Por Rafael Simón Jiménez
El actual gobierno ha logrado un objetivo perverso: saquear y demoler el prestigio así como la capacidad productiva y financiera de PDVSA.
La destrucción y quiebra de Petróleos de Venezuela es el mejor y más lapidario ejemplo del carácter depredador de quienes por casi veinte años han ejercido el poder en Venezuela habiendo llevado al país a la peor situación de toda su historia. La situación de postración productiva y la decadencia pronunciada de su capacidad financiera y operativa retrata de cuerpo entero la cleptocracia que, desde la gerencia de la empresa, se ha encargado de colapsar a la que fuera otrora una de las petroleras más eficientes y prestigiosas del mundo.
La caída mes a mes de la producción de crudos, la importación creciente de productos, el incumplimiento con clientes y proveedores, el impago de sus deudas comerciales y financieras y el saqueo de sus finanzas, son el mejor ejemplo de un mal manejo; donde la ineficacia y la corrupción han ido de la mano hasta generar una situación que incluso compromete la continuidad de las exportaciones petroleras con todas sus consecuencias sobre las finanzas públicas del país.
Durante largos años, distintos sectores, incluso desde el interior de la industria petrolera, formularon fundamentadas denuncias sobre la mafia de negociados ilícitos y corrupción enquistada en PDVSA y al frente de la cual permaneció por años Rafael Ramírez -auténtico zar de las finanzas y de la industria de los hidrocarburos. Todos esos señalamientos que involucraban la pérdida de miles de millones de dólares fueron descalificados y desestimados por voceros gubernamentales que una y otra vez se rasgaron las vestiduras en defensa del ministro de Energía y presidente de la estatal Petrolera, al cual defendían y daban cada día más poderes mientras al interior de la empresa pública se incubaba un proceso de inoperatividad, desinversión, dilapidación de recursos y desfase tecnológico que terminarían por producir un auténtico colapso productivo.
Desde que Ramírez entró en conflicto político con sus antiguos compañeros de “revolución“, la Contraloría de la Republica, el Ministerio Público y los tribunales competentes dieron curso a numerosas denuncias en contra de su desempeño y gestión, acumulándose por decenas los expedientes donde se sustanciaron innumerables casos de corrupción, negocios ilícitos, contrataciones desventajosas, fraudes y peculados, cuyos montos superan con creces los veinte mil millones de dólares, poniendo en evidencia la justificación y pertinencia de las denuncias formuladas durante años y desestimadas en un ejercicio perverso de complicidad y alcahuetería política.
La situación de PDVSA es cada día de mayor precariedad y vulnerabilidad, porque la gerencia depredadora y ladrona encabezada por Ramírez, muchos de cuyos miembros están detenidos o en fuga, ha sido sustituida por personajes improvisados, desconocedores de las peculiaridades de un negocio cada vez más exigente y competitivo, y que ni siquiera son garantía de un mejoramiento ético en su desempeño, todo lo cual ha conducido a una mengua mes a mes en los volúmenes de producción y exportación, hasta comprometer incluso la posibilidad de que Venezuela por primera vez en casi cien años deje de ser exportadora de crudos.
El actual gobierno, con su insuperable capacidad depredadora y destructiva, ha logrado un objetivo perverso que parecía inaccesible a cualquier grupo humano, el de saquear y demoler el prestigio, la capacidad operativa, productiva y financiera de una de las empresas petroleras más prestigiosas, eficientes y solventes del planeta.