Por J. Gerson Revanales
El gobierno, frente a la demanda incoada por Guyana ante la CIJ por su falta de profesionalidad y amor a la patria, se encuentra «Atrapado sin salida» como el célebre film estelarizado por Jack Nicholson.
El estar atrapados sin salida ante la Corte Internacional de Justicia tiene varias razones. A pesar de los anuncios hechos por el anterior secretario general de la ONU, Sr. Ban Ki Moon y el actual Sr. Antonio Guterres de que «si para finales de 2017 no había avances significativos, el asunto se llevaría ante la CIJ», la demanda introducida por Guyana el pasado 29 de marzo no debió tomar por sorpresa al Sr. Maduro.
Para nadie es un secreto que el desastre en las políticas públicas ha hecho de Venezuela un Estado dislocado. A lo largo de 20 años ha sido imposible que el gobierno atienda algunas de las recomendaciones que se le han hecho en diferentes temas públicos. En el caso del Esequibo se había advertido sobre la inconveniencia de las declaraciones de Chávez y la indiferencia del Sr. Maduro frente a las pretensiones de Guyana y las empresas transnacionales. En consecuencia, el gobierno (ante la demanda del gobierno de Guyana) no le quedó otra opción sino recurrir a un comunicado de prensa que pudo ser emitido desde Caracas.
Luego del silencio oficial ante la citación del presidente de la CIJ Abdulqawi Yusuf, el gobierno sorprendió con que la Vicepresidente y el Ministro de Relaciones Exteriores se desplazaron a la Haya bien provistos de viáticos y pasajes con una pírrica declaración, emitida no sabemos si desde uno de los pasillos de la Corte o el lobby del hotel cinco estrellas donde llegaron. Decimos pírrica porque ante la gravedad de la situación una declaración es una misiva que no tiene la envergadura y fortaleza de una nota de Cancillería o un oficio del Canciller al Presidente de la Corte. En nuestra opinión, el Sr. Maduro perdió la oportunidad de dar una muestra de unidad nacional, cuando pudo haber invitado a Miraflores a la Asamblea Nacional legítima, a las FF.AA; a los poderes públicos, a las academias, a las universidades para dejar claro ante el mundo la posición de Venezuela.
Ahora la situación se salió de las manos: según el art. 53 del estatuto de la CIJ, en sus párrafos 1° y 2°, este establece que: «cuando una de las partes no comparezca ante la Corte, o se abstenga de defender su caso, la otra parte podrá pedir a la Corte que decida a su favor«. Al respecto, la Corte deberá asegurarse no sólo de que tiene competencia conforme a las disposiciones de los artículos 36 y 37, sino también de que la demanda está bien fundada en cuanto a los hechos y al derecho; es decir, la reclamación queda al buen entender y juicio de los magistrados que revisaran la demanda guyanesa
Lo que queda es ligar que a pesar de la honestidad y profesionalidad de los 15 jueces que integran la Corte, una vez revisen tanto su competencia como la fundamentación de la misma, rechacen la solicitud de Guyana y regresen el caso al Secretario de la ONU, a los fines de continuar utilizando medios políticos diplomáticos en una reclamación que Chávez ab inicio entregó a Guyana con sus irresponsables declaraciones e inacción del Sr. Maduro en la defensa del Esequibo.