*La élite gobernante comienza a ver con preocupación que los cuerpos policiales y militares han perdido más de la mitad del personal en los últimos seis meses. Es cuando aparecen los proyectos de “tabula rasa”, equivalente en criollo al “borrón y cuenta nueva” para reiniciar la economía a punta de dolarización.
La administración Maduro ya sufre los efectos del colapso general de la sociedad venezolana. Un país que ha producido una diáspora que lo está despoblando, el derrumbe institucional en los sectores de sanidad y educación por deserción de médicos y profesores, el fin del sistema de transporte público urbano que ha dejado en las principales ciudades del interior y gran parte de la capital a las personas sin transporte para ir al trabajo, paralizan al país. Sin embargo, lo más significante ocurre dentro de los cuerpos policiales y militares: la crisis los ha alcanzado y las deserciones son masivas aunque el Ejecutivo oculte esta realidad. Los reportes varían, hay cuerpos policiales regionales que tenían escasamente unos 2.500 funcionarios a mitad del año pasado y actualmente sólo quedan 800, de los cuales 30% está en reposo, o en actividades administrativas.
En la Guardia Nacional no es distinto: los que comenzaron a pedir la baja han sido arrestados, luego con los permisos, la mayoría dejan abandonados los uniformes en los destacamentos y no regresan. La realidad económica golpea fuertemente los bolsillos de todos los venezolanos, los policías y militares no serían la excepción, atrás quedaron los días de entrega de cajas de comida, de vehículos, de premios diversos y los funcionarios deben salir a las calles a ver qué consiguen, en mercados populares piden colaboración a quienes expenden las pocas hortalizas que aún se venden, en las carreteras, los guardias solicitan ayuda a los pocos camioneros que todavía se aventuran a llevar alimentos desde el interior hasta Caracas, pero hasta esto ha ido disminuyendo rápidamente, lo que ha obligado a muchos a abandonar sus puestos. Aunque no hay cifras oficiales, ya que sería un dato con fuertes repercusiones políticas, se estima que entre bomberos, personal de protección civil, policías y militares, han abandonado los cuerpos entre 50% y 65% en los últimos seis meses. Esta es una realidad que el oficialismo quizá desconoce, debido a que se mantienen ocupados en evitar perder el poder, sin embargo, el colapso general, que ahora se acelera con la hiperinflación, se revierte contra el madurismo, el cual podría quedar en pocas semanas sin su mejor sostén: las bayonetas.
La crisis económica arrasa con todo, el oficialismo no tiene capacidad de respuesta. Los sueldos de policías en apenas 2,3 millones de bolívares al mes, sólo alcanzan para dos kilos de carne. El Ejecutivo ha perdido toda capacidad de importación de alimentos, la falta de divisas por la caída de producción de Pdvsa, además de la imposibilidad de negociar con los bonos de deuda, no le permite obtener nuevos recursos, el financiamiento chino y ruso desde hace tiempo está paralizado.
El colapso de una sociedad está signado con la pérdida de población y el derrumbe institucional. Es precisamente lo que está pasando, el sistema sanitario y educativo están prácticamente arrasados, mientras que los cuerpos policiales y militares se suman al desastre final.
El subsidio directo de Falcón
En medio de la crisis se desarrolla una inusual campaña electoral presidencial, convocada por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), y por el Consejo Nacional Electoral (CNE), poder que su directiva subordinó a la primera con fines políticos, – una manera de otorgar fuerza al ente designado fuera de la Constitución.. El candidato Henri Falcón, criticado por un sector de la oposición por participar, ha planteado como parte de su programa político, cambiar el sistema de subsidios, en vez de emplear el modelo de subsidio indirecto, propone el subsidio directo, luego de un proceso de dolarización de la economía en caso que lograra la victoria y que el oficialismo reconozca y entregue el poder, un escenario que para 74% de la población está negado a darse.
Hasta ahora el chavismo/madurismo ha empleado un sistema de subsidio indirecto, el cual consiste en que el Estado asume la importación de alimentos a través de empresas allegadas a personeros del PSUV. Esas empresas reciben divisas preferenciales y dotan a los Abastos Bicentenarios, a Mercal y Pdval, sitios en que los venezolanos pueden hacer compras de rubros alimenticios a precios muy por debajo de los sistemas privados. Ese modelo de subsidio indirecto tiene enormes defectos, lo primero es la corrupción ligada a los altos funcionarios involucrados en las operaciones de importación de comida, en el otorgamiento de dólares preferenciales y en el sobreprecio de las compras realizadas, además de los escandalosos volúmenes de rubros importados, al punto que se dejaron perder más de 5 mil contenedores de alimentos en los puertos venezolanos, años atrás.
Los venezolanos que tienen acceso a las compras en estos centros, deben en su mayoría tener filiación política con el PSUV, estar ligado a algún consejo comunal o un grupo “colectivo”, además de ir los días que le toca, según termina su número de cédula y hacer grandes colas para surtirse cuando comenzó a mermar el modelo. Todo ha terminado en escasez total, en una caída de importaciones en más de 90% y en un alza de precios de los pocos alimentos que hay en casi 9.909% previsibles para finales de 2018, es decir hiperinflación.
El economista Francisco Rodríguez, quien lidera el equipo económico que asesora a Falcón, ha explicado que en el tránsito a la dolarización de Venezuela, un sector de la sociedad debe recibir ayuda para poder aguantar el impacto del cambio. Rodríguez ha hablado de subsidio directo, se trata de un aporte de al menos 70 dólares al mes si los cambios fuesen ahora, para familias empobrecidas, cuyo primer requisito es que tengan niños en escuelas. El beneficiario no tendría que esperar por una recomendación de partido político alguno, o estar limitado dónde haría sus compras, ya que el subsidio al ser aportado con una tarjeta de débito, podría usarse en cualquier empresa del sector privado. Surge entonces la pregunta que algunos se hacen: en un país en el que “no hay dólares”, ¿de dónde Falcón sacaría los recursos para, aparte de pagar salarios en dólares, implementar esta ayuda que sería temporal, hasta que el modelo de dolarización estabilice los precios en el tiempo?.
Rodríguez ha señalado que el cambio del uso de moneda implica reestructurar todo. El Estado comenzaría a cobrar impuestos en dólares y los servicios públicos estatales en este punto dejan claro que muchas empresas deben ser privatizadas, como por ejemplo Corpoelec, que funcionaba muy bien en el caso de la capital caraqueña, cuando era la Electricidad de Caracas. El economista indica que los servicios públicos tendrían costos en dólares, pero como en principio los salarios no podrían estar al nivel de los sueldos internacionales, el costo de los servicios públicos tampoco, por lo tanto, una vez arranque el modelo, al estabilizarse los precios y poder aumentar los ingresos de los venezolanos, los servicios públicos irían aumentando paulatinamente para no producir un choque en la economía local. En eso mismo consistiría el tema del aumento de la gasolina. El equipo económico de Falcón se fundamenta en que las pérdidas que actualmente tiene Pdvsa por el subsidio de la gasolina, se irían reduciendo al ritmo que la misma se vaya ajustando, tal cual harían con los servicios públicos y el salario, lo que daría al nuevo gobierno de transición recursos que permitirían sostener las ayudas del subsidio directo propuesto. Hasta ahora se estima que Pdvsa pierde al año unos 6 mil millones de dólares por subsidio de la gasolina, lo que es igual al PIB de un país como Guyana, recursos que serían necesarios para un proceso transitorio hacia la reconstrucción. Para 3 millones de familias venezolanas, la mitad de la población, sólo se requieren 2,52 mil millones de dólares al año, es decir 42% de lo que hoy se pierde con subsidio de gasolina que no beneficia a la población.
@alexvallenilla