-El oficialismo desata una guerra entre militares y delincuencia organizada en las minas del Arco Minero, violencia y crímenes para lograr apenas 24 toneladas en 2018.
Por.- @alexvallenilla
En marzo de 2016, para la edición de la revista ZETA N° 2.041, se presentó un análisis sobre las posibilidades de la administración Maduro con la explotación de oro, involucrando a la compañía aurífera Gold Reserve, se dejó claro que la operación, dadas las condiciones económicas y de los factores de ingobernabilidad en los campos mineros, no se lograría en un año: “…no solo está ese factor, sino uno peor, que no permitiría que Gold Reserve comience a producir oro en seis meses y quizá ni en un año, y es que la situación de caos y anarquía en torno a la extracción de oro en Venezuela, impiden que exista alguna forma de gobierno o un Estado de Derecho en la zona, controlada actualmente por mafias, conformadas por grupos delictivos, funcionarios militares corruptos, de cuerpos policiales, alcaldías y hasta del gobierno regional.”
En aquel tiempo Nelson Merentes era el presidente del BCV y hablaba de créditos internacionales por el orden de 5 mil millones de dólares que nunca se concretaron, además se refería a la explotación de cobre, en un mundo en que el precio de este metal ha estado en baja por la caída de demanda China. La solución ha sido militarizar la región y el resultado es una sangrienta y violenta guerra entre fuerzas militares y las bandas delictivas organizadas fuertemente armadas. La zona se ha convertido en un campo de batalla, como estaba previsto que ocurriría, por el control del oro, sobre todo por parte de un gobierno que está hundido en una crisis financiera.
En aquel entonces, ya había ocurrido una masacre en Tumeremo, luego otras y recientemente, el pasado mes de febrero, otra ola de asesinatos de al menos unas 18 personas entre ellos un niño, según los reportes de los habitantes, por parte de fuerzas militares, los familiares aseguraron que fueron fusilados con tiros de gracia, luego de haber sido sometidos.
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La orden del Ejecutivo es controlar la zona para acelerar la explotación de unas 8.000 toneladas de oro de reservas probadas, las cuales ya tiene el oficialismo en su control total, luego de casi dos años de incursión militar en la zona tras los anuncios de arrancar supuestamente con Gold Reserve. La empresa “Arco Minero”, que en 2017 logró al menos 8,5 toneladas de oro y que apenas representan 368,9 millones de dólares a los precios actuales del oro en el mercado spot, aspira que en 2018 la producción suba a 24 toneladas, para tener ingresos de al menos 1,04 mil millones de dólares.
La caída de la producción petrolera y la hiperinflación estimulada por el mismo gobierno tras una política expansiva del bolívar para cubrir el déficit fiscal, le ha obligado a buscar en el oro ingresos alternativos a la renta petrolera, sin embargo lo que se obtiene por esa vía, con un alto costo en materia de Derechos Humanos, en medio de una guerra con la delincuencia organizada en la región, no es suficiente para cubrir los requerimientos financieros del país, también el costo ambiental con el daño ecológico en la zona es sumamente alto para lo que realmente logran conseguir. Hasta ahora se desconoce el destino del oro que han explotado, al menos en las reservas internacionales no se ven reflejados y su impacto financiero es muy bajo dado que los precios del oro están estancados en el mundo, recientemente hubo reportes no confirmado del envío de oro a el Medio Oriente, sin explicaciones oficiales. Los ingresos por toda la explotación de oro que aspiran para este año, no cubre ni 10% de las necesidades de alimentos que demanda la población venezolana en un año.