Por William Dávila
En su gran mayoría, el pueblo de Venezuela, tomó la decisión de no participar en la farsa del 20 de mayo, desconociendo las elecciones por ilegítimas.
Finalmente ocurrió lo que debía ocurrir. El régimen de Maduro saltándose a la torera todas las previsiones legales y constitucionales consumó el fraude más grotesco del que se tenga registro en la historia reciente de América Latina.
La federación de intereses que hoy ostenta el poder en Venezuela lo hace en forma ilegítima, ilegal e inconstitucional. No hubo acatamiento a las previsiones constitucionales. Se omitieron los lapsos legales. Se negó la participación de la expresión opositora con la inhabilitación de partidos y líderes. No hubo integridad electoral. Se utilizó la coacción y el chantaje para prefabricar un resultado y como guindilla, incluso el principal contendor manifestó su desconocimiento al proceso. Es un gobierno sin mandato ni legitimidad.
Tres de cada cuatro venezolanos consideran que Maduro debe estar fuera del ejercicio de la presidencia. Es un número contundente que se refleja en el silencio heroico que recorrió los centros electorales en la jornada del domingo 20 de mayo. Sin mandato ni legitimidad no hay gobierno. Lo opuesto a ello es la tiranía.
La ingobernabilidad es la regla en este contexto y la consecuencia directa la vivirá el común. Si quienes hoy acaparan el poder tuviesen un mínimo de amor patrio les corresponde una de dos opciones: renunciar y dar paso a una transición ordenada o convocar un nuevo proceso electoral en acatamiento a la Constitución, que permita la libre expresión del pueblo venezolano para decidir el destino que le corresponderá en los próximos años.
Pese al uso de los más perversos mecanismos de control social implementados por el régimen de Nicolás Maduro Moros, como el carnet de la patria, los puntos rojos y las cajas CLAP, es un hecho público y comunicacional que el pueblo de Venezuela, en su gran mayoría, decidió no participar en la farsa del 20 de mayo, desconociendo un proceso ilegítimo en su origen y que además estuvo plagado de constantes abusos cometidos por el régimen, con la complicidad del Consejo Nacional Electoral y la ilegítima asamblea nacional constituyente.
Es hora de aplicar la Carta Democrática Interamericana con basamento en el fraude grotesco cometido por la tiranía madurista. Es momento de que se adopten medidas para invitar a los gobiernos de los distintos países a fin de que se dirijan en forma conjunta ante la Corte Penal Internacional para denunciar a Maduro por crímenes de lesa humanidad y por la catástrofe humanitaria que ha desencadenado, entre ellas el éxodo masivo de venezolanos, las muertes por falta de medicinas y alimentos, así como el terrible estado de desahucio de áreas básicas y prioritarias como la salud. Oportunamente, en noviembre de 2017, denunciamos ante la Organización de Estados Americanos esta realidad al presentar un informe detallado con fechas y pruebas, un recuento histórico y cronológico sobre las graves violaciones de derechos humanos sistematizados, reiterados y sostenidos en los últimos años por parte del gobierno de Venezuela.
Rescatar la República pasa por restablecer la soberanía popular, que fue desconocida por la tiranía al no dar reconocimiento a la Asamblea Nacional electa por catorce millones de venezolanos, poniendo en marcha un proceso de asedio y vaciamiento competencial por medio de 62 decisiones inconstitucionales emitidas por los juristas del horror que hoy forman parte del Tribunal Supremo de Justicia.
Hoy, como nunca, sobran razones para continuar la lucha. La historia y la verdad nos acompañan. Maduro adelantó el finiquito de su mandato y como nunca está deslegitimado. La Comunidad Internacional apoya nuestra causa y el pueblo de Venezuela en forma cívica y heroica se sumó a este esfuerzo. Hay que repolitizar el país. Ofrecerle una ruta y brindarle alternativas. Es necesaria una visión clara, incluyente, que sume no sólo aritméticamente, sino geométricamente. ¡Sigamos avanzando!