Por Alfredo Michelena.
Después de la cuarta ronda de conversaciones, la Conferencia Episcopal nicaragüense se retiró como mediadora del diálogo nacional, luego de proponer una salida electoral con modificaciones al sistema electoral y la separación de poderes. Por ahora, no hay más diálogo.
CANADÁ.- Las revueltas populares con los estudiantes a la cabeza hicieron sentar en la mesa de negociaciones al régimen nicaragüense bajo la mediación de la Iglesia Católica, pero este proceso está enfrentando su primera gran crisis.
La primavera nicaragüense que comenzó por un asunto del Seguro Social ha rodado como una bola de nieve que pudiera dar al traste con la dinastía de los Ortega. Desde el 18 de abril las protestas no han cesado.
El diálogo
A fines de abril los grupos empresariales plantearon la necesidad de un diálogo que fue aceptado por el régimen nicaragüense con la mediación de la Iglesia. Pero esto no paró ni las manifestaciones, ni la represión. El 12 de mayo, la Iglesia Católica como coordinadora, dio un ultimátum de 72 horas para que se cumplieran cuatro condicione básicas para iniciar el diálogo: el ingreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); la eliminación de los paramilitares (colectivos); detener la represión; y una voluntad de diálogo de parte del régimen. Sin embargo, fueron las declaraciones del ejército nicaragüense, al asegurar que no se involucraría en actos de represión contra ciudadanos que protestaban, la que impuso un diálogo como medio para resolver la crisis en el país, haciendo posible el ingreso de la CIDH.
Bajo la coordinación de la Conferencia Episcopal se inició un diálogo el miércoles 16 de mayo de 2018, donde participan representantes estudiantiles, la sociedad civil y el sector privado junto a los representantes del régimen que inicialmente fueron los esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Los Ortega-Murillo fueron recibidos con gritos de protesta por la población que estaba en los alrededores. En el fórum, Ortega señaló que había que bajar la confrontación, pues sino volverían a la guerra “y la gente está cansada de eso”. Por su parte los estudiantes exigían el cese de la represión. La Conferencia Episcopal pidió que «se retirara la policía a sus cuarteles» y a Ortega que rectifique y que “oiga al pueblo”. Luego, la primera reunión se desarrolló en un tono acusatorio, básicamente entre los estudiantes y los Ortega-Murillo.
Llega el CIDH
El 17 de mayo llegan los integrantes de la CIDH a Managua. La delegación compuesta por 11 personas, encabezada por la abogado chilena Antonia Urrejola, relatora para Nicaragua, anticipó que se reunirían con “autoridades del Estado, representantes de la Conferencia Episcopal, organizaciones de la sociedad civil y otros actores relevantes.” De igual forma, la Comisión “recabará testimonios de estudiantes, personas y familiares que han resultado afectados en el marco de la situación, objeto de la visita”, durante los tres días que dure su visita.
Al llegar, Urrejola hizo un llamado “al cese inmediato de la represión de las protestas” e instó “a las autoridades a investigar diligentemente estos hechos, juzgar y sancionar a los responsables y reparar a las víctimas”, y recordó que «el Estado debe garantizar la independencia y funcionamiento de los medios de comunicación en el país”.
La tregua
A renglón seguido se produjo un primer acuerdo al declarar una tregua de dos días donde el régimen de Nicaragua se comprometió a “retirar a policías, colectivos y organizaciones sandinistas de las calles y la sociedad civil a aunar esfuerzos para propiciar mejores condiciones del diálogo, normalizar el tránsito y continuar en un mejor clima el lunes 21 de mayo del 2018”, según un comunicado leído por los obispos al concluir la segunda sesión de trabajo del diálogo nacional. A la cual, por cierto, no asistieron los esposos Ortega-Murillo.
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Los estudiantes siguieron con sus protestas, la mayoría pacificas. Pero denunciaron que hubo varios enfrentamientos con fuerzas sandinistas que habrían sido lideradas por la policía. En la reunión del 21 de mayo, el punto clave fue la solicitud por parte de los estudiantes de la renuncia de Ortega.
Las recomendaciones de la CIDH
El informe de la CIDH fue contundente al definir que hubo “graves violaciones de derechos humanos” por “el uso excesivo de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad del Estado y de terceros armados”; se produjeron “decenas de muertos y centenares de personas heridas; detenciones ilegales y arbitrarias; torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes; censura y ataques contra la prensa; y otras formas de amedrentamiento como amenazas, hostigamientos y persecución dirigidos a disolver las protestas y a inhibir la participación ciudadana”…. “hubo, al menos, 76 personas muertas, 868 resultaron heridas …. Asimismo, 438 personas fueron detenidas, entre estudiantes, población civil, defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas”.
Quince recomendaciones contiene este informe preliminar, entre ellas: “Cesar de inmediato la represión a los manifestantes y la detención arbitraria”; respetar y garantizar el goce pleno del derecho a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de la población.”; crear un mecanismo de investigación internacional sobre los hechos”; investigar “diligentemente, juzgar y sancionar a los responsables ” y “respetar las garantías del debido proceso”; “comprometerse a un mecanismo de seguimiento junto a la CIDH para verificar la implementación de las recomendaciones emitidas …. Programar junto a la CIDH un calendario concreto de nuevas visitas”.
La OEA sí, la OEA no
Pero luego de la tregua el movimiento campesino y la Coordinadora Universitaria anunciaron en un comunicado divulgado en las redes sociales que «se cerrará el paso definitivo en todos los tranques pacíficos del país hasta que Daniel Ortega y Rosario Murillo se sienten en el diálogo nacional a presentar su renuncia». En este sentido la abogado Azahalea Solís, delegado de la sociedad civil en la Mesa de Diálogo, confirmó que ella «ya no discutirá otra cosa más que cuándo y cómo dejarán el poder».
Otro tema candente ha sido la participación de la OEA en el diálogo. La OEA jugó un papel que muchos criticaron en las elecciones de 2016 que ganó Ortega, luego de defenestrar a la oposición de su partido, y las elecciones municipales de 2017 cuando las avaló en cierta forma al enviar sendas misiones de observación electoral, la primera a pocos días de las elecciones. Antes de las municipales, Nicaragua y la OEA firmaron un memorando de entendimiento sobre procesos electorales y “perfeccionamiento del sistema de representación política”.
El régimen invitó a la OEA a la Mesa de Diálogo para que exponga los alcances de ese acuerdo. Los dos representantes del Secretario General primero se reunieron con la Conferencia Episcopal donde se les planteó que “la realidad era muy diferente de cuando vinieron para la última elección”. Los empresarios confían que con ellos se traten “temas de democratización y los mecanismos que te van a llevar a moverte hacia una democracia”.
Pero existe preocupación por la posición que tomó Luis Almagro sobre unas elecciones adelantadas, ya que él acaba de declarar que «las condiciones no están ahora presentes para un proceso electoral justo y transparente», por lo que no son recomendables unas elecciones antes de 2021. Como respuesta a esto, tanto la abogado Azahalea Solís como el Frente Amplio para la Democracia (FAD), alianza opositora excluida de las elecciones de 2016, se opusieron a la presencia de los delegados de la OEA. En su comunicado, el FAD señala su “rechazo a cualquier maniobra de la dictadura de Ortega Murillo que busca, con la complicidad del señor Almagro, eliminar (de la mesa de diálogo) el tema de la salida de Ortega y la democratización del país » .
Crisis en la Mesa
En la reunión de la Mesa de Diálogo del 23 de mayo se mostraron dos posiciones antagónicas, en relación a la exigencia de la democratización del país. Los obispos presentaron una propuesta en la que se destaca: adelanto de las elecciones libres y transparentes, presidenciales, municipales, legislativas y regionales con un nuevo Consejo Supremo Electoral y sin reelección de presidente ni diputaciones constitucionales. Exigen independencia total del Ministerio Público, restablecimiento de la autonomía universitaria y la sujeción a la autoridad civil del Ejército Nacional y la Policía Nacional. Pero el régimen respondió argumentando que esto es un golpe de estado y solo se dedicó a discutir los “tranques” de la carreteras.
La Conferencia Episcopal respondió que «Dado que en este cuarto día de diálogo no se ha logrado un consenso, los obispos suspenden el diálogo plenario» aunque informaron que seguiría una comisión mixta para superar el impase.
Sin duda el régimen fue llevado a la mesa de negociación por los acontecimientos de abril, pero que ceda el poder requerirá más que reuniones y discusiones. En últimas dependerá de la presión que se ejerza sobre el régimen y la ruptura interna que se logre con esa presión. Los venezolanos sabemos que apenas están empezando.