Por Henry Ramos Allup
Fue gracias a la presión internacional que se logró la liberación de un grupo reducido de presos políticos, de los cuales aún quedan 406 en las cárceles venezolanas, advierte el diputado Henry Ramos Allup.
Hace pocos días el régimen excarceló un reducido grupo de presos políticos a quienes sin delito ni juicio ni pruebas ni derecho a la defensa mantenía recluidos por tiempos prolongados. Digo presos políticos igual que si dijera políticos presos, porque viene a ser lo mismo, es decir, gente privada de libertad en razón de sus opiniones y actividades políticas. Señaló el gobierno que se trataba de un gesto espontáneo de su magnanimidad, una prueba más de su deseo de paz y preámbulo para establecer un gran diálogo sincero con todos los sectores del país para encarar y resolver los grandes problemas nacionales. Mentira.
Vayamos por partes para disecar la falaz argumentación del régimen: En primer lugar, no se trató de ningún gesto espontáneo sino la consecuencia de una sostenida presión nacional e internacional para que fuesen liberadas personas privadas de libertad por razones exclusivamente políticas. Los presos políticos son los que más pesan en los expedientes de los gobiernos que violan los derechos humanos y los que más empeoran la de suyo mala reputación de los carceleros, mucho más si tales presos no han cometido delitos ni han sido procesados en juicios justos (muchos ni siquiera han sido enjuiciados) y han padecido incomunicación, extorsión, carecido de alimentación y sanidad adecuados, sometidos a aislamiento y a inimaginables torturas físicas, psíquicas y morales.
En segundo término, no hubo por parte del gobierno intención humanitaria alguna sino un intento desesperado para distender la tirantez internacional a la que se halla sometido como consecuencia de su propia conducta de gobierno fallido y forajido y para aminorar o superar las merecidas sanciones políticas y económicas que le han sido aplicadas lo cual le impide acceder a los recursos que agónicamente requiere después de haber despilfarrado en la ineficiencia y la corrupción las inimaginables cantidades de los cuales ha dispuesto en 19 años de desgobierno.
En tercer lugar, constituyó un recurso del que echó mano para disimular el fracaso del sainete electoral del 20M que en modo alguno le dio credencial de legitimidad ni en nuestro país ni en la comunidad internacional, sólo reconocido por sí mismo y por un grupúsculo de países beneficiarios de regalos dados para comprar solidaridades. Equivocado el régimen si piensa que realizando actos de gobierno que ni el más encarnizado de sus opositores pudiese objetar, cual es la liberación de los presos políticos, adquiriría por carambola la credencial de legitimidad que no obtuvo en el sainete electoral. Las dictaduras siguen siendo tan ilegítimas y tan dictaduras aun cuando liberen sus presos políticos, enmienden sus violaciones al ordenamiento jurídico y realicen el más pulquérrimo acto de gobierno.
Se ha dicho que las liberaciones, ciertamente, no han sido plenas sino limitadas y condicionales porque los excarcelados están sometidos a diversas restricciones. Pero de ahí a sostener que han debido seguir presos antes de aceptar ese tipo de excarcelación con las condiciones impuestas, entre ellas la comparecencia forzosa ante la fulana comisión de la verdad, hay un trecho muy largo. Fácil que alguien que no ha estado preso ni un instante, le exija a quienes lo han estado por años, una conducta distinta a la que observaron los excarcelados para lograr una libertad de la que nunca debieron haber sido privados. Fácil exigirle a alguien, en indolente y ruin absurdidad, que se quede encarcelado mientras quien lo dice se halla en libertad, porque convenga a cierta estrategia irracional que cada vez haya más presos para que así supuestamente el gobierno precipite su caída enésimas veces anunciada.
El régimen informó a los presos, a sus defensores y a quienes intermediaron para lograr su libertad, las condiciones de la excarcelación. Esas condiciones no fueron discutidas sino puestas sobre la mesa para ser meramente aceptadas o rechazadas. Fue el gobierno quien también impuso la exigencia de fiadores expresamente señalados en los gobernadores de Anzoátegui, Nueva Esparta, Mérida y Táchira para colocar un doble cepo sobre ellos: si no aceptaban ser fiadores los exponía al escarnio general por indolentes e insolidarios con los presos políticos y si aceptaban la exigencia, como en efecto la aceptaron, para mantenerlos en vilo bajo amenaza de no se sabe cuál sanción, en caso de que alguno de los afianzados incumpla las condiciones de la excarcelación. Valió la pena asumir estos y otros riesgos a condición de que no quede ni un solo preso político en nuestro país. Sépase que todavía quedan 406 presos políticos aguardando por su liberación incondicional.