Por Jaime Granda
*Hay un disfraz de enmienda, pero el Gobierno sigue enredado en varios círculos viciosos.
Apartando prejuicios ideológicos, políticos y sociales se pueden vislumbrar algunas señales en el Gobierno o en el grupo gobernante que apuntan a solucionar la crisis social, económica, política y humanitaria que sufre este país petrolero.
Aunque es evidente que en el Gobierno hay versiones distintas de lo que es el socialismo, desde Cuba los están apuntalando en el sentido de apartar dogmatismos, especialmente en materia económica.
Una de esas señales es el ascenso del militar oriental Diosdado Cabello a la presidencia de la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Viendo todo en frío, Cabello es menos dogmático que el presidente Nicolás Maduro. Como en la práctica la ANC ha sustituido a la legítima Asamblea Nacional (AN), la circunstancia de que Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), sea quien domine ahora la ANC es una posibilidad de que algún organismo controle al grupo de Nicolás Maduro y su mini-partido “Somos Venezuela”, del cual es máxima representante Delcy Rodríguez, quien de presidenta de la ANC pasó a ser Vicepresidenta Ejecutiva de la República.
La primera vicepresidencia de la ANC corresponde a Tania Díaz, y la segunda a Elvis Amoroso, ambos fichas del PSUV.
Cabello hizo referencia a que la ANC cumplirá el próximo primero de agosto su primer año de gestión y recordó que «tiene un mandato de al menos dos años, pero puede seguir por más tiempo” y mientras se mantenga en vigencia, atenderá las responsabilidades que implica la Constitución y las de la AN, a la que el Gobierno sigue considerando en desacato.
El martes 19 después de su designación por mayoría, Cabello solicitó a los constituyentes que presentaran sus propuestas y sugerencias para aplicar mejoras durante su mandato y comentó: «no hacemos nada con aprobar leyes si no somos capaces de ponerlas en práctica».
Queda evidente que la ANC en manos de Diosdado Cabello es un necesario contrapeso al Poder Ejecutivo y esto se vio de inmediato con la remoción de Ramón Lobo de la presidencia del Banco Central de Venezuela (BCV), contra quien varios economistas de esa institución emitieron denuncias sobre la destrucción de la misma en los últimos meses. Los economistas fueron claros en oponerse a que el BCV se haya convertido en una especie de fracción del PSUV. A ello se agrega en el BCV la ausencia de gremios que defiendan a los trabajadores, debido a que los existentes son apéndices del Directorio del BCV.
Frente a todo eso no se puede negar la respuesta de la ANC el mismo martes 19 al designar como nuevo presidente del BCV a Calixto Ortega Sánchez, cuyo perfil profesional está por encima de sus nexos familiares con un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, con el mismo nombre y apellido paterno, de quien es sobrino.
El nuevo presidente del BCV posee estudios sobre Banca y Finanzas en la Universidad de Londres (LSE). Tiene un MBA de la Escuela de Negocios Jones Graduate de la Universidad de Rice, una Maestría en Gestión de Políticas Económicas (MPA) de la Universidad de Columbia y una Licenciatura en Ingeniería Industrial de la Universidad del Zulia. Además, es miembro de organizaciones como The Economic Club of New York.
Ha sido vicepresidente de Citgo, la petrolera en Estados Unidos, como asesor principal de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y ha ocupado cargos diplomáticos en la Organización de Naciones Unidas (ONU) y de cónsul de Venezuela en Houston y Nueva York.
Sin duda que tiene perfil para asumir el reto que representa rescatar la economía venezolana, como se dijo el día de su nombramiento.
Otras señales
Más allá de lo negativo que muchos ven en el valor del ahora llamado “Dólar remesa”, es una señal de sinceramiento de la realidad económica del país. El hecho de que cada dólar enviado a través de remesas desde el exterior sea cambiado a 2 millones 200 mil bolívares es una bendición para las familias que dependen de esos envíos y pasan por las arcas oficiales. (El cambio libre en este momento roza los 3 millones de Bs. por cada dólar).
El gobierno admite sus carencias de divisas y eso es positivo. El diario Panorama en su primera página del domingo 17 de junio, destacó la realidad del manejo equivocado de las divisas en Venezuela: En una década las reservas se desplomaron 80%.
Al final, ganan las casas de cambio, que están cobrando entre 12 y 13% de comisión.
Otra señal es que el sábado 16 de junio, los diputados Williams Dávila, presidente de la comisión para la Defensa del Esequibo; y Francisco Sucre, presidente de la Comisión de Política Exterior de la AN, alertaron que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) no tiene competencia jurisdiccional para conocer el conflicto de Venezuela y Guyana por el territorio Esequibo y criticaron el silencio del Gobierno sobre lo anunciado por esa instancia de la ONU. Los diputados opositores al Gobierno recomendaron agotar el Acuerdo de Ginebra como mecanismo de solución entre las partes. Son unos valiosos 159.000 kilómetros cuadrados en disputa.
El lunes 18 de junio, el Gobierno de Venezuela notificó a la CIJ que no participará en el juicio que inició Guyana para dirimir una centenaria disputa fronteriza, debido a que esa instancia carece «manifiestamente de jurisdicción» y se trató de una «acción planteada unilateralmente» por el país vecino.
Otras señales incluyen la disminución de militares en el gabinete ministerial del presidente Nicolás Maduro y la liberación de más presos políticos en todo el país. Todo eso puede que sea maquillaje, como dicen varios analistas que apuntan a la inclusión de presos de derecho común en ese grupo y las restricciones que siguen pesando en los “liberados”, siendo la intención calculada para disminuir las razones del rechazo y sanciones internacionales contra el Gobierno, pero es lo que hay, por ahora.
Algo similar puede decirse sobre el nombramiento de Magaly Gutiérrez Viña como presidenta del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), ya que corrió el rumor de que ese cargo sería para el cuestionado funcionario que ahora dirige el intervenido Saime.
El ex ministro chavista Jesús Faría dijo el domingo en Panorama que exagerar expectativas con el Petro, moneda virtual anunciada en diciembre de 2017, un instrumento con evidentes restricciones, como hacen 25 economistas que enviaron documento al presidente Nicolás Maduro, le resta seriedad al documento.
Contrario a lo que plantean esos economistas – dijo Faría- “el Petro no puede sustentar las operaciones internacionales del país, dadas las condiciones políticas y económicas de nuestro entorno internacional”.
Lo interesante es que el jueves 21 se supo que el gobierno destituyó a Carlos Vargas, superintendente de Criptoactivos, y en su lugar designó a Joselit Ramírez.
El economista Víctor Álvarez opinó que la destitución se debe a que Vargas no concretó la implantación del Petro en los seis meses que estuvo al frente de la Superintendencia.
“La medida es una revelación de que no se cumplieron los objetivos, metas y expectativas de obtener 5 millardos de dólares del Petro, materia que desapareció prácticamente del discurso oficial”, dijo Álvarez, quien agregó que el Ejecutivo cometió muchos errores con el Petro. “Para captar la confianza de los inversionistas habrá que corregir el pecado original y cumplir con la Constitución y la Ley de Hidrocarburos, y que sea aprobado por la Asamblea Nacional”.
Igualmente es interesante que el nuevo ministro del Trabajo, Eduardo Piñate, haya corregido la plana al presidente Nicolás Maduro en cuanto a la vigencia del nuevo aumento salarial.
El presidente dijo el miércoles que el nuevo aumento regía desde ese mismo día, pero horas después el ministro Piñate explicó que ese aumento y el de las pensiones regirá a partir del primero de julio.
Con el incremento del salario mínimo a 3.000.000 de bolívares y el aumento del cesta ticket a 2.196.000 bolívares, el ingreso mínimo integral se ubica en 5.196.000 bolívares.
Las pensiones del IVSS a los adultos mayores subieron a 3.000.000 de bolívares mensuales; y el incremento del bono de guerra económica a 1.200.000 bolívares, lo que al mes suma un ingreso integral de 4.200.000 bolívares.
Algunos expertos ligados al Gobierno admiten que aumentar los salarios a cada rato es parte de los círculos viciosos en los que el grupo gobernante se mueve y que deberán ser analizados sin exagerados dogmatismos y superados en el próximo Congreso del PSUV.