La develación de la red más grande de corrupción trasnacional que ha visto el continente, promovida por la empresa Odebrecht, ha tenido un fuerte impacto en la política regional. Recientemente un presidente y un vicepresidente han sido defenestrados por acusaciones de corrupción
La gigantesca empresa constructora brasileña, puesto 29 entre las más grandes compañías constructoras del mundo y la primera de América Latina, con presencia en 25 países y un valor de USD 10,43 millardos, logró globalizar la corrupción al crear una de las redes más grandes de este flagelo en el mundo. La develación de esta red de coimas ha destronado a presidentes y a políticos en toda la región.
Lava Jato
La madeja se comenzó a deshilar en Curitiba, al sur de Brasil. Una mediana operación de lavado de capitales a través de autolavados (Lava Jato), hoteles y otros medios, descubierta en 2014, resultó ser un monstruo que involucró a decenas de congresistas y ministros cariocas. El dinero provenía de los sobornos que pagaba Odebrecht y otras empresas constructoras por obtener contratos de Petrobras, la empresa petrolera gubernamental que se encargaba de distribuir las coimas. Odebrecht llevó esto a un nivel superior de organización y creó una División de Operaciones Estructuradas, responsable de pagar sobornos en el mundo.
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Este escándalo no fue el motivo formal por el cual la expresidenta de Brasil, DilmaRousseff, fue sometida a un juicio político y execrada de la presidencia, cuando se supo que Odebrecht entregó USD 100 millones para su campaña de 2014. Sin embargo, el expresidente Lula da Silva sí fue alcanzado y ha sido condenado a 9 años y seis meses de prisión, si bien sigue apelando actualmente a instancias superiores.
Los sobornados
Ante la justicia norteamericana, la trasnacional carioca aceptó que desde 2001 había venido sobornando a políticos y funcionarios de alto nivel dentro y fuera de Brasil. De hecho lo hizo en 12 países (diez de América Latina y dos africanos) por un monto cercano a los USD 800 millones. Lo cual es nada comparable con los USD 2.000 millones que la investigación arrojó en Brasil.
Los sobornos se dieron en Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela. En América Latina, excluyendo a Brasil, Venezuela fue el país que más recibió sobornos con USD 98 millones, luego República Dominicana con USD 92 millones y Panamá con USD 59 millones. Les siguen Argentina con USD 35 millones, Ecuador con USD 33,5 millones y Perú con USD 29 millones. Finalmente, Guatemala con USD 18 millones, Colombia con USD 11 millones y México con USD 10,5 millones.
Los afectados
El Gobierno dominicano logró acuerdos con la empresa brasileña a fin de que entregara la información requerida para procesar el caso e hiciera un pago por el doble de la cantidad que la empresa reconoció haber pagado por sobornos. Ya hay unas 14 personas implicadas y detenidas entre las que se encuentran funcionarios del alto nivel, incluyendo exministros, exdiputados y empresarios.
En Panamá existen unos 60 implicados, aunque sólo hasta este año se supieron los nombres de ellos. Del grupo, únicamente tres han sido condenados, cinco están detenidos y otro más están bajo arresto domiciliario. En la lista hay cinco exministros y los hijos del expresidente, Ricardo Martinelli. Se critica que los implicados relacionados con el actual presidente Valera no han sido indiciados. Panamá al igual que República Dominicana logró un pago por USD 220 millones.
En Colombia hay hasta ahora un preso, el exsenador Otto Bula por haber recibido USD 4,6 millones. Y según ha declarado la fiscalía, Odebrecht habría hecho aportes a las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos y su rival en 2014, Óscar Zuluaga. Ambos negaron conocer de estas donaciones.
Los que miran para otro lado
En Argentina, hay unos 58 exfuncionarios y ejecutivos de empresas bajo investigación, pero ninguno ha sido acusado. Los medios comentan que no hay interés del Gobierno en profundizar en la investigación porque se teme que esto desate una crisis política de alcances impredecibles, pues entre otras cosas, hay algunos de los indiciados vinculados al presidente Macri. Por un año la compañía no podrá participar de licitaciones.
En México la prohibición es por cuatro años. Pero al igual que en Argentina, las procuras judiciales están estancadas. Incluso se prohibió judicializar la investigación o solicitar una orden de aprehensión en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, uno de los acusados.
En Venezuela no hay indiciados. Solo dos veces se ha referido Maduro al tema, pero no por las coimas sino a para exigir la terminación de las obras inconclusas en Venezuela – el 80 % de ellas así lo están. El fiscal designado por la Asamblea Constituyente (ANC) anunciaba en septiembre pasado que reabriría el caso, sin embargo nada ha pasado.
En un video hecho público por la fiscal en el exilio, el presidente de Odebrecht, Euzenando Azevedo, informa que entregaron USD 35 millones para la campaña presidencial (2013) de Nicolás Maduro. La fiscal implicó también a Diosdado Cabello a través de unos primos hermanos, por un monto de USD 100 millones.
Defenestrando mandatarios
En noviembre pasado se presentaron acusaciones contra 13 personas en Ecuador, entre ellas el vicepresidente Jorge Glas, su tío Ricardo Rivera y el contralor Carlos Polit, más unos exfuncionarios de PDVSA y varios directivos de empresas. Tanto Glas como Polit cayeron por este escándalo. Glas fue condenado a seis años de cárcel y Polit se refugió en EE.UU. Como corolario, el Congreso de Ecuador destituyó a su presidente, el oficialista José Serrano.
El primer presidente que cae por el escándalo de Odebrecht es el peruano Pedro Pablo Kuczynski. PPK, como se le conoce, enfrentó las denuncias de su vinculación con Odebrecht en dos ocasiones. Pero el tema es el mismo: se le acusa de haber recibido dinero de la empresa brasileña por “asesorías”, siendo esto presumiblemente una de las fórmulas que usaban para pagar sobornos. Odebrecht informó que había pagado cerca de USD 5 millones a dos firmas de asesoría vinculadas al mandatario.
La primera ocasión fue en diciembre pasado. PPK lo negó para luego decir que en realidad sí fue asesor, pero esto no fue ilegal pues no estaba en funciones públicas y que el otro pago hecho a una compañía de su propiedad fue estando él en funciones de ministro, desligado de la empresa. En esa oportunidad logró salvarse.
PPK, quien ganó la presidencia por décimas de punto, no controlaba el congreso, -quienes lo hacen son los hijos de Fujimori-. Frente a la primera acusación tejió un pacto con Kenji, el hijo del expresidente Alberto Fujimori, a cambio de condonar la pena del padre. Kenji, contradiciendo a su hermana Keiko, arrastró a varios legisladores que se abstuvieron de votar, por lo que Kuczynski se mantuvo en la presidencia.
La segunda fue la vencida, enmarcada en una pugna entre los hermanos Fujimori. Las aguas se agitaron en marzo, y se volvió a plantear la «incapacidad moral», pero esta vez, otros escándalos se sumaron, como que de las empresas cuestionadas le giraron a PPK USD 3 millones a sus cuentas personales. Aunque lo que realmente explotó fue la circulación de videos en los cuales se mostraban negociaciones para comprar votos en el Congreso y con eso evitar la destitución planteada en diciembre. Al final, PPK optó por renunciar.
Pedro Pablo Kuczynski – en la foto con su gabinete – ha sido el primer presidente defenestrado a consecuencia de la red de corrupción esparcida por el mundo por la empresa brasileña Odebrecht. También un vicepresidente ecuatoriano ha corrido la misma suerte, así como varios ministros en toda la región. En Venezuela, a pesar de haber sido el país donde se dieron los mayores montos de corrupción, nada ha sucedido.La red de corrupción internacional montada por Odebrecht ha impactado el mundo político latinoamericano con la defenestración de un presidente, un vicepresidente y el señalamiento de varios expresidentes; solo en Perú son tres más: Omala y Toledo como procesados y García solamente señalado. También el expresidente Lula da Silva ha sido procesado y condenado aunque aún sigue el proceso judicial que podría enviarlo definitivamente a la cárcel por una década e impedirle participar en las próximas elecciones.