Si el régimen ejecutó con un tiro en la cabeza a Oscar Pérez y a sus acompañantes, ahora usa su espuria “anc” para disparar a los acuerdos políticos.
Las dictaduras se cuidan, ante la comunidad internacional de un mundo cada vez más globalizado e interdependiente, en aparentar una fachada democrática mediante la realización de elecciones; pero elecciones no competitivas, es decir, unas elecciones en condiciones que le garanticen un falso triunfo y aseguren la derrota de la oposición. Y si por alguna circunstancia falla la trampa, entonces recurren a la alteración franca y fraudulenta de los resultados, para lo que cuentan con el apoyo vergonzoso de una autoridad electoral parcializada y sumisa.
Si la dictadura venezolana ejecutó con un tiro en la cabeza a Oscar Pérez y a sus seis acompañantes, ahora acaba de utilizar a su espuria asamblea nacional constituyente (con minúsculas) para disparar a la cabeza de los acuerdos políticos al ordenar, usurpando funciones del CNE, que la elección presidencial correspondiente al período 2019-2025 se realice en el primer cuatrimestre de este año, antes del 30 de abril, en lugar del mes de diciembre, como ha sido tradicional.
Como han señalado analistas y expertos electorales, al reducirse el tiempo de organización del proceso, habrá que omitir varios pasos del cronograma electoral, entre otros, la actualización del Registro Electoral que no se hace desde mayo del año pasado, las auditorías de verificación del software y del Registro Electoral, los lapsos de postulaciones y sustituciones de candidatos, y, en fin, un conjunto de garantías que, al desaparecer, facilitan la trastada. En Miraflores se piensa, con la asistencia del tutelado consejo cubano, que había que fijar de una vez la fecha electoral para aprovechar los problemas internos de la MUD y adelantarse a la profundización de la hiperinflación (el FMI la estima en 13.000% para 2018) y del derrumbe total de los indicadores económicos.
Otro zarpazo fue la decisión de la asamblea nacional constituyente obligando a los partidos políticos que no participaron en las elecciones municipales últimas a validar su nómina de militantes, lo que ya se había hecho el año pasado, además pasando por alto que esa exigencia legal sólo procede cuando la no participación se refiere a dos elecciones nacionales seguidas. Todos pudimos comprobar, adicionalmente, las limitaciones añadidas por el CNE al ordenar el fin de semana pasado que, en la mayoría de los casos, sólo se instalará una máquina única para la validación simultánea de la militancia de Acción Democrática y Primera Justicia.
Como si no bastara lo anterior, la Sala Constitucional del TSJ, en sentencia del 25 de enero, inhabilita a la MUD para participar en las próximas elecciones presidenciales, ordenándole al CNE la no validación de su tarjeta, la famosa tarjeta “de la manito”, la más votada en toda la historia electoral venezolana, con el alegato de que tal validación “contraría abiertamente la prohibición de la doble militancia”. Al día siguiente de la ilegalización de la tarjeta de la MUD, Nicolás Maduro anunció que, para que funcione como alianza electoral, “hemos decidido legalizar, por petición de las bases, al movimiento «Somos Venezuela»”.
El régimen, en su soledad dictatorial, ya hace cualquier atrocidad.