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El Supremo critica la “falta de rigor” del tribunal alemán y exige imputar a Puigdemont

La Sala del Tribunal Supremo que revisa las decisiones del juez Pablo Llarenasobre el 1-O ha dictado un auto en el que ratifica la existencia deindicios de delito de rebelión y critica al tribunal alemán encargado de laeuroorden contra Carles Puigdemont.

Los magistrados consideran que los jueces alemanes no han actuado de forma “razonable”, sino más bien con “falta de rigor”. Entre otras cosas, no ven creíble su afirmación de que en Alemania los hechos se habrían saldado con “una condena meramente simbólica”.

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Pese a que el objeto estricto de la resolución es rechazar el recurso de Jordi Sànchez contra la negativa a que asistiera al Pleno de su investidura, el Supremo aprovecha la ocasión para cuestionar al tribunal regional de Schleswig-Holstein. Las críticas surgen en dos frentes: las comparaciones que emplean por los jueces alemanes para alcanzar a sus conclusiones y la afirmación de que el 1-O no hubo violencia suficiente para sostener la rebelión.

En primer lugar, no el Supremo considera procedente comparar el proceso secesionista dentro de un país de la Unión Europea con unas revueltas contra la ampliación del aeropuerto de Fráncfort, como hace el tribunal regional alemán en la decisión que rechaza entregar al ex president por rebelión. “Parece contradecir los parámetros propios de lo razonable”, valora el Supremo.

“En nuestro caso no se trataba de ampliar o no una de las pistas del aeropuerto de El Prat de Llobregat, y que ello generara la protesta de miles de manifestantes para impedirlo.

Lo que aquí realmente sucedía era que después de más de dos años dedicados a laminar el ordenamiento jurídico estatal y autonómico, y de oponerse frontalmente al cumplimiento de sentencias básicas del Tribunal Constitucional, se culminaba el proceso secesionista dentro de un país de la Unión Europea, con una democracia asentada, poniendo las masas en la calle para que votaran en un referéndum inconstitucional oponiéndose a la fuerza legítima del Estado que protegía unos supuestos colegios electorales”, añaden los magistrados Miguel Colmenero, Francisco Monterde y Alberto Jorge Barreiro.

Con información de EL MUNDO

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