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Quim Torra y los polémicos integrantes de Gobierno: Políticos en prisión preventiva

El presidente de la Generalidad de Cataluña, Generalitat, Quim Torra, ha desoído las advertencias del Ejecutivo de Mariano Rajoy y ha incluido en su Gobierno, Govern, a algunos de los políticos en prisión preventiva y a exconsejeros huidos de la justicia.

Con ello busca continuar con su relato de restitución del Govern suspendido en aplicación del artículo 155 de la Constitución, una vía que Esquerra Republicana, ERC, ha declinado seguir. Torra ha firmado el decreto de nombramiento y en un comunicado ha asegurado que “los consejeros tomarán posesión el miércoles 23 en el Palau de la Generalitat”.

Josep Rull y Jordi Turull, ambos recluidos en Estremera, son los designados para ocupar los departamentos de Territorio y Presidencia, respectivamente. Lluís Puig, que se encuentra en Bruselas después de que la justicia de ese país decidiera no extraditarle, es el elegido por Torra para estar frente a la cartera de Cultura.

En la misma situación está Antoni Comín, que es el único exconsejero de Esquerra que sí ha querido repetir, en la cartera de Sanidad. Se trata de una decisión que no ha sentado bien en su partido.

Como estaba pactado, Junts per Catalunya y ERC se han repartido a partes iguales las 14 consejerías. Los consejeros propuestos por la llista del president son Elsa Artadi, portavoz y titular de Empresa; Miquel Buch (Interior) y Jordi Puigneró, Políticas Digitales y Administración Pública y Josep Bargalló (Enseñanza).

Dos exconsejeros de esta formación han declinado a repetir: la extitular de Enseñanza Clara Ponsatí y el responsable de Interior Quim Forn, que también está en prisión preventiva.

ERC, por su parte, cuenta con siete departamentos: Pere Aragonès (Vicepresidencia y Economía), Ernest Maragall (Exteriores), Ester Capella (Justicia), Chakir El Homrani (Asuntos Sociales y Trabajo) y Teresa Jordà (Agricultura). Capella y Jordà son diputadas en el Congreso.

Nada más conocer su designación, Josep Rull, ha aceptado su nombramiento para “ser consecuente y leal” a su compromiso con la ciudadanía de Cataluña. En una publicación en Twitter, ha asegurado que le honra volver a ser conseller y que se dedicará “en cuerpo y alma al servicio de todos los catalanes”.

El nombramiento de momento tiene más de simbólico que de otra cosa. La condición de consejero sólo se adquiere tras la toma de posesión, un acto de carácter presencial y para el que los políticos en prisión preventiva y los que están fuera de España tendrían que pedir permiso al juez Pablo Llarena para poder asistir.

La justicia ya negó dichos permisos a los candidatos a la investidura que también estaban en prisión y por tanto hay pocas posibilidades que en esta ocasión el criterio sea diferente.

El Gobierno ha insistido en varias ocasiones que sólo cuando tomen posesión todos los consejeros y eche a rodar el nuevo Gobierno catalán levantará el artículo 155.

La Generalitat asegura que la toma de posesión será el próximo miércoles y seguramente, como ya lo ha hecho en otras ocasiones, utilizará la negativa de la justicia para que los exconsejeros asistan como un argumento más dentro de su relato contra la aceptación de los resultados del 21-D y de la supuesta voluntad del Gobierno central de laminar el autogobierno en Cataluña.

Inés Arrimadas, la jefa de la oposición en el Parlamento, Parlament, ha criticado los nombramientos.

“No quieren gobernar sino desafiar a la mayoría de catalanes y a la legalidad democrática. Un president supremacista, un plan ilegal anunciado en el Parlament y un Govern con dos presos y dos fugados que dieron un golpe contra la democracia. Así no se puede levantar el 155”, ha escrito en Twitter.

 

Fuente: El País

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