La Comunidad internacional se ha manifestado recientemente, a través de varios de sus organismos, en favor de la libertad y la democracia en Venezuela. El Parlamento Europeo, la Corte Penal Internacional (CPI) y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) son algunas de las instituciones que en el último mes han levantado su voz para defender al pueblo venezolano. Para aclarar en qué consisten cada uno de estos pronunciamientos y su alcance, hemos hablado en exclusiva con el abogado y diplomático William Cárdenas, presidente de la Plataforma Democrática Venezolana en Madrid, quien lleva más de 15 años en la lucha por que la Comunidad Internacional se pronunciase en relación con la situación venezolana.
El pasado 8 de febrero hubo dos pronunciamientos de gran relevancia: Por una parte, el Parlamento Europeo votaba, entre otras cosas incluidas en la resolución, la petición de extensión de sanciones individuales al presidente venezolano, el vicepresidente y el Ministro de la Defensa. Por otra parte, ese mismo día, la Corte Penal Internacional daba inicio a un examen preliminar sobre la situación de Venezuela por delitos de lesa humanidad.
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El letrado ha recordado que el camino para lograr estos pronunciamientos ha sido cuesta arriba. “Yo tengo que decir que la Plataforma Democrática Venezolana en Madrid, que es el órgano que represento, el 7 de diciembre del año 2016 denunciamos ante el Parlamento Europeo la actitud negligente, omisiva e irresponsable de la fiscalía de la CPI, que no se hacía eco de las denuncias que se estaban presentando por esos gravísimos delitos que estaban sucediendo en Venezuela. En septiembre del año pasado, el Parlamento Europeo expresó su solidaridad con las investigaciones que se llevaban a cabo en la fiscalía de la CPI, pero resulta que en el aquel momento, en septiembre de 2017, no había ninguna investigación, no había objeto con el cual solidarizar”, expresó el abogado.
El “Más vale tarde que nunca” de la Corte Penal Internacional
“El 8 de febrero creo que va a quedar marcado en la historia de nuestro pasado reciente como el momento en que por fin se abre una vía para que los crímenes que han ocurrido en Venezuela en los últimos 18 años puedan ser investigados”
La CIDH también se pronunció
En definitiva, son varios ya los pronunciamientos de organismos internacionales en torno al tema, pero ¿Cuáles van a ser las consecuencias reales de todo esto para el gobierno venezolano? ¿Cuánto tiempo puede tardar que llegue esa justicia de la jurisdicción complementaria a nuestro país y cómo todo este conglomerado de asuntos ayudan en concreto al pueblo de Venezuela que tan mal la está pasando? El abogado venezolano ha dado su punto de vista.
“El derecho y el trabajo de la justicia, desgraciadamente, van siempre por detrás de los hechos y de las realidades. Nosotros que llevamos tanto tiempo trabajando en esto sabemos de la lentitud de los órganos de justicia, no solo dentro de Venezuela sino en las instancias internacionales también, por eso entendemos que no es está en la justicia internacional la llave o el mecanismo para liberar al pueblo de Venezuela, en estos momentos, de la desgracia que cae sobre él. Ahora, lo que sí es cierto, es que una vez que ocurra el desplazamiento de este régimen, sus personajes más importantes tendrán que ser puestos en el banquillo de la CPI para que respondan por sus crímenes, o sea, esta es una vía paralela que nos va a garantizar, bien antes o después, la actuación de la Justicia sobre unos crímenes que jamás han sido investigados. Entonces hay que tener esto muy claro esto para no crear expectativas falsas. Este es un instrumento del derecho y de la justicia del cual se ha dotado la comunidad internacional para investigar los más graves crímenes que se cometen contra los pueblos, nosotros lo que hemos hecho es activar los mecanismos para que esos organismos de la comunidad internacional cumplan sus funciones, nos ha costado mucho por la resistencia y el bloqueo que se ha ejercido en torno a todo lo que se denunciaba como ocurrido en Venezuela, pero han tenido que ceder y al final la fiscalía de la CPI va a dar los pasos para que esto se inicie, solo deseamos que nos acompañe en esto la denuncia de un estado parte, para que se acelera el camino procesal y para que la decisión final dejase de estar en manos de unas pocas personas”, ha explicado el abogado.
Lo que viene ahora
“Hay que entender que entramos en una fase muy delicada, donde no hay lapso establecido por la CPI para dar curso a la investigación, sino que tenemos varias etapas: una primera fase de descarte de crímenes y delitos que no sean competencia de la corte penal internacional, una segunda fase en la que la fiscal incluso puede situarse en el terreno y hacer investigaciones in situ de los hechos que han ocurrido. Allí tendremos que mirar con mucho detenimiento a qué autoridades se va a dirigir la fiscal, si va a recurrir a la Asamblea Nacional Constituyente o a la Asamblea Nacional legitima del país, si se va a entrevistar con el fiscal Tarek William Saab o con la fiscal Luisa Ortega, a qué Tribunal Supremo se va a dirigir, al que está en el exilio o al que está en Venezuela fiel al régimen. La fase siguiente tendría que ver con el inicio de la investigación, allí la fiscal tiene que solicitarle a la sala de cuestiones preliminares de la CPI su autorización, en vista de los elementos de prueba con los que se cuente, para iniciar ya el proceso judicial de investigación absolutamente pertinente dentro de la CPI”, explicó el letrado.
Para finalizar, Cárdenas insistió: “Hay una serie de interrogantes y de dudas que solo podremos despejar a medida que se desarrollan los hechos, y por supuesto, tendremos que estar extraordinariamente vigilantes para que este proceso se lleve a cabo resguardando los derechos de las víctimas, la transparencia, la suficiente confidencialidad para que no se tome represalia contra algunas personas que puedan ser testigos claves, este es el momento en que funcionarios que conocen todas estas cosas puedan aportar su verdad y conozcamos todos los venezolanos y todo el mundo, los intríngulis de una acción planificada, desde las más altas esferas del Estado, para atacar a la población civil por razones políticas y que han causado los crímenes que hemos conocido”, finalizó Cárdenas.
En definitiva, estamos frente a una escalada internacional completamente legal, que busca una solución pacífica en los ámbitos de la Justicia Internacional, para dar respuesta a los cientos de miles de venezolanos que han sido humillados, presos, exiliados, torturados o asesinados en nuestro país.