Las cabezas del Poder Judicial, Poder Electoral y Poder Ciudadano aparecen en todas las listas de sanciones
Un poco más de tres años han transcurrido desde que el Gobierno de los Estados Unidos anunciara la primera tanda de sanciones contra altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro. Trump aún no era el candidato oficial de los republicanos para las elecciones presidenciales, pero Obama ya declaraba a Venezuela como una “amenaza inusual” que atentaba contra los intereses de ese país y del continente. Amenaza que, de algún modo, había que contrarrestar.
El 9 de marzo de 2015 seis militares y una fiscal inauguraron el ciclo de sanciones que, hasta la fecha, no se ha detenido. Esa lista preliminar creció hasta verse nutrida por 77 personeros del Gobierno, la gran mayoría, aún en funciones públicas.
A las sanciones de Estados Unidos, le siguieron las de Canadá, la Unión Europea y más recientemente las de Suiza –un país de tradición neutral- y Panamá, el primero de América Latina en tomar medidas contra un grueso de funcionarios del régimen de Venezuela.
Costa Rica también jugó un papel importante en febrero pasado cuando impidió el ingreso a su país del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, por estar supuestamente vinculado al lavado de dinero y otros delitos, pero las sanciones de Panamá alientan al resto de los países de la región a fijar una postura más contundente.
Dichas sanciones han sometido a la cúpula roja a un riguroso aislamiento internacional. Tanto así que el propio Gobierno de Perú resolvió cancelar la invitación que le había enviado a Nicolás Maduro para que asistiera a la Cumbre de las Américas que tendrá lugar el próximo 13 y 14 de abril en Lima, debido al “continuo y grave deterioro de las instituciones democráticas en Venezuela”.
Como es de esperarse, tales sanciones ha hecho mella en la élite madurista que, aunque dice no verse afectada por ello, condicionaba el diálogo con la oposición en República Dominicana y advertía que, a menos que se levantaran las sanciones internacionales, no se cerraría ningún acuerdo.
Lo cierto es que después de tres años las cifras son bastante reveladoras. Un total de 14 medidas restrictivas o sanciones han sido adoptadas por 42 países contra 77 funcionarios del régimen de Venezuela. De esos 77 funcionarios, 30 son militares (entre activos y retirados); 18 pertenecen a algún órgano del poder público (incluyendo a Nicolás Maduro) y 29 son militantes del chavismo-madurismo.
Dentro de la lista general (77), destacan seis personas que comparten un elemento en común: todos fueron sancionados por EE.UU., Canadá, la Unión Europea, Suiza y Panamá. Esas personas son: El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno; la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena; el fiscal designado por la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab; el ministro del Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol; el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), Gustavo González López y el jefe del Gobierno del Distrito Capital, Antonio José Benavides Torres.
Las sanciones
El Gobierno de Estados Unidos ha emitido nueve sanciones desde el 9 de marzo de 2015 hasta el 19 de marzo de 2018. Siete de ellas, involucran a más de un funcionario del régimen. Las otras dos, se centran en la figura del Poder Ejecutivo, dirigido aquí por Nicolás Maduro y Tareck El Aissami. Este último fue sancionado el 13 de febrero de 2017 por “tener un papel fundamental en el tráfico internacional de narcóticos”. Dicho señalamiento, le prohíben negociar y firmar tratados con personas que mantengan relaciones con EE.UU. Por su parte, Nicolás Maduro fue sancionado el 31 de julio de 2017 –un día después de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente-, “por ilegítimamente usurpar el rol constitucional de la Asamblea Nacional electa democráticamente, reescribir la Constitución e imponer un régimen autoritario al pueblo venezolano”, declaró en ese entonces el Departamento del Tesoro.
La imposición de la medida, entre otras cosas, le impide a Maduro firmar acuerdos y negocios con personas del país americano, lo que afecta directamente su rol como presidente. Además, se unió al club de “dictadores” de la lista OFAC (Oficina para el Control de Activos Extranjeros), conformada por Kim Jong-Un, presidente de Corea del Norte; Bashar Al Assad, presidente de Siria y Robert Mugabe, anterior presidente de Zimbabue.
Las sanciones de Estados Unidos se vieron luego acompañadas por las de Canadá. Este país aplicó sanciones en dos oportunidades: el 22 de septiembre de 2017 y el 03 de noviembre del mismo año. Para la fecha, ambos países comparten el mismo número de funcionarios señalados: 56.
En 2018 -el 22 de enero- llegaron finalmente las sanciones de la Unión Europea (UE). Por tratarse de una comunidad de 28 países miembros, los protocolos y tiempos fueron más largos. No así, y «dado el continuo deterioro de la situación en Venezuela, siete personas deben incluirse en la lista de personas físicas y jurídicas, entidades y organismos sujetos a medidas restrictivas». Estas personas son: Antonio José Benavides Torres, Gustavo Enrique González López, Diosdado Cabello, Maikel Moreno, Néstor Reverol, Tibisay Lucena y Tarek William Saab.
Cabe resaltar que otros 10 países fuera de la UE se plegaron a estas medidas: Macedonia, Montenegro, Albania, Bosnia, Islandia, Liechtenstein, Noruega, Ucrania, Moldavia y Georgia.
Las últimas sanciones de las que se tiene registro provienen de Suiza (28 de marzo de 2018) y Panamá (27 de marzo de 2018). El primero, al igual que la Unión Europea, sancionó a siete funcionarios. Los mismos que se mencionaron con anterioridad. Panamá, por su parte, sancionó a 55 miembros del régimen de Venezuela. Esto por considerarlos “de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”.
En términos generales, y salvo algunas diferencias, todas las sanciones selectivas impuestas hasta hora persiguen lo mismo: la prohibición de entrada al territorio del país o los países que acuerdan la medida, el congelamiento de bienes y cuentas bancarias en los países respectivos y la prohibición a sus ciudadanos de hacer negocios de cualquier tipo con la persona señalada.