Por Alberto D. Prieto
MADRID.- Todos tenemos derecho a una casa estupenda, con porche, piscina y jacuzzi, 2.000 metros cuadrados de parcela, casi 300 construidos y ala de invitados. Derecho a una hipoteca de 600.000 euros en condiciones de marqués y a contar con que la podremos pagar todos los meses en los próximos 30 años, aunque el empleo y el sueldo dependan de una renovación popular de nuestro contrato, escrutados en las urnas por nuestra coherencia en el trabajo por los más desfavorecidos, los abandonados del capitalismo salvaje. Pablo e Irene tienen derecho.
Todos tenemos derecho a una beca de investigación cuya remuneración duplica y más el salario mínimo interprofesional. Y a incumplir las condiciones de la misma, porque si tenemos acceso un director de departamento que confía en nosotros, ¿qué necesidad hay de residir en la ciudad cuya universidad nos contrata bajo esa premisa? Tenemos derecho a desplazarnos de Málaga a Madrid y a Venezuela cuantas veces queramos, porque allí podremos conocer la realidad que investigamos, o al menos comparar datos. Y enriquecer nuestro acervo de conocimiento para, finalmente, presentar un mejor estudio. Aunque luego resulte que éste ya estaba hecho, y por una entidad pública. Íñigo tiene derecho.
Cada uno de nosotros tiene derecho a hacer un buen negociete, claro que sí, y engañar a un dictadorzuelo latinoamericano al que cobrar 450.000 euros por un par de folios mal escritos si el sátrapa se deja. ¿Quién nos puede negar el permiso a calentarle la cabeza al gobernante si lo que vamos a presentarle es una solución a sus problemas económicos ideando una moneda común para todos los países de su alianza populista? A ver, todos sabemos que las tiranías sudamericanas son la cuna de la democracia real, que el socialismo del siglo XXI es la aplicación práctica de las hermosas teorías de no dejar a nadie en la cuneta del camino… salvo que de lo que se trate sea de orillar a la Hacienda patria, ésa que dirige un neoliberal canalla que quiere cobrarnos una retención impositiva a cuenta de nuestro buen business. Juan Carlos tiene derecho.
Y todos tenemos derecho a pagar rapidito cuando nos pillan incumpliendo, y a quejarnos de la persecución, que el ministro no es que vele por los ingresos públicos, sino que nos acecha por nuestras ideas políticas, hay que ver.
¿Dónde se ha visto que no podamos, todos nosotros, ser solidarios con un desamparado y darle la oportunidad de cobrar un dinerito por hacernos la higiene personal si tenemos una minusvalía? Y, qué demonios, todos tenemos derecho a que eso quede en el ámbito privado, que en realidad le hacemos un favor si no damos de alta en la Seguridad Social a nuestro asistente personal: es un win-win, como se dice ahora. Cualquiera de nosotros, impedido en silla de ruedas, querría tener a alguien en casa que le baje de la cama, lo lleve al baño cada día y se cerciore de que no hay heridas en la piel durante la ducha mañanera. Y después nos vista con cariño y gratitud porque no le obligamos a pagar su cuota de autónomo declarando legalmente su actividad como empleado. El otro Pablo también tiene derecho.
Y eso no nos impide levantar la voz —¡claro que no!— ante las injusticias que cometen esos burgueses que explotan a mujeres sudamericanas para que les limpien la casa sin pagar al Estado su cotización. Ellas, que vienen a España buscando un futuro mejor para sí mismas y sus hijos. Ellas, que aspiran a mandar remesitas a casa. Ellas, que sueñan con volver algún día con unos ahorritos… ¡y lo que reúnen se les va en pagarse por sí mismas los seguros! Señalemos todos al culpable, ésos que las tratan como “esclavas” de nuevo cuño y este sistema económico “criminal” manejado por la casta de privilegiados…
Ese Gobierno del PP “vendido a la oligarquía”, esos poderosos “amiguetes de la especulación”, qué poco tienen que ver con nosotros, que nos sacrificamos desde que terminamos los estudios universitarios por el bien de la humanidad. Nosotros, que sólo pensamos en los españoles desfavorecidos, o en los iraníes sometidos al imperialismo yanqui, o en los venezolanos desamparados —a los que Monedero les diseñó una divisa común que compartir con los gobernantes bolivianos, ecuatorianos y quizá cubanos, lo mejor de cada casa—.
Nosotros, que queremos abrir los ojos a los que, faltos de preparación por culpa de ese sistema educativo que en España se somete a las patronales empresariales —aunque en verdad siempre ha sido regido por leyes socialistas, repletas de oportunidades y becas como las de Errejón, al gusto del consumidor—, no entienden que la carestía de alimentos y medicinas, la inflación en rally, los presos políticos y la represión callejera son males menores en el camino de la revolución bolivariana que nosotros ayudamos a diseñar y ahora queremos traer a España.
Claro, porque, ¿quién le confiaría la economía de un país a “quien que se compra un ático de lujo de 600.000 euros”? Ya lo dijo Pablo Iglesias en 2012, cuando Luis de Guindos, el ministro de Economía del PP, se compró una casa. Y qué razón tenía oye. ¿Cómo es posible “tener un buen salario y querer que tu país sea mejor”? No hombre, no. Hagan caso a Pablo Echenique, el que no pagaba la seguridad social de sus empleados domésticos. Porque, como sostiene Irene Montero, es evidente que el oligarca De Guindos se estaba beneficiando de un trato de favor, con un crédito hipotecario en condiciones de marqués, para “especular”.
No como ella y su novio Iglesias, los del chalé en La Navata, que en realidad inician “un proyecto de vida familiar”, buscan “una vida tranquila para sus hijos” y adquieren la vivienda que han encontrado “cerca de un colegio público” para que los niños aprendan todo esto en una clase paritaria y, a poder ser, asamblearia.
No sé por qué no nos damos cuenta de que todos tenemos derecho a que nos gobierne esta gente, no hay más que ver lo bien que les va a ellos. Seguro que un día, si llegan a la Moncloa, compartirán con nosotros todos sus privilegios.
Alberto D. Prieto es Corresponsal Internacional de OKDIARIO