*A petición de la directora de Zeta, la periodista Macky Arenas documentó, paso a paso, las advertencias que en los últimos diez años la Iglesia Católica Venezolana hizo al gobierno y a la población de Venezuela. Se aprecia una visión que registra el crecimiento de una crisis humanitaria que desde el inicio, llevaba al país a «una catástrofe humanitaria sin precedentes». La más reciente recomendación es posponer las elecciones porque «ante problemas humanos de tal magnitud, se deslegitima la realización de las elecciones presidenciales».
Por MACKY ARENAS
La Iglesia Católica venezolana viene siguiendo al pie de la letra los avatares a que está siendo sometida la población por causa de una crisis política y social, la cual se viene incubando desde el comienzo mismo de esta experiencia «revolucionaria», inspirada en los proyectos más fracasados del continente y teledirigida desde el régimen de los Castro en Cuba. Ese seguimiento puede observarse a través de las exhortaciones pastorales, declaraciones y documentos eclesiales que los obispos venezolanos han dado a conocer a medida que la situación ha recrudecido y el sufrimiento de nuestro pueblo se ha hecho más intolerable.
Desde el año 2008 y con ocasión de la propuesta de Reforma Constitucional presentada por el Presidente de la República, cuya intención primordial apuntaba hacia la transformación constitucional de Venezuela a un Estado socialista, los Obispos de la Conferencia Episcopal Venezolana consideraron que era también su deber intervenir y lo hicieron «en su calidad de legítimos pastores de todos los católicos, no como operadores o analistas políticos y menos aún como defensores de un determinado bloque partidista. Por tal motivo son injustificados tanto los insultos, las descalificaciones y los ataques de los que fue objeto nuestra institución por parte de las altas esferas del Gobierno Nacional, particularmente a raíz de nuestra Exhortación del pasado 19 de octubre así como la averiguación administrativa, abierta el pasado 30».
Desde ese momento lanzaron un alerta: «Con relación al tema de la Reforma Constitucional, el criterio que guió la participación del episcopado fue el de señalar que ante la trascendencia de la propuesta, que rebasaba el marco de una simple reforma, era necesario contar con más tiempo para llevar a cabo un debate reposado y abierto. Consideró asimismo importante invitar a los católicos y a la opinión pública en general a reflexionar sobre los diversos significados del término «socialismo del siglo XXI» y sobre la distinción entre los distintos modelos de regímenes socialistas democráticos, de amplia vigencia y aceptación en Europa y en algunos países de América, y el cuestionado y peligroso «socialismo real» o comunismo».
En 2009 los obispos ya percibían en la Venezuela actual una crisis ética generalizada presente en todos los ámbitos de la convivencia social y «que frecuentemente refleja un peligroso relativismo ético de funestas consecuencias. Vemos con tristeza la pérdida creciente del valor de la vida. La inseguridad personal se ha convertido en el principal problema de los venezolanos». Y alertaban sobre las amenazas que se cernían sobre la paz social: «Ya el pueblo en el referéndum del 2007 fue consultado y se pronunció contrario a la reelección indefinida. Nos preocupa que el intento de revertir esa decisión popular ya expresada, y además con una celeridad inusitada, se traduzca en una mayor confrontación política y social, afectando gravemente una paz ya debilitada».
En 2010, el llamado era a fortalecer el clima de convivencia y entendimiento entre los venezolanos, sin dejar de condenar el escándalo de los alimentos y medicamentos descompuestos, mejor conocido como Pudreval: «Es un pecado que clama al cielo, y pone en evidencia el deterioro moral de los organismos encargados. Solicitamos que se proceda a una averiguación profunda y diligente de lo ocurrido, se actúe con firmeza y transparencia tanto en las denuncias como en las investigaciones, y se tomen las medidas necesarias para que hechos como éste no vuelvan a ocurrir».
Abordaron el tema candente de la libertad de expresión e información y el derecho a la denuncia: «Son valores sociales imprescindibles para el equilibrio de los poderes, una mayor equidad comunicacional, el fomento de la pluralidad de ideas así como al respeto a la disidencia. Los que ejercen responsabilidades públicas deben evitar el uso del poder y de la promulgación de leyes como instrumentos de amedrentamiento y de castigo. Una democracia sin libertad, sin poderes autónomos y justos, se deteriora y abre paso al abuso y la impunidad».
En 2011, uno de los acontecimientos que marcó la vida de nuestro país y de la Iglesia fue, sin duda, el trabajo desplegado por Cáritas- Venezuela y las Cáritas diocesanas para atender las emergencias causadas por las lluvias diluvianas, los desbordamientos de los 4 ríos y los deslaves en varias regiones del país, especialmente en el Centro-Norte de Venezuela, Táchira, Falcón, la Guajira y el Sur del Lago de Maracaibo. «A través de este organismo especializado, la Iglesia, en coordinación con los organismos oficiales e instituciones autorizadas, desplegó todos los recursos de su caridad y de su compromiso solidario a favor de los damnificados, sin estridencias de ningún tipo y sin favoritismo de ninguna especie. Quizás eso no ha sido suficientemente visto o publicitado por los medios. Pero en las comunidades sí se sintió esta presencia, gracias a una acción articulada en la que participaron numerosos sacerdotes, fieles y voluntarios de todas las edades».
En 2012, los obispos llamaban a trabajar por construir la unidad entre los venezolanos y reconocían que no era tarea fácil. «El progreso y el bienestar de este país sólo podrán lograrse con la participación de todos los ciudadanos. Ante las dificultades, por grandes que sean, no debemos desesperar, ni como personas ni como creyentes. Aunque el pasado de Venezuela registra intermitentes rupturas internas, registra también experiencias de acuerdos y períodos de paz. La convivencia democrática, con rango constitucional desde hace un poco más de medio siglo, aunque limitada y defectuosa, como toda obra humana, pertenece también a nuestra historia nacional». Y recordaban que «el deseo y la necesidad de reconciliación implican restablecer la convivencia nacional a partir del respeto y aprecio mutuos, el efectivo reconocimiento del pluralismo político?ideológico, cultural y religioso y la correspondiente tolerancia hacia los demás».
Mons Diego Padrón, Arzobispo de Cumaná y presidente para entonces de la CEV, advertía el 7 de enero del 2013, en sus palabras de salutación al inicio de la Asamblea Ordinaria de obispos: «Luego de la doble jornada electoral de finales de año, en la que el pueblo eligió a sus autoridades y en la que se pusieron en evidencia las diversas visiones de país que tenemos los venezolanos, el año 2013 ha comenzado con gran incertidumbre. La prolongada enfermedad del Presidente de la República y su delicado estado de salud en las últimas semanas afectan a todo el país, a sus ciudadanos y a sus instituciones». Y agregaba en premonitorias palabras: «Su enfermedad no es un simple accidente, ni puede compararse con la de un paciente común. Es la gravedad del Presidente, quien gobierna, y en gran parte dirige y marca el rumbo de la sociedad venezolana. Por consiguiente, está en grave riesgo la estabilidad política y social de la nación. Este es un momento histórico, difícil e incierto, con rasgos que dibujan una compleja situación que pudiera conducir al país a una encrucijada peligrosa».
Al comienzo del 2014, el episcopado urgía al diálogo y al pluralismo político: «Valoramos positivamente el paso dado por el Presidente Nicolás Maduro al iniciar el diálogo con los Gobernadores y Alcaldes que no apoyan su proyecto político, los cuales representan a un gran sector del pueblo venezolano. Para que este diálogo sea eficaz, debe estar acompañado de una actitud permanente de búsqueda de soluciones de los problemas reales que aquejan a la gente, respetando los derechos constitucionales de los Estados y Municipios. Para esto es preciso que todos los sectores del país rechacen la exclusión y segregación política, y sanen en su corazón la desconfianza, el resentimiento».
En ese mismo documento llamaban la atención sobre el segundo objetivo histórico del llamado Plan de la Patria, que es «continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI», lo cual implica como objetivo nacional «propulsar la transformación del sistema económico para la transición al socialismo bolivariano». Y agregaban una crucial puntualización: «Es importante destacar que la palabra «socialismo» es ambigua: abarca temas y corrientes muy diferentes y no sólo hace referencia a laudables misiones o iniciativas de tipo social y económico, favorables a los más necesitados. En lenguaje político concreto, designa también un sistema socio político y económico de gobierno, estatista, totalitario, radical y excluyente, de corte marxista-comunista, que descarta cualquier otra alternativa sociopolítica e ideológica, e impone un pensamiento y un partido únicos. Este sistema ha fracasado en todos los países donde se ha aplicado. Si esta es la concepción que el gobierno nacional tiene de socialismo, advertimos con profunda preocupación que este segundo objetivo está al margen de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual establece en su artículo 2 «el estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores…la vida, la libertad, la justicia, la igualdad….la ética y el pluralismo político».
Mientras el gobierno y la propia oposición miraban hacia otro lado, las prioridades del país eran otras. Las necesidades acuciantes de la familia venezolana no aparecían en la agenda política. El país nacional tenía urgencias que no figuraban entre las preocupaciones manifiestas del país político. El agravamiento de los problemas del ciudadano, en particular la carencia de alimentos y medicinas, obligó al pronunciamiento de individualidades, representantes de la Iglesia Católica que hablaban por su gente, obispos que clamaban por la atención que el gobierno debe a las necesidades del pueblo.
En 2017, el obispo de Trujillo, Oswaldo Azuaje, expresó a la prensa internacional que su país, «además de una profunda crisis política, también atraviesa una grave crisis alimentaria, la cual ha provocado que la oposición política y la sociedad civil se mantengan protestando en las calles». De acuerdo con el prelado, su país es gobernado «por una narcodictadura cívico-militar, o sea, la asociación de algunos civiles con los militares que se apoyan y se tapan todo». Las homilías de otros dos obispos, con ocasión de la festividad de la Divina Pastora, denunciando las penurias que soportan los venezolanos, llevaron a Nicolás Maduro a pedir enjuiciar a los prelados Antonio López Castillo y Víctor Hugo Basabe, debido a que en su juicio, cometieron «delitos de odio».
Hace apenas días, ante la crisis política y humanitaria y la inédita dimensión que ha alcanzado la crisis humanitaria, los obispos alzaron de nuevo su voz para pedir al gobierno escuchar al pueblo y proponer la suspensión de las elecciones planteadas para mayo próximo. Solicitaron su «urgente postergación para el último trimestre del año». Y lo razonaron de esta manera: «Comprobamos alarmados, cómo los males señalados en nuestra Exhortación Pastoral de enero de este año se han agravado: La hiperinflación ha acrecentado el empobrecimiento general de la población, con la descomposición de la calidad de vida de todos. La carencia generalizada de los servicios públicos de luz eléctrica, agua, gas, en todo el país hace más difícil la vida. Todo ello ante la sorprendente indiferencia de los responsables gubernamentales de estas áreas para solventar estos problemas».
Tal vez, esta declaración ha sido una de las más dramáticas y la interpelación a quienes conducen los destinos del país una de las más frontales: «El Estado ve cada día más comprometido su rol sustitutivo para asegurar los insumos básicos para la subsistencia del pueblo. Todo esto se traduce en más hambre y desempleo. A ello se suma el aumento de la insalubridad por la aparición incontrolable de epidemias y de enfermedades en las poblaciones más vulnerables, con el agravante de la carencia de medicamentos para los tratamientos. Toda esta problemática está generando un gran número de protestas a lo largo y ancho de todo el país, que aunque silenciadas por los medios de comunicación, se van acrecentando (…) La emigración está tomando cada día mayores proporciones (…). Ante problemas humanos de tal magnitud, se deslegitima la realización de las elecciones presidenciales, convocadas para el próximo 20 de mayo. Tal como están concebidas, sin las suficientes garantías que identifican todo proceso electoral libre, confiable, transparente, con innumerables inhabilitaciones de posibles candidatos, lejos de aportar una solución a la crisis que vive el país, pueden agravarla y conducirlo a una catástrofe humanitaria sin precedentes».
En todo momento y lugar, la Iglesia ha levantado la bandera por la apertura a la asistencia humanitaria, asunto al que el gobierno se ha negado sistemáticamente.
El régimen que se nos ha impuesto recibió por parte de la Iglesia el calificativo más demoledor: «moralmente inaceptable». Los hechos le han dado la razón.