fbpx
DestacadoEspañaSlide

Los letrados creen detenido el plazo de investidura pero apuntan a Torrent tres vías para el desbloqueo

El presidente del Parlament ya tiene en su poder el informe de los letrados de la cámara catalana, un informe que se inclina por considerar que los plazos para la investidura se han detenido al no haberse producido la primera votación en pleno. De esta manera, aún no habrían comenzado a correr los dos meses que exige la ley hasta la convocatoria de nuevas elecciones en el caso de que ningún candidato pueda hacerse elegir como president de la Generalitat. Pero en el informe también admite posibles vías de solución en el caso de persistir el bloqueo, habida cuenta de la división imperante entre el mismo equipo de letrados, son tres opciones que los letrados dejan en manos de la Mesa del Parlament.

De hecho, el dictamen ha generado tensión entre los mismos responsables jurídicos hasta el punto de provocar la división y la ausencia de unanimidad en las consideraciones. Este falta de consenso se ve agravado por la decisión del letrado mayor, Antoni Bayona, de no estampar su firma en el documento, de manera que sólo aparece la de secretario general, Xavier Muro.

La falta de consenso entre los letrados se evidencia por la decisión del letrado mayor, Antoni Bayona, de no estampar su firma en el documento, de manera que sólo aparece la de secretario general, Xavier Muro

Por eso, en el informe señala directamente al presidente del Parlament como encargado de tomar la decisión final, de manera que deja en sus manos la posibilidad de revertir la situación activando personalmente el inicio del plazo para la convocatoria automática de elecciones mediante comunicación a la cámara en la que constate el bloqueo, o forzando un pleno con “un acto equivalente a la primera votación de investidura”. Por último, deja que sea el Tribunal Constitucional (TC) quien aclare en última instancia la disyuntiva cuando admita a trámite la impugnación del Gobierno, puesto que fue el encargado de vetar una posible votación de investidura del candidato inicialmente designado.

Los letrados alegan que el Estatut es muy claro al vincular explícitamente el inicio del plazo o cuenta atrás para unas nuevas elecciones en que no se ha llevado a cabo una votación de investidura como consecuencia de la decisión de Torrent de aplazar, que no suspender, el pleno de investidura a pesar de contar con un candidato designado. El veto del TC a que Puigdemont pueda ser investido de forma no presencial dejaba la situación en un limbo jurídico que los letrados reconocen.

Recuerdan que “el aplazamiento de la sesión plenaria no se ha producido por una decisión arbitraria del presidente” del Parlament, “sino como consecuencia de una decisión ajena adoptada” por el TC

En el informe al que ha tenido acceso La Vanguardia, los juristas recuerdan que “el aplazamiento de la sesión plenaria no se ha producido por una decisión arbitraria del presidente” del Parlament, “sino como consecuencia de una decisión ajena adoptada por otro órgano, (…) por lo que tampoco se puede equiparar a una investidura quiebra o en una primera votación sobre el candidato”.

Además, estiman que el hecho de considerar que el plazo de dos meses ya ha empezado a correr a pesar del aplazamiento “podría causar un perjuicio irreparable al derecho de participación de los diputados” que apoyan al candidato designado, “especialmente teniendo en cuenta que no hay certeza respecto del pronunciamiento final del TC sobre la viabilidad de la candidatura”, alegan.

Creen que Torrent tiene la potestad para decidir llevar a cabo “una acto equivalente a una primera votación de investidura fallida”

Por eso ponen el acento primero en la decisión del alto tribunal y luego en Torrent. Sobre el TC porque la decisión que adopte sobre la admisión de la impugnación de la candidatura de Puigdemont por parte del Gobierno “tendrá sin duda especial relevancia en este sentido”. Los letrados consideran que esa admisión debería “permitir eliminar o minimizar el grado de incertidumbre jurídica que ha justificado el aplazamiento”, y creen que debería haber una resolución del alto tribunal que pueda “proporcionar nuevos elementos a tener en cuenta por el presidente” del Parlament respecto de la candidatura.

Y “en última instancia”, los juristas creen que Torrent tiene la potestad para decidir llevar a cabo “una acto equivalente a una primera votación de investidura fallida” si se constata la imposibilidad de proponer un candidato. Se trataría de que el presidente de la cámara lo comunicase en un pleno y así se pudiera considerar que esta acción haría inicial la cuenta atrás de los dos meses porque estaría “inscrita en el marco de la función institucional y de impulso del procedimiento de investidura”.

La división interna en el seno del equipo jurídico del Parlament hizo retrasar la entrega del informe al presidente Torrent con el objetivo de incluir algunas consideraciones sobre su papel en este embrollo que eviten que el bloqueo pueda prolongarse ‘sine die’. Así, el informe incluye tres fórmulas posibles para salir de la situación a corto plazo y recuerda a Torrent que la ley le hace responsable directo de impulsar la investidura en un plazo de tiempo razonable.

Informe de los letrados del Parlament by La Vanguardia on Scribd

 

Tags
Mostrar más

Artículos relacionados

Close
Close