*La destrucción de todo lo logrado por gobiernos anteriores reivindica a los partidos tradicionales de Venezuela y condena al chavismo a su desaparición.
Todo lo referido en la VIIIª Cumbre de las Américas realizada la semana pasada en Lima coincide con las preocupaciones expresadas en Europa sobre la situación surgida en Venezuela con un gobierno que acabó con la relativa tranquilidad del hemisferio y se niega a admitir su responsabilidad en la crisis humanitaria que afecta a millones de venezolanos.
El grupo que se apoderó del Estado como secuela de la desaparición física del comandante Hugo Chávez considera que puede seguir en el poder simplemente gastando dinero inorgánico en propaganda, bolsas de comida y dádivas a algunos críticos, mientras la hiperinflación y la corrupción acaban con el dinero puesto a circular.
Todo esto ha sido advertido por ex colaboradores del desaparecido Hugo Chávez, quienes son descalificados por gobierno y oposición, mientras la tragedia sigue avanzando.
Felipe Pérez Martí, economista, profesor universitario y exministro de Planificación de Hugo Chávez, anda recorriendo el país, para promover en asambleas de ciudadanos un movimiento de “verdaderos libertadores”.
La semana pasada estuvo en el estado Táchira y dijo al diario La Nación: “Lo bueno es que el Gobierno no domina a la Fuerza Armada, que está contra él en más de un 80 %, según datos fidedignos que las élites manejan. Es falso que el Gobierno domina este bastión de apoyo. Sí domina el aparato represivo. Pero esto es natural en un juego de este tipo, pues el jugador débil alardea de que tiene fuerza, como el bluf en el juego de póquer. Creerse esto es nefasto, además de erróneo. Pues quien gana este juego es quien tiene más fuerza relativa. No quien alardea falsamente de fuerza, a menos que el contrincante se lo crea, como ocurrió con la MUD”.
Al dato de los militares referido por el ex ministro chavista, se suman diferentes estudios según los cuales 80% de los civiles tampoco apoyan al actual gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Pérez Martí explicó que “el Movimiento de Libertadores es la parte de la sociedad civil que realizó la Consulta Ciudadana del 16 de julio de 2017. Así como nuestro gobierno está escribiendo páginas en los libros de historia, como lo que nunca más se debe hacer en todo el mundo, actos como el 16-J marcan esa misma historia en sentido positivo: jamás había ocurrido que la propia sociedad civil, sin participación del Gobierno, organice un evento de este tipo, donde el soberano se manifestó, de manera pacífica y civilizada, para expresar su voluntad política mediante el voto, en presencia de un gobierno dictatorial que niega el ejercicio de esos derechos políticos”.
El exministro de Planificación dijo que “la idea es tener en el país una organización de la sociedad civil que actúe políticamente -con P mayúscula-, para que defienda sus propios intereses en esta materia. En una verdadera república, debe ser el soberano (sociedad civil, el pueblo, como lo llamemos) el dueño del país. Y los partidos deben ser los empleados de ese dueño. Como en una empresa: los que mandan, o deberían hacerlo, son los accionistas. Los gerentes son designados por ellos para llevar la empresa de la mejor manera, representando sus intereses. Cuando los gerentes se adueñan de la empresa y actúan para servirse a sí mismos, y no a los dueños, las cosas empiezan a funcionar mal. Eso es lo mismo en política. En Venezuela, sobre todo como producto del rentismo petrolero, lo que hemos tenido es una partidocracia, no una democracia. Que se ha transformado en cleptocracia (donde el poder lo tienen los delincuentes). Sobre todo con Chávez y con Maduro. Pero esto es una realidad desde antes, incluso”.
Agregó que “esto en realidad es un síntoma del ‘caza rentismo’: las mafias que se organizan en los países que padecen esta enfermedad, de la ‘maldición de la abundancia’, para hacerse de esa renta, desde el Estado y desde los sectores económicos y políticos asociados. Capturan los gobiernos de turno, y también las oposiciones de turno, para usufructuar lo que en teoría debería pertenecer a la gente, a los venezolanos. Por tanto, el soberano debería organizarse para hacer respetar sus derechos. Para sacar a un gobierno que no solo no lo representa, sino que lo pretende esclavizar, explotando su propiedad como nunca antes. Pero también para empezar a controlar, a poner a derecho, a los partidos que dicen querer representarlo en una nueva gestión gubernamental, pero que no actúan para servirlo, sino para servirse a sí mismos”.
La corrupción
En cuanto a la corrupción, el martes pasado la Asamblea Nacional (AN) aprobó la solicitud emitida por parte del legítimo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio, el cual aseguró que existen suficientes méritos para enjuiciar al todavía presidente Nicolás Maduro, por su presunta responsabilidad en casos de corrupción con la constructora brasileña Odebrecht.
El artículo 380 del Código Procesal Penal expresa: “Cumplidos los trámites necesarios para el enjuiciamiento, el funcionario o funcionaria quedará suspendido e inhabilitado para ejercer cualquier cargo público durante el proceso”.
El presidente de la AN, diputado Omar Barboza, indicó que el departamento de Investigación Parlamentaria determinó que “todos los amigos del gobierno usaron testaferros para estafar a la nación por 25 mil millones de dólares” y a su vez, hizo énfasis en que: ”Si en este país hubiese justicia, sería difícil que alguien en Miraflores no estuviese preso (…) La corrupción ha permitido que la frontera venezolana sea azotada por el narcotráfico, se han robado el dinero para las medicinas, se robaron el presupuesto”.
La votación para autorizar la continuidad del debido proceso judicial contra Maduro, responde a lo establecido en los artículos 266 numeral 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y el artículo 111 de la Ley Orgánica del TSJ. La votación concluyó con 105 votos a favor de seguir el antejuicio y dos en contra.
Por su parte, Aquiles Hopkins, presidente de Fedeagro, denunció que más de 5 millones de hectáreas productivas expropiadas es el saldo de la “guerra contra el latifundio” que inició el presidente fallecido Hugo Chávez Frías en 2005 y continuó su sucesor Nicolás Maduro. “De producir alimentos para todos los venezolanos ahora esas tierras solo producen lástima”.
Agregó: “El resultado de esa ‘guerra contra el latifundio’ es un fraude. Esas tierras se las entregaron a campesinos sin ningún tipo de ayuda como financiamiento, capacitación, asistencia técnica e insumos. Ahora no producen nada”.
Ana Carrasquero, investigadora del Observatorio de Derechos de Propiedad de Cedice, aseveró: “Las políticas de expropiaciones y de control nos llevaron al hambre. El gobierno se encargó de acabar lo que expolió. Prácticamente destruyó al campo”.
A todo eso, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, denunció en la clausura de la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en Medellín, que el gobierno del presidente Maduro está “usando inclusive bandas criminales para poder ejercer un mayor control de la sociedad, del pueblo; una asociación macabra, bandas criminales con fuerzas del orden para controlar a la población” y puntualizó que a estos instrumentos se le agregan los colectivos chavistas y “el famoso Carnet de la Patria, que es la única forma de muchos venezolanos para acceder a la salud, a los alimentos y a otros beneficios controlados por el régimen”.
La conclusión de varios estudiosos es que la destrucción de todo lo logrado por gobiernos anteriores reivindica a los partidos tradicionales de Venezuela y condena al chavismo a su desaparición.