En el artículo anterior titulado “Ha muerto el bolívar”, en esta misma sección, se explicaba como la moneda venezolana va muriendo en el desempeño económico y como poco a poco quienes se quedan en Venezuela la van sustituyendo. Esta realidad cada vez se va expandiendo y en el sector laboral nacional comienzan a surgir cambios. El salario mínimo ha quedado obsoleto, ha perdido todo sentido, incluso el beneficio del bono alimenticio llamado “cestaticket”, la hiperinflación los ha vuelto inviables e insostenibles, las empresas venezolanas que aún resisten la recesión y la hiperinflación, tendrán que modificar su relación laboral o simplemente terminarán desaparecidas, por falta de recurso humano.
En un reciente aviso de prensa, publicado en un medio del estado Zulia, se hace una solicitud de empleo curiosa, a los efectos de lo que se tiene por costumbre. “Solicita oficiales de seguridad. Todos los beneficios de Ley. Sueldo Bs 2.000.000 pagaderos a 1.000.000 quincenal + UN CARTÓN DE HUEVOS SEMANAL por bono de presentación y asistencia con transporte”.
La realidad laboral en el país ha sufrido los efectos de la crisis económica, el colapso general en el que Venezuela avanza, ha hecho que la mano de obra especializada se pierda por la salida de una diáspora que nunca se había vivido, también ha causado que las personas dejen los empleos que sólo pueden permitirles remuneraciones en salario mínimo.
Esta realidad obliga a las compañías a renegociar su situación con los trabajadores, a los cuales tendrán que pagarles mucho más, según la calidad del empleado. De esta manera podría surgir competencia por una mano de obra eficaz, pagarle bien para evitar que se vaya a otros países, sin embargo, el mayor empleador de Venezuela, el sector público, no tiene manera de cambiar esta realidad debido a la caída de ingresos que sufre el gobierno. En el lado privado, los ingresos por ventas han ido en aumento de alguna manera, debido a la devaluación y/o dolarización de la mayoría de productos que se comercia, aunque también con un costo alto en la reposición de inventarios, más no de servicios públicos.
Los peores salarios de la historia
Un salario mínimo en Venezuela es de 248.510,41 bolívares al mes y el beneficio de alimentación es de 549.000 bolívares, esto genera lo que el Ejecutivo denomina el “salario integral” que suma 797.510,41 bolívares. Al precio actual del dólar paralelo, en 238.000 bolívares, el salario mínimo integral en divisas apenas es de 3,35 dólares al mes, pero si contara con el precio de la última subasta oficial en el Dicom, en 30.950 bolívares por dólar, el salario mínimo según el arbitraje cambiario del Ejecutivo sería de 25,77 dólares mensuales, si bien esto sólo es posible para quienes logren tener divisas a precios promedios de esas subastas, que son muy pocos.
Para diciembre de 2017, el precio de la canasta alimentaria se ubicó en 16.501.362,80 bolívares, para ese entonces con un dólar cerrando en 253.636,36 bolívares, el costo de la canasta alimentaria caía a 65,06 dólares, de 165,15 en que se ubicaba el mes de noviembre del mismo año. Para diciembre de 2017, el gobierno aún tenía un salario mínimo integral de 456.507,44 bolívares al mes, lo que era lo mismo que 1,80 dólares mensuales, el peor salario que jamás hayan tenido los venezolanos en toda su historia en cualquier gobierno. Apenas se podría cubrir para entonces 2,77% de la canasta alimentaria, sin mencionar la canasta básica familiar.
Todo lo anterior permite ilustrar el proceso de hiperinflación que azota a todo el país. Los empresarios comienzan a ofrecer incentivos en especies para hacer atractiva la oferta laboral, pero será por un breve tiempo, pues la escasez de bienes y servicios no permitirá que el empresario siga otorgando tales beneficios porque no los conseguirá o terminarán siendo más costosos que el mismo salario que está ofreciendo.
Todo lo anterior tiene que ver con la destrucción del bolívar como medio de pago y como reserva de valor para el intercambio por el trabajo. Indudablemente el empresario terminará sustituyendo tales beneficios por una moneda más estable, adoptando las divisas en el intercambio, finalmente sustituyendo al bolívar, al que ya ni siquiera es posible obtener en ningún banco venezolano de manera física. El Ejecutivo no tendrá más remedio que dar paso al sistema, porque más temprano que tarde el Estado se quedará sin personal, tal como ocurre actualmente en Pdvsa donde sólo en el mes de enero de 2018, se reportó que al menos 10 mil trabajadores abandonaron sus puestos de trabajo por los bajos sueldos.
No hay ni para comer
Si bien no existe ningún pronunciamiento de reducción del tamaño del Estado, esa reducción está ocurriendo. La administración Maduro no tiene capacidad de sostener las nóminas públicas sin generar más inflación, debido a que no tiene ingresos suficientes por la vía de impuestos. Toda la renta petrolera, los ingresos por remesas y la producción nacional sólo podrían cubrir la alimentación de todos los venezolanos entre cuatro y cinco meses, el resto queda a merced de lo que ocurra en el mercado. En vista de ello, el Ejecutivo no puede cambiar la realidad laboral y la ola de renuncias y de personas abandonando ministerios, instituciones públicas, empresas estatales se ha vuelto masiva, la gran mayoría para emigrar. Es que ya la asistencia al trabajo de los trabajadores, aparte del sufrimiento para conseguir alimentos y la imposibilidad de mantener un hogar con 3,38 dólares al mes, se complica por la falta de transporte público y la imposibilidad de pagar los costos de los pasajes para ir al trabajo. La gente sale masivamente del país por las fronteras, mientras el gobierno se beneficia de esta realidad reduciendo gastos laborales.
Es tal el recorte que se ha venido aplicando en la administración pública, que hace un año, para mantener la alimentación de Venezuela, es decir, cubrir el consumo de la canasta alimentaria, el Ejecutivo debía disponer de al menos 1,12 mil millones de dólares al mes. Con la devaluación que ha tenido el bolívar en los últimos doce meses, la administración Maduro ha podido reducir tal presupuesto hasta los 338 millones de dólares, eso explica la hiperinflación desatada, sobre todo en el sector alimentos, además de la fuerte subida de precios en todos los sectores, lo que ya la industria petrolera no puede sostener. Ahora lo deben pagar los ciudadanos a precio de mercado, pero se trata de un mercado extremadamente salvaje, en que las empresas locales están asediadas y acorraladas en materia de controles y persecución: lo último es que en los estados llaneros, – Barinas, Cojedes, Apure, Guárico -, se prohibió que la producción de carne, leche y quesos salga de esos estados a otras regiones, con decretos estatales, lo que limita la oferta nacional de bienes y servicios.
El gobierno tiene mucho tiempo sin anunciar la llegada de cargueros con toneladas de alimentos que se podían surtir a través de los CLAP y algunos establecimientos como los Abastos Bicentenarios (algunos todavía están abiertos pero totalmente desabastecidos). El Ejecutivo aplica medidas para tratar de ahorrar recursos, redujo la importación de alimentos de manera fuerte y ahora deja deslizar al alza el precio del dólar, no sólo en los mercados no autorizados, sino en los sistemas oficiales controlados, tan así que eliminaron el dólar de 10 bolívares, un foco de corrupción con divisas.
Twitter: @alexvallenilla