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El Supremo rechazará la entrega de Puigdemont si no es por rebelión

La indignación y el malestar que se extendieron en el Tribunal Supremo ante el inesperado anuncio de que Alemania no entregaría a España a Puigdemont por rebelión se han tornado en esfuerzos contrarreloj para reconducir la decisión final de los jueces de Schleswig-Holstein, dispuestos a plantearse únicamente la extradición por malversación. Reseña: ABC de España

Más allá de lo que en España se quiere ver como una toma de posición provisional –adoptada, el pasado 25 de marzo, en el marco de las medidas cautelares en las que se estudiaba la prisión del expresident–, el tribunal tiene que decidir formalmente si concede su entrega por los dos delitos por los que fue reclamado: rebelión y malversación de fondos públicos.

Si los jueces de ese land concluyen que no procede la entrega por el más grave de estos delitos, castigado en España con hasta 20 años de cárcel, el Tribunal Supremo renunciará a la entrega. «Esto no puede quedar en un delito patrimonial», señalan fuentes del Alto Tribunal, convencidas de que una interpretación en ese sentido «estaría condicionando directamente nuestra capacidad soberana». «España no puede pagar ese precio», dicen.

Por este motivo, y también para evitar el agravio que supondría que el principal acusado fuera juzgado solo por malversación –mientras los miembros de su gobierno lo son también por rebelión–, el Supremo rechazaría la entrega en esas condiciones.

Esto implicaría que Puigdemomt quedaría libre y probablemente podría volver a vivir en Bélgica, pero con el riesgo de ser detenido en cualquier momento y en cualquier otro país para enfrentarse a los delitos que le imputa la justicia española.

En este sentido, la resolución de Alemania al respecto no es «cosa juzgada», es decir, no cerraría la puerta a que el mecanismo de entrega se pudiera poner en marcha más adelante.

Como la decisión no está tomada todavía, Fiscalía y juez instructor se están empleando a fondo para aportar al tribunal alemán todos los indicios que siete meses de investigación han puesto sobre la mesa y que han conducido al procesamiento por rebelión de 13 investigados.

Se trata de explicar a Alemania –un país que prohíbe partidos con fines independentistas, que nunca permitiría la independencia de uno de sus lands y que castiga hasta la difamación de sus órganos constitucionales y su bandera– que lo sucedido en Cataluña responde a un concierto entre partidos y entidades soberanistas para declarar la independencia al margen de la legalidad vigente, de un golpe al orden constitucional en el que se han venido incumplimiendo sistemáticamente resoluciones judiciales.

 

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