Por Jaime Granda
-Todo lo que el chavismo haya dado al pueblo no lo exonera de su responsabilidad por la destrucción institucional y empresarial de Venezuela.
Después que Argentina, Brasil y Perú sufrieron períodos de hiperinflación a finales del siglo XX, hay muchas referencias bibliográficas sobre esas experiencias y cómo lograron superar el fenómeno.
Transcurridas casi las dos primeras décadas del siglo XXI, ningún economista serio o cualquier estudioso de lo ocurrido en América Latina y otras partes del mundo, puede entender el empeño de un gobierno como el de Venezuela, en seguir evadiendo el fenómeno de la hiperinflación con discursos y medidas que no atacan ese problema y algunos llegan a plantear que debe haber alguna razón muy importante para que el grupo gobernante prácticamente proteja la hiperinflación, mientras el pueblo pasa hambre, su salud se deteriora y todos los servicios públicos están peores cada día.
Una monografía realizada por Isabel Cristina Ruiz Olaya, por ejemplo, cita en sus conclusiones que como dijo Felipe Pazos:
«Uno de los obstáculos fundamentales con los que tropieza la lucha contra la inflación en América Latina, es la creencia de que se trata de un mal inevitable».
Luego agrega que a diferencia de lo que dicen Miguel A. Kiguel y Liviatan Nissan en su estudio sobre la hiperinflación en América Latina, la crisis de la deuda no fue tan solo un factor secundario en el proceso, sino que representó una influencia fundamental para el desencadenamiento de la hiperinflación, pues como dice Jaime Ross (1988) en su estudio sobre la inflación: «las sucesivas aceleraciones de las tasas de inflación en América Latina tras la crisis de la deuda a comienzos de los ochenta pueden ser vistas, dentro de ese enfoque (el enfoque neoestructuralista) como el resultado de la caída en los salarios reales, impuesta por las devaluaciones de la tasa de cambio y el aumento de los ingresos del gobierno, necesarios para pagar el servicio a la deuda externa»; con esta afirmación no pretendo tomar parte de estructuralistas o monetaristas, más bien intento reconocer los diferentes factores que en conjunto argumentan para explicar el proceso de hiperinflación en América Latina, remata Ruiz Olaya.
En cuanto a las razones por las cuales el gobierno de Venezuela parece proteger la hiperinflación es la facilidad que tiene para imprimir billetes y los beneficios que la cúpula gubernamental obtiene con el control de cambio y monopolio de las divisas que ingresan al país.
El economista y diputado a la Asamblea Nacional, José Guerra, dijo el lunes pasado en entrevista con Vladimir Villegas en Unión Radio que “es importante distinguir dos tipos de salarios: el nominal, que son la cantidad de billetes, bolívares, monedas que el ciudadano recibe; y el real que es el poder de compra del dinero”. A su juicio, el problema no es la cantidad de bolívares, sino cuánto se puede comprar con eso y explicó que para enfrentar la hiperinflación, es necesario trabajar en tres vertientes: respetar la disciplina fiscal, evitar la impresión de dinero del Banco Central y fijar el tipo de cambio sin dolarizar.
Sobre la dolarización de la economía, manifestó que la virtud de una medida de esta magnitud es que bajaría el índice inflacionario ipso facto, “adoptas el dólar el mes que viene y en dos meses hay una inflación de 2 o 3%”, pero la desventaja es que se debe determinar a qué tasa se recogen los bolívares, y el Estado deberá tener suficientes billetes y monedas para que la gente pueda realizar transacciones.”
Guerra sentenció que cuando una nación adopta otra moneda, lo que está diciendo es: “señor de la Reserva Federal de Estados Unidos (EEUU), manéjeme la economía porque yo no puedo”.
Lo cierto es que más allá de cualquier nacionalismo, los grandes economistas del mundo han probado que esa es la receta para acabar con la hiperinflación y la gravedad del paciente venezolano parece que no puede esperar más discusiones.
Otra evidencia innegable es que el gobierno venezolano en vez de buscar soluciones a la grave crisis económica que ha destruido el poder adquisitivo de todos los venezolanos, – además de los servicios de salud, electricidad, telefonía, hidrológicos, transporte, educativos y bancarios -, sigue comprando votos con aumentos salariales, bonos especiales y otras ofertas que complican la ya complicada situación del país.
Algunos advirtieron que mientras el salario mínimo fue elevado el lunes pasado en 1.200%, la inflación siguió creciendo y se colocó esa misma semana en 13.000%, pero lo peor es que para que el salario mínimo vuelva a crecer pasaran meses, mientras la hiperinflación seguirá creciendo día tras día.
Antes un aumento salarial despertaba esperanzas, pero ahora solo trae decepciones y el gobierno y sus asesores parecen ignorar esa realidad.
Es difícil que algún experto en economía pueda entender cómo el presidente Nicolás Maduro puede insistir en culpar de todos los males a otros, como dijo esta semana: «La oligarquía ha declarado una guerra total contra el pueblo, para que ustedes se desesperen», al referirse al incremento de los precios de los productos básicos que vienen aplicando sectores «inescrupulosos».
La mayoría de los venezolanos, a juzgar por lo que comentan en las colas para comprar algún alimento, ya no cree en esos cuentos. Cada día crece el número de venezolanos, de todos los niveles sociales, que entienden que ni la reconversión monetaria ni los aumentos salariales y menos los bonos especiales devolverán a los venezolanos sus niveles de vida anteriores a este proyecto que comenzó con Hugo Chávez.
En todo caso, está claro que todo lo que el chavismo haya dado al pueblo no lo exonera de su responsabilidad por la destrucción institucional y empresarial de Venezuela.
Opiniones
Rafael Simón Jiménez, otro decepcionado del chavismo, escribió el domingo pasado que “Venezuela ha vivido en los últimos años el mayor proceso de destrucción económica y social de su historia contemporánea. Nunca antes un gobierno había producido tanta pobreza, hambre y deterioro en el nivel de vida de los ciudadanos. Nicolás Maduro aparece a los ojos de los venezolanos y del mundo entero como el responsable de una auténtica tragedia humanitaria que ha puesto a comer de la basura a una parte creciente de la población, que ha sumido en la exclusión a millones de compatriotas y que ha generado fractura y desgarramiento familiar al generar una indetenible diáspora de venezolanos que huyen de la calamidad en que transcurre su vida dentro de las fronteras nacionales”.
Por su parte, Rafael Ramírez, quien estuvo al lado de Hugo Chávez en altos cargos y fue después excluido por el gobierno de Nicolás Maduro, planteó:
“Se impone otra conducta, mayor calidad humana y política. Dejar atrás la irracionalidad, el odio, la intolerancia, la práctica de la descalificación y de los linchamientos morales, la persecución política, la ‘cacería de brujas’, la judicialización de la política, lo que llaman el ‘lawfare’. Dejar atrás la violencia, el miedo, el chantaje extendido en la sociedad, el abuso de poder. Las instituciones creadas por nuestra Constitución deben funcionar plenamente, debe prevalecer la discusión política, no la agresión. Hay que dejar atrás al ‘pranato’ de la política, levantar la mirada y ver al futuro con sentido estratégico. Hay grupos de interés que para sobrevivir políticamente necesitan del caos, viven en el caos, porque en el caos no se piensa, se sobrevive, se actúa con violencia, se impone lo individual en detrimento del interés general, colectivo”.