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Llarena rechaza el permiso de Sánchez para ser investido en el Parlament

El Tribunal Supremo rechaza el permiso penitenciario para que Jordi Sánchez pueda ser investido mañana presidente de la Generalitat en el Parlamento de Cataluña presencialmente o por vía telemática, según información del portal okdiario.com

El candidato a presidir la Generalitat de Cataluña y expresidente de ANC pedía este martes al magistrado del Supremo Pablo Llarena que investiga los hechos relacionados con el denominado ‘procés’, autorización para acudir a la sesión convocada por el presidente del Parlament, Roger Torrent.

El magistrado mantiene que existe “riesgo de reiteración delictiva” que no se conjura con ninguna de las medidas de libertad, conducción policial o intervención en la sesión de nombramiento mediante mecanismos telemáticos.

El instructor indica que la postulación del procesado como presidente de la Generalitat de Cataluña presenta elementos que apuntan “marcada y racionalmente a que su eventual mandato pueda orientarse hacia el quebranto de un orden constitucional por el que cualquier elector entiende que debe desarrollarse su representación democrática, ya que la transgresión puede hacerse con profundo quebranto de las mismas normas prohibitivas penales que han justificado la incoación de la presente causa.

“Es esta circunstancia”, añade, “la que refleja la conveniencia de sobreponer la protección de unos derechos políticos colectivos, sobre un liderazgo que, por su ejercicio delictivo, suponga una restricción parcial del derecho reconocido al procesado en el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.

Llarena también recuerda que Jordi Sánchez tiene una limitación del ejercicio en sus derechos políticos aunque sólo parcial, ya que no ha sido privado de su derecho a concurrir en un proceso electoral, ni de su derecho a ejercer el voto en su actuación parlamentaria.

Respecto a su petición de asistir al Pleno de investidura, las restricciones vigentes “resultan plenamente justificadas dadas las graves consecuencias que tendría su reincidencia respecto de los principios y derechos constitucionales y políticos de todos los ciudadanos españoles y de aquellos que constituyen el propio cuerpo electoral en Cataluña, así como la marcada probabilidad de que esta reiteración sobrevenga en la eventualidad de que se le llegaran a atribuir las funciones ejecutivas para las que se postula”.

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