*Los gravísimos errores de Chávez en materia de soberanía y reclamo del Esequibo.
Por Alfredo Michelena, ex Secretario Ejecutivo de la Comisión Presidencial para Asuntos Fronterizos y Director de Cooperación con el Caribe y Centro América en la Cancillería Venezolana. El autor de ese informe sobre lo que ocurre actualmente en materia del reclamo del territorio Esequibo, es quizás una de las voces mejor informadas y objetivas en relación al tema de Esequibo. He aquí, lo que informa.
Reclamo del Esequibo al 21 de junio 2018
Uno tras otro los errores cometidos por el chavismo hicieron triunfar la estrategia de Guyana de llevar a Venezuela a la Corte Internacional de Justicia. Ahora, puestos a la defensiva, tenemos menos posibilidades de reivindicar el despojo que nos hicieron los ingleses del territorio Esequibo.
Las posibilidades de recuperar el Esequibo, esa tierra que nos legó Bolívar cuando nos liberó de España y que corresponde a nuestro territorio según la Constitución, se hacen cada día más difíciles. Y en esta desgracia la contribución del chavismo ha sido capital.
Del ruso vendido, al Acuerdo de Ginebra
Frente a la invasión inglesa de nuestro territorio y la incapacidad de Venezuela de detenerla, los venezolanos recurrimos a los EE.UU. para que con base a la Doctrina Monroe presionara a los ingleses en búsqueda de una solución negociada. Así en 1897, los ingleses se sentaron a negociar los límites territoriales con Guyana, solo que Venezuela no pudo participar directamente y EE.UU. representó nuestros intereses frente a los Ingleses, más un tercero “independiente”, Friedrich Martens, un profesor y funcionario ruso quien fungió como presidente del Tribunal.
El ruso al final se cuadró con los ingleses y forzó la línea que ahora conocemos, como consta en una carta escrita por Severo Mallet-Prevost, secretario oficial de nuestra delegación. Apenas se logró que los ingleses no controlaran las bocas del Orinoco pero obtuvieron más del 90% del territorio usurpado. Se protestó, pero al final se firmó y se delimitó lo acordado.
Con la vuelta a la democracia en Venezuela y los procesos de descolonización, estaba en el interés de los británicos que al dar la independencia a la Guyana Británica esta fuera aceptada por el resto del mundo, por lo que un acuerdo con Venezuela era importante. Entonces firmaron en 1966, el Acuerdo de Ginebra y ese mismo año Venezuela reconoció al Estado de Guyana.
El Acuerdo parte del principio que “cualquiera controversia pendiente entre Venezuela por una parte, y el Reino Unido y Guyana Británica por la otra…debe,…, ser amistosamente resuelta”. En particular la controversia “consecuencia de la contención venezolana de que el Laudo arbitral de 1899 sobre la frontera entre Venezuela y Guyana Británica es nulo e irrito “ y que esta solución debe buscarse a través de “un arreglo práctico de la controversia”.
Del 66 hasta ahora
Durante los años de los gobiernos democráticos, luego de que no se pudo alcanzar lo previsto en el Acuerdo de Ginebra de que una Comisión Mixta llegara a alguna solución en cuatro años, se congela la negociación por 12 años a través del Protocolo de Puerto España de 1970. Al caducar este protocolo, Venezuela propone la negociación bilateral directa, pero Guyana contrapropone el arreglo judicial. Entonces se pone en manos del Secretario Genera (SG) de la ONU, que en 1982 era Javier Pérez de Cuellar, la selección del medio de Solución Pacifica, según el artículo 33 de la Carta de la ONU, como se prevé en el art IV del Acuerdo de Ginebra. Pero no es sino hasta 1987 que se acepta la figura del Buen Oficiante.
Luego de casi 27 años y tres “buenos oficiantes” el mecanismo mostró su inutilidad. Pero lo que más cambió el panorama en relación al Esequibo ha sido la llegada de Chávez al poder.
Primero, Chávez cambió la política que había mantenido la Venezuela democrática y aseguró que no se opondría a que se desarrollaran proyectos en la zona, asunto que inmediatamente agradeció el gobierno guyanés. Luego dejó claro que la reclamación era un asunto olvidado y que respondía a una posición imperialista para evitar que un gobierno socialista se instalara en Guyana, tesis de los guyaneses y de los Castro. Tercero, asumió una posición de acercamiento al gobierno guyanés con base a que compartían una ideología socialista, tanto así, que el embajador en Venezuela llegó a pedir que por esa hermandad socialista nos olvidáramos de la reclamación. Finalmente, negoció con el Caricom no insistir en la reclamación por su apoyo internacional en su primer intento, fallido, de llegar al Consejo de Seguridad y luego para controlar la OEA.
A la corte
En 2014 muere el último “buen oficiante”. El método había logrado poco y lo poco que se logró se revirtió con la llegada del chavismo al poder. En todo caso los responsables de mantener al Buen Oficiante como método, como parecía ser la posición del régimen, fracasaron.
Ban Ki-moon, SG de la ONU, convencido de que el método estaba agotado y seguramente persuadido por Guyana y sus aliados, recomendó a su sucesor optar por la Corte Internacional de Justicia. Ni Roy Chaderton, como responsable, ni Rafael Ramírez como embajador ante la ONU, ni los Cancilleres Delcy Rodríguez o Jorge Arreaza, pudieron convencerlo de que no optara por la solución que tanto habían solicitado los guyaneses. Rotundo fracaso de la diplomacia chavista.
Un último intento hizo el nuevo SG, António Guterres, quien nombró como Buen Oficiante a Dag Halvor Nylander, un noruego que había participado con Chaderton en las negociaciones de paz entre las FARC y el gobierno colombiano. El portugués puso tres condiciones: primero “el Proceso de Buenos Oficios … continuará hasta el final de 2017”. Segundo, el nuevo oficiante tiene “un mandato reforzado de mediación”; y tercero, si no se avanza, se “ elegirá la Corte Internacional de Justicia (CIJ) como el siguiente medio de solución, a menos de que los Gobiernos de Guyana y Venezuela conjuntamente le pidan que no lo haga”.
El año pasó y como era esperado, no hubo acuerdo. Entonces Guterres, en un comunicado del 30 de enero pasado, deja claro que había “cumplido con la responsabilidad que le ha correspondido dentro del marco establecido por su predecesor en diciembre de 2016, y ha escogido a la Corte Internacional de Justicia como el medio a ser utilizado para la resolución de la controversia”.
Opciones
Guyana no esperó mucho y el 28 de marzo de 2018 informó que había introducido una solicitud ante la CIJ para “que confirme la validez legal y el carácter vinculante del Laudo Arbitral de 1899 sobre la frontera entre Guyana y Venezuela”. Esta es la base de la argumentación de Guyana, mientras la de Venezuela lo que está planteado es la aplicación del Acuerdo de Ginebra. Para nuestro país el argumento se basa en que el contencioso con Guyana debe ser resuelto de una manera amistosa que satisfaga a las partes, por lo que una salida judicial no sería apropiada.
Si descartamos la fórmula de aceptar la competencia de la CIJ para resolver este asunto, quedarían dos formas de rechazar dicha competencia: “participar en el proceso preliminar o incidental que se abre para que se determine si la Corte es o no competente … o simplemente no comparecer”, como dice el embajador Víctor Rodríguez.
No compadecer, opción que ha tomado el régimen, implica que Venezuela no podrá exponer las razones por las cuales la CIJ no es competente para resolver la controversia ni rebatir que el tema es “la validez legal y el carácter vinculante del Laudo Arbitral”, ni mucho menos argumentar la centralidad del Acuerdo de Ginebra que establece la necesidad de llegar a un arreglo práctico y satisfactorio para ambas partes, de lo que se deriva que una solución judicial, en especial si no se ha acordado por las partes, no es factible.
Tampoco se podrá argumentar que Venezuela nunca ha aceptado la jurisdicción de la Corte. Sin embargo, nos dice el embajador Rodríguez, “la no comparecencia, …, no supone que la Corte adjudicará las conclusiones del demandante sin tomar en cuenta las posiciones del demandado”. Aunque sin duda la comparecencia hubiera permitido que la Corte escuchara directamente todos nuestros argumentos. Como dice el embajador Milos Alcalay: “la ausencia de una de las delegaciones puede ser un obstáculo para las reivindicaciones”.
Los argumentos de Guyana
Frente al argumento de que lo judicial no tiene cabida en la solución de la controversia, los guyaneses insisten en que debido a que el Acuerdo de Ginebra da cabida al artículo 33 de la Carta de la ONU y en el inventario de mecanismos que lista para resolver diferencia, está el “arreglo judicial”, esto de por sí implica que debe aceptar a la CIJ. Lo que pasa es que hay otros tribunales y arreglos judiciales internacionales que también podrían utilizarse. Además de que en ese artículo hay otros medios que también se pudieran probar como “la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación y el arbitraje”, donde la satisfacción de las partes está más asegurada.
Sobre si la CIJ tiene jurisdicción ya que Venezuela ni la ha solicitado, ni ha aceptado la jurisdicción de ella, el lado guyanés argumenta que » la Corte ya está operando como si tuviera jurisdicción, debido a que lo hace por petición del Secretario General, y no de un Estado Parte. La propia ONU se ha «movido» e invocado la jurisdicción de la Corte y no Guyana, por lo que la CIJ está obligada a responder «. Adicionalmente, Guyana asegura que aunque Venezuela no accione ante la CIJ, si esta toma una decisión ella deberá ser acatada.
Sobre no asistir, como ha optado el régimen, la Cancillería guyanesa argumenta, con base al artículo 53 del Estatuto del tribunal, que «cuando una de las partes no comparece ante el Tribunal o no defiende su caso, la otra Parte puede solicitar al Tribunal que decida a favor de su reclamo «. Pero esto solo se aplicaría, nos dice el embajador Julio César Pineda, “cuando ambas partes aceptan las competencias de la Corte y acuerdan comparecer”.
Finalmente, una fuente citada por diario guyanés Demerara Waves , mostró la posibilidad de que el asunto se eleve a otra instancia. Pare ello Venezuela generaría condiciones de intranquilidad. «… una situación que provoque una distracción y así trasladar este asunto de la CIJ posiblemente al Consejo de Seguridad, por lo que ya no es un asunto legal sino una cuestión de paz y seguridad regional». Por cierto este Consejo es también parte del lo previsto en el artículo 33 de la Carta de la ONU. Esto transformaría el tema en un tema de política internacional.
Las falencias chavistas
En todo caso Guyana se ha venido preparando para ir a la CIJ por años y ha dedicado tiempo y dinero para conseguir los mejores argumentos y los mejores asesores. Sobre Venezuela solo conocemos las cabezas de la “Comisión Presidencial para Asuntos Limítrofes” y a juzgar por ellos, tenemos las de perder.
Por ahora solo sabemos que Delcy Rodríguez como vicepresidente, acompañada por el canciller Arreaza, el 18 de junio de 2018 asistió “a la reunión convocada por el Presidente de la Corte Internacional de Justicia, Sr. Abdulqawi Ahmed Yusuf, en relación con la demanda unilateral presentada por la República Cooperativa de Guyana contra la República Bolivariana de Venezuela respecto a la Guayana Esequiba”, según dice el comunicado difundido y que se le entregó una carta de Maduro donde le comunica “su decisión soberana de no participar en el procedimiento que pretende incoar Guyana, por carecer la Corte manifiestamente de jurisdicción sobre una acción planteada unilateralmente por el país vecino, que no cuenta con el consentimiento de Venezuela”.
En todo caso estamos en lo prolegómenos de este largo proceso, pero el chavismo comprometió mucho nuestra posición. Primero con las políticas y posiciones de Chávez sobre la controversia; segundo por bajar la guardia sobre este tema para buscar un apoyo internacional que ahora está en picada; tercero por la ineficiencia de la diplomacia chavista de buscar alternativas posibles frente al evidente fracaso de los Buenos Oficios; y peor aún, por no haber presionado al SG para que buscara una alternativa intermedia antes de llegar a la Corte. Eso para no hablar de la exigua preparación que suponemos de quienes están a cargo de nuestra defensa.
Alta responsabilidad de la Fuerza Armada
En esto no podemos olvidar a los militares, garantes de la soberanía territorial venezolana que serán responsables no solo por no defenderla, sino por mantener un régimen que no ha sabido hacerlo.
Lo que corresponde ahora es mantener un seguimiento del proceso y diseñar una estrategia alternativa, pero la comprobada ineficiencia del régimen no da buenos augurios.
Mientras tanto, los taladros petroleros siguen su viaje hacia las profundidades marinas para convertir a Guyana en una alternativa a una Venezuela que se apoca como productora de petróleo.