La mayoría no puede entender que mientras el país está convulsionado por protestas, saqueos y paros de transporte, además de protestas laborales, el Gobierno nacional se muestra tranquilo, confiado e insiste en decisiones que no ayudan a devolver la tranquilidad a millones de venezolanos.
Durante su intervención en la Asamblea Nacional Constituyente el lunes pasado, el presidente Nicolás Maduro rechazó toda crítica y más allá de su poder de represión contra quien critique, aseguró que existe un total de 16.595.140 inscritos en el Carnet de la Patria, es decir de personas que apoyan sus programas sociales como las 419 mil intervenciones quirúrgicas que dijo se realizaron a través de ese mecanismo.
Anunció que con el Carnet de la Patria también entregarán «bonos protectores» de 320 mil hasta 1,6 millones de bolívares a cuatro millones de familias que tengan entre dos y 10 integrantes.
Las embarazadas, por su parte, recibirán un bono mensual de 700 mil bolívares durante la gestación y más de un millón de bolívares al momento del parto.
Igualmente, los estudiantes universitarios serán beneficiados con un nuevo sistema de apoyo, incluyendo postgrados.
El presidente Maduro confía en las ventajas del nuevo sistema de Divisas Complementarias (Dicom) e instó al Banco Central de Venezuela (BCV) a vigilar el cumplimiento del mismo, el cual, aseveró, ofrece garantías a las personas que envíen remesas al exterior.
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Parece que al Gobierno de Venezuela le tiene sin cuidado lo que investigue la legítima Asamblea Nacional sobre la masacre de El Junquito ocurrida a comienzos de semana ni lo que exijan los magistrados en el exilio del Tribunal Supremo de Justicia nombrados por esa Asamblea Nacional.
Igualmente parece no importarle que ayer jueves, países de la Unión Europea (UE) aprobaron nuevas sanciones en contra de altos cargos del gobierno por la represión implementada en Venezuela. Las sanciones implican congelación de activos y prohibición de entrar en territorio comunitario.
Tampoco parece preocuparle que respondiendo a solicitud de la justicia norteamericana, el gobierno español aprobó el pasado viernes extraditar a Estados Unidos a César David Rincón Godoy, ex gerente de Bariven, firma subsidiaria de PDVSA, y lo hará de inmediato a través del mecanismo de extradición simplificada.
Rincón Godoy fue detenido por la Guardia Civil en Madrid en octubre pasado tras una orden internacional de arresto dictada por las autoridades norteamericanas. Junto a él, fueron también encarcelados Nervis Villalobos Cárdenas, quien fue viceministro de Energía de Venezuela; el ex director de Seguridad y Prevención de Pérdidas de PDVSA, Rafael Ernesto Reiter Muñoz; y el antiguo director de Finanzas de Electricidad de Caracas, otra subsidiaria de PDVSA, Luis Carlos León Pérez.
Diálogo complicado
Es indudable que el diálogo en República Dominicana que debía reanudarse ayer jueves le ha servido al Gobierno venezolano para agravar las diferencias dentro de la oposición venezolana.
Inicialmente, el partido AD anunció su retiro de esas conversaciones, pero luego se supo que ninguna de las partes se reportó y la cancillería dominicana dijo que en la tarde de ese jueves, junto con los cancilleres de Bolivia y Nicaragua, así como el expresidente de España José Luis Rodríguez Zapatero estaban buscando otra fecha para retomar el diálogo.
Las complicaciones que van surgiendo parecen hacer más daño a la oposición que al Gobierno, aunque la llamada masacre de El Junquito en la que murieron el ex funcionario policial Oscar Pérez y varios de sus seguidores repercutió en las instancias internacionales que apoyan ese diálogo.
El Gobierno se siente tan sobrado que el presidente Nicolás Maduro dijo el lunes al presentar su Memoria y Cuenta ante la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente que el jueves darían a la oposición su última oportunidad.
Lo que algunos observadores destacan es que en ese diálogo, el Gobierno pide mucho y da poco o no cumple con lo aprobado, como ocurrió el año pasado cuando el Vaticano estuvo como mediador.
Pedir que la oposición venezolana y la comunidad internacional reconozcan a la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente y levanten todas las sanciones internacionales contra funcionarios del Gobierno parece superar la realidad que rodea a los gobernantes venezolanos.
Lejos de acordar la liberación de todos los presos políticos y refrescar el Poder Electoral con miras a las próximas elecciones presidenciales, el Gobierno aprieta más la represión contra los opositores y hasta insulta a mandatarios extranjeros y obispos de la iglesia católica que alertan sobre sus errores.
Otra muestra más del poco interés del Gobierno sobre las condiciones electorales es que el miércoles pasado, un día antes de reabrir las conversaciones de gobierno y oposición, el Consejo Nacional Electoral (CNE) informó a la Asamblea Constituyente que los partidos Acción Democrática (AD), Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Movimiento Primero Justicia (MPJ), Voluntad Popular Activistas (VPA) y el Partido Unión y Entendimiento (Puente) deben acudir al proceso de validación que se realizará los días sábado 27 y domingo 28 de enero.
Por todo eso, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) envió carta al presidente de República Dominicana, Danilo Medina Sánchez, anfitrión del diálogo entre Gobierno y oposición, en la que rechaza que el Gobierno involucre a la representación opositora como supuesta fuente que permitió ubicar al ex funcionario policial Oscar Pérez, quien fue masacrado por funcionarios policiales.
Por eso piden que el presidente dominicano pida respeto a la representación del Gobierno porque «el clima para el debate que estamos dando en beneficio de nuestro pueblo, no puede seguir siendo despreciado y ensombrecido por la representación gubernamental con acusaciones tan graves como estas, que ponen en duda la voluntad de una de las partes, en este caso la representación del Gobierno de Venezuela, de avanzar con seriedad en la construcción de un acuerdo que genere estabilidad en nuestro país y ofrezca las garantías y las oportunidades necesarias para restablecer nuestra democracia».
Ruegos a la Divina Pastora
La procesión de la imagen de la Divina Pastora es una tradición del estado Lara iniciada hace dos siglos y su historia tiene que ver con una peste que diezmaba al pueblo y terminó después de la promesa hecha por el padre Macario Yépez a la virgen.
El domingo 14 de enero se repitió esa manifestación de amor y fe que cada día crece en asistencia. En esta oportunidad, la N° 162, se calcula una participación de más de tres millones de fieles que aplaudieron cuando monseñor Antonio López Castillo, Arzobispo de Barquisimeto, rogó: «Divina Pastora, líbranos del hambre, líbranos de la corrupción».
Todo el mundo celebra la convocatoria de la Divina Pastora, pero al presidente Nicolás Maduro no le gustó lo dicho por el arzobispo de la capital larense y menos lo dicho en ese acto por el obispo de San Felipe, capital del estado Yaracuy, monseñor Víctor Hugo Basabe, quien rechazó la diáspora venezolana y recalcó que «si alguien tiene que irse es quien es responsable de que miles de niños hayan atravesado el límite de la desnutrición severa». El presidente Maduro pidió que ambos sacerdotes sean sometidos a la Ley contra el odio.
Frente a esa amenaza, la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) se pronunció el martes pasado y dijo en comunicado: «El Presidente ha tergiversado totalmente el mensaje dado por los obispos, particularmente por Mons. Víctor Hugo Basabe, con el objetivo de hacer ver que los obispos incurren en delitos».
La CEV dejó bien claro que la Ley contra el Odio y la Intolerancia, promulgada por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), «está concebida para aplicarla y criminalizar a todo aquel que le cause malestar al gobierno y sus postulados».