Por Rafael Simón Jiménez
La inacción del sistema judicial venezolano ante las denuncias de violaciones de derechos humanos llevó al Consejo de derechos Humanos de la ONU a pasar el caso Venezolano a la Corte Penal Internacional.
El reciente informe del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, es revelador sobre el deterioro de la situación de los Derechos Humanos en Venezuela y la puesta en escena por parte del régimen de un patrón sistemático de violaciones a los mismos, pudiendo prefigurar delitos de lesa humanidad en perjuicio de la población civil.
A pesar de la opacidad de la información oficial, y de la negativa sistemática del gobierno a permitir la inspección sobre el terreno de las organizaciones regionales y universales de derechos humanos, en el mundo global y con la multiplicidad de fuentes de información confiables, ha sido posible acopiar y documentar miles de violaciones a los derechos fundamentales, las cuales incluyen numerosos casos de torturas, desapariciones ilegales, detenciones arbitrarias, supresión de libertades, violación al debido proceso, y la utilización del sistema de justicia como instrumento para la persecución y criminalización de los opositores políticos.
Llama la atención en particular la requisitoria que se formula desde este alto organismo del sistema universal de derechos humanos en relación a la impunidad de los violadores, y la ausencia de toda confiabilidad, imparcialidad, transparencia e imparcialidad del poder judicial venezolano, sometido obedientemente a los dictámenes y órdenes del poder ejecutivo, lo cual en la práctica se transforma en una ausencia total del Estado de derecho.
Desde hace más de quince años, el gobierno venezolano ha negado una y otra vez la posibilidad de realizar las denominadas visitas in loco, tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como del propio Consejo de la ONU, tal conducta delata en sí misma una conducta omisiva y transgresora, pocas veces vista en el continente, pues hasta las dictaduras genocidas de los generales Videla y Pinochet permitieron tales inspecciones en Argentina y Chile, en medio de numerosas denuncias internacionales sobre desapariciones y crímenes políticos.
El Consejo de derechos Humanos, como ya lo habían formulado un panel de especialistas convocados por la Organización de Estados Americanos (OEA) ha decidido pasar el caso Venezolano a conocimiento de la Corte Penal Internacional, pues aun cuando la jurisdicción de esta instancia internacional es complementaria de las competencias de los sistemas judiciales nacionales, se ha llegado a la conclusión de que la postración e inacción del sistema judicial venezolano frente a las denuncias por violaciones de derechos humanos, es de tal naturaleza que no hace falta agotar la denominada jurisdicción nacional o interna porque esta de hecho no existe para investigar y sancionar estos hechos.
Frente a las sanciones, requerimientos y acusaciones de cada vez mayor número de países y organismos internacionales, en relación al deterioro de la democracia, la libertad y el respeto por los derechos humanos en el país, la respuesta del régimen sigue siendo la misma, invocar la soberanía y la autodeterminación, como si estos manidos conceptos pudieran alegarse para amparar crímenes, violaciones y agresiones contra los derechos de los ciudadanos.
Afortunadamente, el mundo (luego de tantas tragedias, atropellos y despotismos) se ha compactado en torno a la promoción y defensa de los derechos fundamentales de los seres humanos, pues a ningún gobierno le está autorizado agredir y atropellar sistemáticamente a sus ciudadanos, creyéndose una isla, en la cual puedan impunemente cometer todo tipo de tropelías.