Las bases militares se han movido las últimas semanas tras una serie de detenciones progresivas que, presuntamente, apuntan a la desestabilización directa del régimen de Nicolás Maduro. En todos los casos alegan traición a la patria o en su defecto, les adjudican presuntos hechos de carácter conspirativo, acción que consideran en el seno del madurismo como una afrenta que debe ser aplacada con la cárcel.
Detenciones a oficiales desde el 2017
En enero de 2017, el exministro de la Defensa, Raúl Isaías Baduel, resultó imputado como parte de las investigaciones del Comando Antigolpe juramentado el 10 de enero por Nicolás Maduro en aras de combatir acciones anticonstitucionales de la ‘derecha parlamentaria’, la cual había declarado en ese entonces el «abandono del cargo» de Maduro.
Este comando estaría llamado a enfrentar las supuestas pretensiones golpistas de la ‘derecha’ local e internacional. «Será el brazo ejecutor de las políticas preventivas, porque la batalla por la paz la ganamos con prevención, además de hacer justicia y que se castiguen todos los intentos golpistas para desestabilizar a Venezuela, ya que lo que aprobó la Asamblea Nacional es un manifiesto golpista», dijo Maduro.
A principios de ese mismo año, 2017, detienen en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) al general de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Ramón Lozada Saavedra, investigado por rebelión y que actualmente presenta un severo cuadro de desnutrición, hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2 y trastorno mixto de ansiedad y depresión, según diagnóstico de la junta médica del Hospital Militar Vicente Salias, en Caracas. De acuerdo a lo indicado por su abogada, la doctora Yasnaia Villalobos, en cuatro oportunidades han solicitado se le otorguen medidas cautelares por motivos humanitarios.
Nueve oficiales tras las rejas por traición a la patria
A comienzos de marzo de 2018, específicamente el día 2 del mes en cuestión, destacaron las detenciones de nueve oficiales del Ejército. La periodista Sofía Nederr informó el 13 de marzo que estos oficiales fueron detenidos en el marco de una operación que se ha denominado “Movimiento de Transición de la Dignidad del Pueblo”, por los delitos de traición a la patria, instigación a la rebelión y contra el decoro militar son del Ejército Bolivariano, cuatro de ellos comandaban unidades estratégicas: El 312 Grupo de Caballería Motorizado GB Juan Pablo Ayala, ubicado en Fuerte Tiuna; el 413 Batallón Blindado GB Pedro León Torres, de Valencia; 802 Batallón de Apoyo Logístico GB Juan Antonio Paredes de San Cristóbal y el 432 Grupo de Artillería de Campaña Autopropulsado GJ Cipriano Castro, en Calabozo. La mayoría de los uniformados detenidos por conspirar pertenecen a los componentes de la Aviación y la Guardia Nacional Bolivariana, según Nederr.
Rocío San Miguel: Se percibe un miedo real
“Por primera vez, el presidente Nicolás Maduro, en sus miedos, ha decidido ir contra ‘oficiales de comando’ que dirigen unidades con poder de fuego. Esto es muy importante y no tiene precedente. Se percibe un miedo real”, sostiene Rocío San Miguel, presidenta de la Organización No Gubernamental (ONG) Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional y una de las más destacadas figuras en la denuncia de lo sucesivo del mundo militar.
“El Gobierno está avanzando en un esquema de detenciones ilegales periódicas, incluso aleatorias, dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) como fórmula para mantener la institución militar sumisa y leal a la revolución”.
San Miguel indica que la instalación militar Juan Pablo Ayala es estratégica por encontrarse dentro de Fuerte Tiuna, donde está el Ministerio de la Defensa y gran parte de las unidades clave del Ejército, sobre todo por la capacidad de fuego que maneja, vehículos blindados livianos de ruedas, tipo dragón 300 con cañón de 90 mm, trasporte de tropas y vehículos rusos BTR 80 que forman parte de los sistemas de armas asignados.
El general retirado, Juan Antonio Herrera Betancourt, especialista en blindados, explicó que el Batallón Ayala está dotado de una gran capacidad de destrucción debido a los cohetes misilísticos que maneja, gran alcance, además de la alta tecnología. “El Batallón Ayala es una de las unidades élite del Ejército”, dijo.
Detención de Rodríguez Torres, la ruptura entre el chavismo y el madurismo
Probablemente la detención que resonó con mayor fuerza, fue la del militar y exministro Miguel Rodríguez Torres, el día 13 de marzo por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en el Hotel President, en Caracas, donde tenía previsto realizar un acto de su movimiento político ‘Desafío de Todos’, por el día de la Mujer.
Torres fue trasladado al Dgcim sin orden de captura. El 15 de marzo se conoció que luego de ser presentado ante tribunales militares en Fuerte Tiuna se destinó como lugar de reclusión, “La Pica” en el estado Monagas, por estar “incurso” en “conjuras y complots” contra la “unidad monolítica” de las Fuerzas Armadas y planificar “actos armados y conspiraciones” contra la Constitución venezolana.
Se dice que la detención de Rodríguez Torres obedece a que el Mayor General retirado figura en el expediente por conspiración que lleva el Tribunal Militar Tercero de Control de Caracas y que originó la imputación de nueve militares por rebelión.
Ese mismo día, informaron de la detención del comandante de una Unidad de Fuerzas Especiales en el batallón 992 del Ejército, teniente coronel Carrasquel Vargas. El exdirigente estudiantil y politólogo, Nixon Moreno, responsabilizó de la integridad física de Vargas al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López.
Horas más tarde, también del 15 de marzo, el abogado militar Alonso Medina Roa, informó que efectivos del Dgcim allanaron la residencia del teniente coronel Erik Peña Romero, uno de los nueve militares detenidos el 2 de marzo. Se trata, también, de un segundo allanamiento. El primero tuvo lugar en la casa del teniente coronel Igber José Marín Chaparro, también capturado el 2 de marzo.
“El Ministerio Publico solo se basó en un informe de Contrainteligencia. No presentó elemento alguno que pudiera confirmar su tesis”, señaló el abogado. Medina Roa denunció que en la acusación por rebelión no se ha respetado el debido proceso y se incumplió el Código Orgánico Procesal Penal (COPP), según el cual la presentación ante tribunales debe hacerse en las 48 horas siguientes a la detención, en este caso el proceso tardó 7 días. Los militares fueron privados de libertad el 2 de marzo y presentados ante el Tribunal Militar Tercero de Control de Caracas el 9 de marzo.
Rocío San Miguel, afirma que Nicolás Maduro “adelanta la configuración de una casta militar madurista y no chavista”. De allí que la analista considera que la aprehensión de Rodríguez Torres “es una muestra de las ruptura en marcha entre el chavismo y el madurismo dentro de la Fuerza Armada”.
Sigue la persecución
El viernes 16 de marzo, el periodista Javier Ignacio Mayorca, escribió en su red social Twitter, “informa una fuente militar que a principios de la tarde fue llevado a los tribunales castrenses de Fuerte Tiuna el mayor general Alexis López Ramírez, excomandante del Ejército, de la Casa Militar y exsecretario del Consejo de Defensa de la Nación, Codena”.
Horas antes habría informado en esa misma red social que el general Clíver Alcalá colgó un mensaje en su Facebook sobre la persecución y la destitución de militares del Ejército. «Se inaugura una etapa de agresión inmisericorde a oficiales, tropas alistadas, clases y soldados, Maduro expone seriamente la defensa de la patria».
Se estiman que han sido detenidos más de 60 militares activos y retirados y de acuerdo al balance sostenido por especialistas, se espera que esta ola de detenciones no se detenga. Hasta los momentos no se han registrado pronunciamientos oficiales por parte de quienes integran el Ministerio de la Defensa o cualquier otro vocero del régimen de Nicolás Maduro.