El Juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha procesado este viernes a 25 de los 28 líderes independentistas investigados por la Declaración Unilateral de Independencia en Cataluña a finales de 2017, entre ellos, Puigdemont, Junqueras y Turull, los tres que han sido candidatos a presidir la Generalitat después de las pasadas elecciones del pasado 21 de diciembre. El último, Turull, iba a presentarse mañana sábado al Pleno de Investidura.
Puigdemont, Junqueras y Turull encabezan la lista de los 13 que fueron procesados por rebelión, delito que es penado hasta con 25 años de cárcel. Los otros diez líderes procesados por el Supremo son: los exconsejeros Joaquim Forn, Raül Romeva, Clara Ponsatí, Josep Rull, Toni Comín y Dolors Bassa; la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez, el de Omnium Cultural Jordi Cuixart, y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, quien se ha fugado hoy a Suiza para no comparecer ante Llarena.
En el auto notificado este viernes, el juez procesa además a los otros cinco exmiembros del Gobierno catalán cuando sucedieron los hechos, Meritxell Borràs, Lluis Puig, Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Serret, por delitos de malversación de caudales públicos, y de desobediencia.
Asimismo, el juez procesa por el delito de desobediencia a cinco exmiembros de la Mesa del Parlamento de Catalunya —Lluis María Corominas, Lluis Guinó, Anna Isabel Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet—, así como a Mireia Boya, expresidenta del grupo parlamentario de la CUP, y a Anna Gabriel, exportavoz del mismo grupo.
Así, se completan los 25 procesados, dejando fuera del auto el expresidente de la Generalitat Artur Mas, a la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, y a la expresidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia Neus Lloveras.
La acusación
Llarena considera que los trece líderes de proceso independentista catalán procesados por rebelión, tuvieron «voluntad» de incorporar el uso de la «fuerza» para lograr la secesión de la comunidad autónoma, y se sirvieron del «poderío de la masa» para hacer frente a la actuación policial y lograr que se celebrara el referéndum ilegal del 1 de octubre y se proclamara la independencia el día 27 de ese mes. El magistrado compara esta actuación con el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, cuando un grupo de guardias civiles liderados por el teniente coronel Antonio Tejero secuestró el Congreso de los Diputados.
Según la Fiscalía, “en este momento procesal ya contamos con un instrumento de imputación, el auto de procesamiento notificado a los encausados esta mañana” y el “riesgo de fuga se ve agravado por la circunstancia de haberse comunicado la fuga de Marta Rovira”.
Cuenta atrás para unas nuevas elecciones catalanas
El plazo de dos meses que establece la ley de Presidencia del Govern se ha activado este jueves. Si durante esos dos meses no se encuentra otro candidato viable, el Parlament quedará disuelto el 22 de mayo. Las elecciones autonómicas se celebrarían 54 días después, el 15 de julio, según establece la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.