El régimen de Maduro será tratado como un gobierno de facto, lo cual generará rupturas de relaciones; cierres de fronteras y suspensión de comercio así como sanciones más duras hacia la cúpula del pranato.
Al final de la década pasada se comenzó a hablar recio de ilegitimidad de desempeño del régimen chavista, que ganaba elecciones (legitimidad de origen) pero no ejercía el poder democráticamente. En este marco se intentaba que la Carta Democrática Interamericana (CDI) se aplicara de nuevo en el caso venezolano. Allí se establece que “Los pueblos…tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”. Lo que sin duda no era el caso. El argumento era sencillo si bien Chávez ganaba las elecciones -aún con trampa- no ejercía el poder democráticamente por lo que el régimen no cumplía, entre otros, con los artículos tercero y cuarto de la CDI que señalan los “elementos esenciales de la democracia representativa y los “componentes fundamentales del ejercicio de la democracia”. Es decir, con el fortalecimiento de la democracia y del estado de derecho, la separación de poderes, la libertad de prensa y la defensa de los derechos humanos. Pero esas argumentaciones no llegaban muy lejos. Al fin y al cabo había legitimidad de origen.
Con el triunfo electoral de la MUD en 2015 las cosas comienzan a cambiar. Representando a la inmensa mayoría de los venezolanos, la nueva Asamblea Nacional se mueve internacionalmente y junto a Luis Almagro, nuevo secretario General de la OEA, se comienza a promover la aplicación de la CDI, con un relativo éxito, pues en el pasado el tema ni siquiera era tratado. Al comienzo solo se lograron declaraciones de preocupación. Pero la confiscación de las atribuciones de la AN por el TSJ es la gota que rebasa el vaso y la OEA declara una “interrupción del hilo constitucional”, aunque la correlación de fuerzas no dio como para aplicar la Carta y suspender a Venezuela.
Al adelantar las elecciones presidenciales para abril, que podrían incluir las legislativas (fujimorazo), el tema no es solo de “legitimidad de desempeño” sino también de “legitimidad de origen”. Ya occidente -representado por los 14 países del Grupo de Lima, más EE.UU. y la Unión Europea- le advirtieron al pranato que estas elecciones no serían reconocidas como legítimas, por lo que un nuevo gobierno de Maduro tampoco lo será. Una primera prueba ha sido la “desinvitación” de Maduro a la Cumbre de las Américas.
No se trata de que nadie va hablar con Maduro, aunque lo evadirán; se trata de que en general el régimen será tratado como un gobierno de facto y no de jure. Esto podría generar, entre otras cosas, rupturas de relaciones (doctrina Betancourt) –no necesariamente consulares; reducción de su participación en el concierto de las naciones, por ejemplo vetando su presencia en organizaciones multilaterales; cierres de fronteras y suspensión de comercio; disminución de la cooperación internacional; y que los convenios bilaterales o multilaterales e incluso contratos con privados que firme el gobierno pudieran no ser reconocidos por muchos. Además vendrán sanciones más duras hacia la cúpula del pranato y la economía venezolana. Ellos quizás piensan que si los Castro aislados siguen mandando en Cuba ellos también lo lograrán en Venezuela. Que el pueblo sufra son gajes de las revoluciones.