Los motines registrados en el estado Mérida, específicamente en Arapuey, hace una semana, son reveladores de la situación extrema en que se encuentra el interior del país, prácticamente abandonado en todos los sentidos por el Ejecutivo. Una poblada completa, logró someter a más de 30 guardias nacionales, contra los que se enfrentaban a golpes, a los que les voltearon una tanqueta, entre grupos de hombres y mujeres, usando sólo la fuerza entre todos los que arremetían contra todo camión cargado de alimentos, que fue saqueado. Previo a eso, la poblada, como se pudo ver en videos y fotos que corrieron por las redes sociales, capturaba ganado en fincas estatales, que sacrificaban de inmediato para lograr un trozo de carne.
La crisis económica es extrema en el interior del país. La desestabilización al respecto, como los motines de hambre en el estado Bolívar, son indetenibles, lo mismo ocurrió en los estados Sucre, en Guárico y sigue latente que estos hechos sigan ocurriendo, puesto que los salarios de los trabajadores venezolanos apenas llegan a unos 4 o 5 dólares.
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A pesar de que desde las fronteras pasan alimentos, la enorme mayoría no logra comprar debido a la hiperinflación generada desde el Ejecutivo, que sigue emitiendo bolívares sin control alguno, para cubrir las cuentas deficitarias tanto de la gestión nacional, como de las regionales y municipales. Las revueltas populares superan las centenas, hay detenidos, heridos y nuevos registros de muertos.
Hay regiones en que las personas tienen hasta un mes sin que se les suministre gas doméstico. El agua que suministran las empresas potabilizadoras es de mala calidad, las enfermedades derivadas no pueden ser atendidas en los hospitales y ambulatorios públicos porque no hay dotación de medicamentos y los que se consiguen en farmacias, están a precios dolarizados, imposible de comprarlos por el común.
Los reportes de muertes por desnutrición en niños lactantes van en aumento, en lo que va de año una cifra extraoficial señala que van 83 fallecidos. Este flagelo también comienza a cobrar las vidas de adultos, una agrupación de Derechos Humanos reportó la desnutrición de dos indigentes que estaban detenidos por robar trozos de cables de las líneas de teléfonos de la estatal Cantv, uno de estos habría fallecido.
Para las personas, trasladarse de una ciudad a otra es una actividad irrealizable. Muchos obreros y empleados comienzan a abandonar sus trabajos porque el costo del transporte supera sus ingresos mensuales, sobre todo si hay que trasladarse de un municipio a otro, aparte pagar un pasaje de 30 mil bolívares en un viaje inter urbano, requiere que alguien vaya tres veces a un banco a retirar dinero efectivo. Si tiene suerte que el banco dispense todos los días por taquilla, recibe apenas 10 mil bolívares por día. Un obrero de la construcción que podría estar ganando al menos unos 650 mil bolívares semanales, con eso sólo podría comprar un kilo de carne y algunos vegetales, sin poder cubrir otros costos.
La mayoría de las empresas pagan salarios básicos, a pesar de que las ventas de los rubros están indexados a la inflación que existe o prácticamente dolarizados, esto ha hecho que el abandono de puestos de trabajo afecte el desempeño empresarial, los patronos alegan que es imposible cubrir sueldos que suban en la medida en que los precios lo hacen, porque los negocios pierden rentabilidad.
El oficialismo se ha atrincherado en la capital. En Caracas, aunque el desabastecimiento ha hecho ya su aparición, es intermitente, en el interior se volvió una constante.
En Caracas, el sistema de transporte público, con el Metro CA y aun los buses colectivos, mantienen un regular funcionamiento. Ha sido estrategia del gobierno mantener zonas estratégicas con cierta dotación de alimentos con el sistema CLAP, los que ya no llegan al interior del país se dan como prioridad a los barrios caraqueños para evitar alzamientos, brotes de protestas o motines como los ocurridos el año pasado en El Valle, en La Vega, Catia, sectores populares que aún mantienen una precaria atención en ese sentido, fundamentados en cuadros políticos locales, leales al oficialismo.
Un grupo de ciudadanos, que aún no está cuantificado, comienza a vivir de las remesas de familiares. Se estima que al menos unos 1,5 mil millones de dólares ingresan al país por esa vía. Se ha vuelto una moda que las personas envíen a sus hijos al extranjero para que desde allá realicen envío de dinero a quienes se quedan en el país para sobrevivir con algunos 100 o 150 dólares al mes, lo que significa unos 37,5 millones de bolívares según los precios actuales del dólar, suficientes para cubrir el costo de la canasta alimentaria de 5 meses. Se trata de personas adultas en su mayoría y son casos que se producen en sectores más pudientes, que luego sólo deben conseguir compradores de divisas o realizar pagos directamente a comerciantes que aceptan estas modalidades. Muchos logran hacer pagos con dólares en efectivo, otros usando sistemas de pago en línea como Pay-Pal y algunos ya usando criptomonedas.
La crisis económica luce lejos de resolverse, ahora menos, desde que se ha introducido el tema electoral con un llamado a elecciones presidenciales por parte de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que no es reconocida como legítima por la comunidad internacional, como respuesta a una serie de sanciones aplicadas a nuevos funcionarios de parte de la Unión Europea, luego de los sucesos de la masacre de El Junquito.
De llevarse adelante una campaña electoral, que tiene como evento previo un proceso de validación de partidos políticos de la Unidad opositora, en los próximos tres meses no habrá soluciones tangibles a la depresión económica que atraviesa Venezuela, no se percibirán correcciones, salvo lo que el Ejecutivo lleva adelante que es conseguir recursos de manera desesperada, con la implementación de una criptomoneda llamada «petro», que no termina de presentar o está retrasada en el cronograma anunciado También está la propuesta a quienes envían remesas de divisas para ser compradas por el Ejecutivo a través del sistema Dicom.
En medio de la debacle, este año el Ejecutivo debe pagar unos 8 mil millones de dólares en deuda soberana y corporativa, la mayoría en intereses, en medio de una calificación crediticia de parte de las principales calificadoras de riesgo en «Default Selectivo» y «Default», ya que se tienen intereses vencidos.
Es la Venezuela que hay, con una crisis ya muy grave, que ha producido una diáspora de 4,4 millones de habitantes, que comienza a golpear a países como Colombia, Brasil y las islas del Caribe vecinas, debido a la llegada de venezolanos que huyen de la hambruna que se ha desatado y por la que el gobierno de Maduro, no permite la ayuda humanitaria.
@alexvallenilla