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Tamara Suju enfocada en denuncia contra Maduro en la CPI

La abogado penalista y especialista en Derechos Humanos Tamara Suju se encuentra actualmente enfocada en la denuncia que introdujo en contra de Nicolás Maduro y sus altos funcionarios ante la Corte Penal Internacional, que el pasado 8 de febrero abrió un examen preliminar para analizar los delitos cometidos por el gobierno durante las protestas de 2017.

Entre las denuncias recibidas por Suju, quien es directora ejecutiva del Instituto Casla, figuran desapariciones forzosas, ejecuciones extrajudiciales en manifestaciones, violencia excesiva, torturas físicas, psicológicas y sexuales; puntapiés en todo el cuerpo, asfixias con bolsas plásticas llenas de polvos tóxicos, colgamientos con las muñecas esposadas, descargas eléctricas en varias partes del cuerpo, en especial en los genitales; posiciones en cuclillas durante largos períodos, cortadas en los pies con navajas; y amenazas de muerte, violación o con hacerle daño a la familia de la víctima.

“Todas las torturas han sido aplicadas de forma indiscriminada sin tomar en cuenta sexo ni edad. Es decir: niñas, niños, personas de la tercera edad, todos han sido torturados de la misma forma”, explica la abogado quien tuvo que exiliarse en 2014 porque fue acusada por el gobierno por conspiración en varias ocasiones. Pero su persecución comenzó en 2005, cuando fue señalada de traición a la patria con Nicolás Maduro como presidente de la Asamblea Nacional. Después hubo denuncias en su contra por desestabilización en los años 2009, 2010, 2011 y 2012. Ella defendía a los jóvenes que protestaban o hacían huelgas de hambre.

En el año 2014  fue citada por la Fiscalía General a declarar con carácter de testigo en el Sebin de El Helicoide. Tras cinco horas de interrogatorio, le dijeron que la próxima vez que fuera convocada sería con carácter de imputada. Apareció en los programas de Mario Silva y Diosdado Cabello, donde siguieron las vinculaciones con un complot. Después de sufrir dos robos, entre ellos uno por parte de dos motorizados de la Dgcim, decidió salir del país.

“Mi trabajo siempre fue con organizaciones internacionales de protección. Para yo poder seguir trabajando y seguir siendo útil para mi país tenía que salir antes de que me lo prohibieran o me encarcelaran. Yo no les iba a dar el gusto de ser presa de una tiranía”, dijo la especialista en Derechos Humanos.

En julio de 2016, Sujú presentó una denuncia por tortura sistemática ante la CPI con aproximadamente 55 incidencias en Venezuela desde la época de Hugo Chávez hasta los tres primeros años del gobierno de Nicolás Maduro. El expediente ha sido alimentado con más incidencias hasta llegar a un total de 99 antes de que se abriera el examen preliminar. El número de víctimas afectadas es de más de 400 personas.

La abogada también aportó al informe que Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, entregó en mayo de este año a la CPI. En su testimonio están descritas de manera sistemática las torturas por las que el gobierno ha sido acusado. Otorgó al organismo 289 casos y 67 incidencias.

“Mi informe ante la CPI está especializado en las torturas. Durante muchos años trabajé sobre esto. Yo describo la tortura como uno de los métodos que utiliza el gobierno para tratar de controlar la disidencia, los líderes políticos, los distintos movimientos juveniles. La diferencia con el informe de la OEA es que ahí ellos describen otros crímenes de lesa humanidad como asesinato, detenciones forzosas y violencia sexual”, señala Sujú.

A mediados de mayo Sujú denunció ante la CPI a 94 funcionarios del gobierno de Maduro. Entre ellos están Jorge Arreaza, Miguel Rodríguez Torres, Gustavo González López, Luisa Ortega Díaz, Aristóbulo Istúriz, Carmen Meléndez, Iván Fernández Dala, Vladimir Padrino López y el propio presidente de la República.

Pero todavía falta para que se abra una investigación en la CPI sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela pues apenas acaba de empezar el examen preliminar, que es la segunda fase del proceso y no tiene un tiempo límite. Esta etapa consiste en determinar qué crimen pudiera estar dentro del Estatuto de Roma, quiénes fueron las víctimas, quiénes los victimarios y sobre todo profundizar más en los casos. Luego se pasaría a la fase de admisibilidad y le sigue la del contexto político de la investigación que se lleva a cabo. Después el caso debe ser llevado a la Sala de Asuntos Preliminares, que aprobaría si debe hacerse una averiguación o no.

Podría evitarse la fase de la Sala de Asuntos Preliminares si un Estado denunciara al gobierno de Maduro. Entonces sería la fiscal jefe de la CPI quien abriría la investigación.

“Todavía falta bastante para que la CPI sentencie a Maduro, que es uno de los tantos en las cadenas de mando que han sido denunciados. Ahí entran el Alto Mando Militar, organismos de seguridad del Estado, fiscales, tribunales, jueces, etc. Lo que sí podría suceder es que cuando se abra la etapa de investigación, la CPI, dependiendo de lo que esté sucediendo, ordene la aprehensión de diferentes personas. Una de estas causas es que por ejemplo los hechos denunciados y abiertos como crímenes de lesa humanidad sigan ocurriendo”, aclara la abogada.

 

 

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