Los pacientes tejedores de la unidad lograron poner de acuerdo a los dieciocho partidos que la forman, cada uno con su racimo de predestinados aspirantes a la Presidencia de la República. Ahora deberán, optimizando las condiciones creadas por el petróleo esequibo, consolidar el anunciado Frente Amplio Nacional, recuperar las libertades democráticas y construir un país digno en el ahora destartalado campamento minero que nos legaron los libertadores.
La Unidad Democrática -ya no se habla de «la mesa»- ha llegado a un acuerdo que va más allá de disipar la posibilidad de que los partidos concurrieran a la pantomima electoral de abril. Su declaración, que puede ser histórica, publicada el 21 de este mes de febrero, plantea de modo inequívoco, enfático y relevante la determinación de constituir un Frente Amplio Nacional que incluya a toda la sociedad no sólo en el esfuerzo de recuperar las libertades democráticas sino de mantener la unidad necesaria para reconstruir un país cuya población lo está abandonando empujada por el hambre.
La Mesa de la Unidad Democrática hace discreto mutis luego de cumplir su misión de crearle a los dirigentes democráticos la obligación de sentarse a buscar soluciones, hábito que no debe perderse ni siquiera después de reconquistar los derechos conculcados por quienes nos tienen secuestrados. No se puede disimular que la demora en arribar al documento del 21-02 se debió a la prioridad que cada uno dio a sus aspiraciones presidenciales, conducta tanto más reprochable cuanto que en demasiados casos la dictaron intereses extra-políticos que han contaminado a la oposición y seguirán presentes en las etapas por venir. Es el vicio plutocrático que tiene enferma a la democracia en todo el mundo.
De manera inmediata queda cancelada la posibilidad de concurrir a la pantomima electoral de abril, la cual se vuelve contra quienes la inventaron. Lo peor que el régimen puede hacer es culminarla con la cooperación, que en vez de ayudar descalifica, de algún(os) político desacreditado y un «pastor» conocido por su participación en fraudes y estafas. Pero a Maduro no le queda sino seguir adelante con su despropósito, lo cual contribuirá a precipitar su debacle.
Mientras el régimen sigue desarrollando su sainete, la Unidad Democrática emprenderá el camino que desde hace tiempo le exigían la opinión nacional y los factores de poder internacional que tienen urgencia en el cambio político para Venezuela -los yacimientos esequibos de petróleo y gas son el ineludible leit motiv en este episodio de la dolorosa Historia de América Latina, realidad que, en ruborizante extra petita, políticos y comunicadores eluden como si se tratara de aguas demasiado profundas. El documento lleva implícita la intención de que Unidad Democrática será una etiqueta de tránsito hacia el prometido Frente Amplio Nacional que no sólo aproveche las condiciones creadas por el petróleo esequibo para restablecer las libertades democráticas, sino que se constituya en movimiento para construir un nuevo país sobre las ruinas que deja el chavismo.
Como meta para los próximos meses, esta oposición reinventada proclama los puntos que defendió en las conversaciones de Santo Domingo, calumniado evento cuyos logros empiezan a conocerse. En Santo Domingo actuaron como agilizadores, a través de sus cancilleres allí presentes, cinco gobiernos, dos de ellos escogidos por Maduro -Nicaragua y Bolivia-, dos aceptados por la Oposición -México y Chile-, y uno supuestamente neutral, el de San Vicente, mínima nación insular del Caribe que se mueve con petróleo chavista pero no puede darse el lujo de enfadar a Estados Unidos. Estos cinco cancilleres plantearon una solución que fue rechazada por el régimen y aceptada por la Oposición y que por lo demás está contenida en la ley electoral venezolana: 1) elecciones en el segundo semestre de 2018, 2) nuevo y equilibrado Consejo Nacional Electoral, 3) presencia de observadores internacionales activos y efectivos, 4) acceso igualado a los medios de comunicación, 5) revocar la inhabilitación impuesta por el régimen a dirigentes de la oposición y 6) auditoría técnica de los resultados. Esto fue lo que el Gobierno rechazó, pero quedó planteado por los cinco gobiernos que las dos partes aceptaron como facilitadores de la negociación, y es lo que la Oposición luchará por imponer frente a la grotesca pretensión que Maduro sigue empujando ciegamente, sin reparar que se mueve en dirección al abismo.