Por.- Karen Brito
Tras la confusión que generó el llamado del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), a los países del mundo a garantizarles a los inmigrantes venezolanos el acceso a los derechos básicos, así como a otorgarles un estatus legal sin importar el tiempo de entrada de la persona; varios internacionalistas han aclarado el verdadero propósito de la recomendación de la organización.
El diplomático Alfredo Michelena, explicó que “el ACNUR quiere apoyar mecanismos para que se mantengan en situación de legalidad a los migrantes venezolanos, sin necesidad de que pidan asilo”.
Aseguró que el organismo “independientemente de que se consideren refugiados o no, se les dé asilo o no, los estados receptores se comprometan a atenderlos”.
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“Esto es un documento para todos los países donde están llegando los venezolanos, los cuales no tienen que ser discriminados, ser sujeto de actitudes racistas, xenofóbicas, y quienes son sujetos de derecho. Es recordarles a los gobiernos que deben responder de una forma adecuada”, detalló Meier.
Además reiteró que “los venezolanos no son refugiados”.
“En estos momentos, un 8 % y 9 % son solicitudes de refugio de venezolanos, de 80 mil que manejamos, y estos casos están siendo estudiados”, explicó.
Asimismo, el internacionalista Mariano de Alba precisó que “el aspecto positivo de que
El experto destacó que “si distintos países comienzan a tomar decisiones para proteger a los migrantes venezolanos, es posible que se incremente el número de migrantes que abandonan el país buscando mejores condiciones de vida”.
“ACNUR es una agencia que fue creada para asesorar y cooperar con los Estados. Es muy poco probable que los países de América Latina renuncien a ejercer control migratorio. Son los gobiernos de los países los que tienen la última palabra”, apuntó De Alba.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados informó que cerca de 100.000 venezolanos que salieron del país pidieron estatus de refugiado desde principios de 2017. Desde 2014 se registraron un total de 145.000 demandas de asilo, un tercio hasta 2016 y los dos tercios restantes el año pasado.