La muerte del policía rebelde no solo complicará a Maduro sino que acelerará la decisión de la Corte Penal Internacional, gracias a los videos -transmitidos en vivo- de la ejecución extrajudicial que grabó Oscar Pérez.
Por Andrés Oppenheimer
La aparente ejecución extrajudicial del oficial de policía rebelde Oscar Pérez por parte de la dictadura podría tener una mayor repercusión de lo que muchos creen: será una poderosa evidencia para ayudar a abrir una investigación sobre Maduro en la Corte Penal Internacional (CPI).
No es un dato menor, porque no hay nada que Maduro le tema más que a ser juzgado por la CPI. A diferencia de las comisiones de derechos humanos de Naciones Unidas y la OEA, la CPI puede procesar a individuos -incluidos a presidentes- en lugar de a Estados. Si la CPI abre una investigación y halla culpable a Maduro, podría emitir una orden internacional para su arresto.
A juzgar por lo que escuchó de expertos legales cercanos al caso, el secretario General de la OEA, Luis Almagro, y otras organizaciones de peso están cerca de presentar casos formales contra Venezuela en la CPI. La OEA podría hacerlo en las próximas tres semanas.
Más importante aún, los 12 países latinoamericanos del Grupo de Lima, que ya condenaron el régimen de Maduro, podrían solicitar a la fiscal de la CPI que abra una investigación contra Maduro cuando sus cancilleres se reúnan en Chile el 23 de enero para hablar sobre Venezuela.
Según una regla poco conocida de la CPI, la fiscal de la Corte debe abrir una investigación preliminar sobre un país cuando los jueces de ese país no quieren o no pueden enjuiciar a los criminales, y otro país lo solicita. Esto significa que si el Grupo de Lima o uno de sus países miembros solicita una investigación, la fiscal de la Corte tendría que actuar.
“Si la idea es frenar los abusos en Venezuela, el paso siguiente sería que cualquier país latinoamericano solicite una investigación preliminar por parte de la fiscal de la CPI”, dice José Miguel Vivanco, de la organización Human Rights Watch. “Hay abundantes evidencias de abusos masivos y sistemáticos”, dice.
Como solían hacer los dictadores de Argentina y Chile en la década de 1970, Maduro aduce que Pérez murió en un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad después de que supuestamente abrió fuego contra ellos. Pero, a diferencia de la década de 1970, hoy hay iPhones que grabaron todo.
Los videos, algunos grabados por el propio Pérez y publicados en su Instagram durante el operativo militar, lo muestran negociando con un enviado del gobierno y diciendo que se rendía. Más tarde, otro video lo muestra con la cara ensangrentada, mientras se oían explosiones y disparos. “No estamos disparando y nos siguen atacando”, dice Pérez en el video. “Nos quieren matar!”.
Otro video filmado desde afuera y mostrado en CNN muestra que las fuerzas del gobierno dispararon contra el escondite de Pérez con un lanzagranadas, causando una gran explosión. Parecía Kosovo o un país en guerra.
Para abrir una investigación formal sobre el régimen de Maduro, la fiscal de la CPI debe hallar pruebas de crímenes contra la humanidad generalizados y sistemáticos. Entre las pruebas citadas por expertos legales están los decretos de Maduro que ordenan la represión brutal de las protestas callejeras que dejaron más de 100 muertos en 2017, más de 5.400 arrestos arbitrarios en los últimos doce meses y al menos 114 presos políticos.
Ahora, los videos de la ejecución extrajudicial de Pérez después de rendirse deberían acelerar la decisión de la fiscalía de la Corte para iniciar una investigación contra Maduro. ¡No hay excusa para no hacerlo!