundentes palabras de los uniformados: «Privó el odio personal, las ansias de complacer a quienes pedían la cabeza del joven inspector y piloto del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), Oscar Alberto Pérez, quien el 27 de junio 2017 secuestró un helicóptero que sobrevoló Caracas y lanzó bombas sonoras sobre el TSJ y la sede del Ministerio del Interior y que, luego, el 18 de diciembre 2017, tomó por asalto el Comando de la Guardia Nacional Bolivariana (CZGNB-44), perteneciente al Cuarto Pelotón de la 1ra Compañía, ubicado en el estado Miranda. Dos acciones limpias, sin heridos y sin muertos».
En cuanto al mayor que estuvo al frente del asalto, Rafael Enrique Bastardo Mendoza, precisó: «Ese militar, desconocido para muchos, perteneció al Grupo de Acciones de Comando de la GN, donde tuvo un desempeño regular, un poco indisciplinado y arbitrario'».
La periodista Barráez indicó que los funcionarios con relación al operativo puntualizaron: «¿cómo no íbamos a dar ese triste espectáculo, cuando en el lugar de los hechos todos querían dar órdenes? Allí no hubo un equipo con autonomía para actuar. Políticos que se creen militares, funcionarios civiles dando órdenes allí y otros por teléfono, pretendiendo que se cumplieran sin la remota idea de lo que significa un escenario como el que se vivió ahí. Demasiado aficionado experto en películas de guerra. Claro, que eso tenía que salir mal».
Por otra parte, el comandante del Ejército afirmó que «ese error lo vamos a pagar caro, a nivel de opinión pública internacional. Dimos un pobre ejemplo de descontrol, falta de pericia y mal manejo de un evento al que solo había que aplicarle el manual. Eso ocurre cuando se desvirtúa la actuación profesional porque la única intención era matar al piloto y a su grupo, en lugar de considerar a tanta gente entrenada que hay en el país. El hombre ya estaba rendido y no era necesario asesinarlo. Eso lo estipulan las leyes de la guerra con los prisioneros, está enmarcado en el Convenio de Ginebra, es lo que se llama honor al caído».
El operativo estuvo cargado de vicios, tal y como lo manifestó un oficial activo de las fuerzas y que en el 2002 participó en el 4F. Existió exceso de violencia, resaltando el lanza granadas y vehículos de guerra. «No hubo un negociador, que era esencial, más aún cuando a través de las redes se vio la clara intención de negociar por parte de los rendidos, porque estaban rendidos. Además, la presencia de un fiscal del Ministerio Público como garante de la legalidad y la acción penal, tampoco se evidenció. Ni siquiera el acceso a la prensa».
Prohibición de entrega de cadáveres violenta la ley
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), advierte sobre una posible destrucción de evidencias físicas en el caso de Óscar Pérez o como algunos lo denominan la Masacre de El Junquito, debido a que podría terminarse en una cremación ilegal de los restos de este grupo de venezolanos llamados terroristas por el régimen madurista. Tal y como ocurrió con el cuerpo de José Antonio Tovar Colina, alías «El Picure», cuyas cenizas fueron entregadas en una caja de cartón a sus deudos el 6 de mayo de 2016, por parte de las autoridades del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (Mpprij) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (cicpc).
De acuerdo con lo establecido en el artículo 24 de la Ley para la Regulación y Control de la Prestación del Servicio Funerario y Cementerios: «Para toda inhumación o cremación se deben cumplir con los siguientes requisitos: 1. Copia certificada del acta de defunción con excepción del óbito fetal, en cuyo caso deberá presentarse el certificado de defunción. 2. Permiso de inhumación o cremación emitido por la autoridad competente. 3. Documento de identidad del difunto o difunta. 4. Autorización del familiar o persona facultada que ordena la cremación».
El reglamento también expresa la prohibición de cremar cuerpos que estén sujetos a una investigación penal: «Artículo 28. Son impedimentos para proceder a la cremación: 1. Que en el cuerpo se encuentren alojados marcapasos, prótesis que impliquen riesgos o cualquier sistema de energía que funcione con mercurio u otro material que sea de riesgo para las personas y equipos. 2. Que el cuerpo esté sometido a un proceso de investigación penal o científica. 3. Que la persona haya sido tratada con nitroglicerina en un lapso de tres días antes de su fallecimiento. 4. La utilización de ataúdes de materiales que no sean biodegradables. 5. Que no se haya realizado la inscripción en el registro civil».
Los familiares de los fallecidos en el operativo realizado en El Junquito, han exigido la entrega de los cadáveres y han advertido la posibilidad que los mismos sean cremados por las autoridades como estrategia para acabar con las evidencias. Una vez conocido el fallecimiento de Óscar Pérez, su esposa Danahis Vivas, pidió públicamente al régimen de Nicolás Maduro que le permitiera a su familia identificar el cuerpo y que no lo incineren, escribió desde su cuenta en Twitter.
Qué dice el manual
Ante las circunstancias violentas en las que el régimen decidió manejar este caso, dando con el asesinato de estos venezolanos, el Ministerio Público, con sujeción a lo establecido en el reglamento vigente y conforme al comienzo de dicha diligencia, debe llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar la preservación de los cuerpos. Por lo tanto, el Manual Único de Procedimientos en Materia de Cadena de Custodia de Evidencias Físicas aprobado en 2012 por el Ministerio Público, expresa que los mecanismos y procedimientos requeridos para el resguardo de las evidencias físicas y digitales en el transcurso de la investigación penal.
También de acuerdo con lo señalado, el mismo órgano en el Manual dice «la cadena de custodia es considerada] …como la garantía legal que permite el manejo idóneo de las evidencias digitales o físicas, con el objeto de evitar su modificación, alteración o contaminación, desde el momento de su ubicación en el sitio del suceso o lugar de hallazgo, su trayectoria por las distintas dependencias que cumplan funciones de investigaciones penales, criminalísticas o forenses, continuando con la consignación de los resultados a la autoridad competente, hasta la culminación del proceso».
Desde que los cadáveres fueron ingresados a la morgue de Bello Monte, los familiares no han podido identificar a sus familiares ante los obstáculos puestos por el Estado. El diputado Winston Flores, quien acudió al lugar en representación de la Comisión de la Asamblea Nacional para investigar sobre el caso, resaltó que no entregarán a las víctimas debido a que éstas están bajo la orden de un tribunal militar. «Hasta que el tribunal no decida la entrega no se va a efectuar».
El miércoles 17 de enero, la tía de Óscar Pérez, Aura Pérez, se trasladó hasta la sede de la morgue para exigir a las autoridades la entrega del cuerpo de su sobrino, expresando lo siguiente: «Necesito entrar para reconocer a mi sobrino y sacar su cuerpo y si es posible que me lo entreguen para enterrarlo. Necesito el cuerpo de él», al mismo tiempo agregó, «no quiero que me entreguen sus cenizas».
Sin embargo, firmó el acta de reconocimiento post mortem a pesar de nunca ver el cuerpo, puesto a que le prometieron que el jueves 18 de enero le mostrarían el cadáver.
Mientras que los familiares del resto de las víctimas, se retiraron sin firmar y tampoco quisieron dar declaraciones a la prensa.
La diputada Delsa Solórzano acompañó a los familiares hasta el piquete de la Guardia Nacional, y pidió al oficial de mando garantizarle la entrega de un documento.
La madre del ex inspector del Cicpc, Aminta Pérez emitió un comunicado el cual fue difundido por las redes sociales, donde manifiesta: «Les exijo, con todo el dolor del alma, que mi hijo sea reconocido, si de verdad está en la morgue, para darle cristiana sepultura».
En caso de no permitirle reconocerlo, cuyo procedimiento es habitual en este tipo de caso, para la madre sumándose a la hipótesis de algunos, que Óscar Pérez estaría «vivo».
En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (corte IDH) precisó que el derecho a saberse la verdad se encuentra de la mano con el derecho de la víctima o sus familiares a recibir de los entes gubernamentales el esclarecimiento de los sucesos violatorios y las responsabilidades correspondiente.