Por Williams Dávila
Cumplidos ya los estándares internacionales según los cuales el régimen ha cometido delitos de lesa humanidad, le corresponde ahora a la Corte Penal Internacional tomar cartas en el asunto.
Hoy vemos el informe del panel de expertos independientes que ha considerado, de acuerdo con el artículo 53 del Estatuto de Roma, que hay fundamentos para que la situación de Venezuela sea remitida a la Corte Penal Internacional. Esta es una lucha en contra de la impunidad y debo reivindicar el esfuerzo que hemos hecho todos en la Asamblea Nacional, porque no olvidemos que cuando en la Organización de Estados Americanos (OEA) ni siquiera nos recibían. Estas causas de los derechos humanos no eran atendidas.
Comenzamos enero de 2016 con todo un trajín de ir parlamento por parlamento, cancillería por cancillería, con criterios que emanaban de la Presidencia de la Asamblea Nacional y que recogíamos, precisamente, en la Comisión Permanente de Política Exterior e hicimos todo un peregrinaje, gobierno tras gobierno, para explicarle al mundo lo que acá estaba aconteciendo.
Digo estas cosas porque así comenzó el proceso de este informe. Los estados miembros de la Organización de Estados Americanos tienen un rol histórico que cumplir de acuerdo a su carta fundacional. Por eso, a partir del año 2000 existe la Carta Democrática Interamericana en la OEA y comienza a desarrollarse un derecho internacional de los derechos humanos en América. Dentro del contexto de la globalización del mundo, comienza a desarrollarse el derecho internacional de los derechos humanos aquí en América. La OEA lo asume.
Después del 2016, con todas las circunstancias ocurridas en el país, cuatro reportes previos realizaron en la OEA, diciéndole a Nicolás Maduro que tenía que entender que se estaban violando por completo los derechos humanos en Venezuela, que había torturas, que había violación, persecución, agresiones y que tomara en consideración esas decisiones y esas recomendaciones que estaba dando la Organización de Estados Americanos.
Nicolás Maduro a eso no le prestó ningún tipo de atención y llegamos al 14 de septiembre de 2017 cuando el Secretario General de la OEA designa un panel de expertos independientes que, dentro del proceso y la metodología de trabajo, desarrollaron tres tipos de audiencia en las cuales participaron 26 testigos, entre ellos estuvimos dos diputados, uno de esos mi persona.
Llevé un informe que posteriormente fue aprobado el 28 de noviembre en la Asamblea Nacional, contentivo de las violaciones y agresiones contra la Asamblea Nacional. Esa es la lucha que hemos venido librando. No ha sido una lucha quijotesca ni retórica. Es que, justamente, dentro de ese informe del panel de expertos se considera como un delito de lesa humanidad los arrestos ilegales y la privación de libertad de los diputados; las agresiones verbales y físicas durante las sesiones legislativas en el recinto del órgano legislativo y en áreas aledañas; los ataques a la Asamblea Nacional en el transcurso de sus debates por parte de grupos armados partidarios del Gobierno, respaldados por fuerzas de seguridad del Estado; la persecución, el hostigamiento e intimidación de miembros del órgano legislativo, su familia, su personal y sus bienes; las prácticas lesivas a la inmunidad parlamentaria y al ejercicios de las funciones parlamentarias.
Los ataques a la Asamblea Nacional, en el transcurso de sus debates, por parte de grupos armados partidarios del Gobierno y respaldados por fuerzas de seguridad del Estado; la persecución, hostigamiento e intimidación a miembros del órgano legislativo, a sus familias, a su personal y sus bienes; las prácticas lesivas a la inmunidad parlamentaria y al ejercicio de las funciones parlamentarias, al igual que ocurrió en los casos -dice el informe- de los alcaldes de la oposición ya mencionados, con el pasaporte y la cédula de identidad que fueron anulados. Todo esto es una práctica sistemática contra quienes hacen declaraciones contra el Gobierno Nacional.
Se ha defendido la Asamblea Nacional. Hemos actuado como se debe actuar, asumiendo los riesgos y los retos correspondientes. Pero hoy día vemos que ese informe, que al final determina que el prosecutor, es decir, el fiscal, solicita a la Corte Penal Internacional, de acuerdo al artículo 53, que se han cumplido los estándares de prueba para señalar que la situación de Venezuela sí significa un delito de lesa humanidad.
Estamos en presencia de un régimen que ha cometido delitos de lesa humanidad, y aquella famosa frase que se hizo común después de la Segunda Guerra Mundial: “Nunca más”, significa que la gente nunca debe permanecer impasible cuando hay crímenes de lesa humanidad. Nuestra lucha es contra la impunidad, en beneficio de Venezuela. ¡Seguiremos adelante!