Por Williams Dávila
Hemos propuesto que la corrupción sea tratada como delito de lesa humanidad para garantizar que quienes sean reos de corrupción vayan también a estancias internacionales.
La corrupción que campea en Venezuela es la gran responsable de la catástrofe que hoy sufre el pueblo venezolano. Por años, el Gobierno ha permitido y fomentado un Estado corrupto y ajeno al cumplimiento de las leyes; un Estado forajido que no respeta las normas mínimas que impone la sana convivencia democrática. En semanas pasadas, Luisa Ortega Díaz mencionó que sólo en una obra, el segundo puente sobre el lago de Maracaibo, se suscribieron contratos con Odebrecht por más de 3 mil 100 millones de dólares. A la fecha, obreros y especialistas afirman que desde 2006 sólo se ha ejecutado 17 % del proyecto. Igualmente, a la fecha, no hay un informe oficial que justifique qué se hizo con ese dinero. La misma fiscal, destituida por el régimen cuando les resultó “incómoda”, denunció que Nicolás Maduro es responsable directo de los sobornos a la constructora petrolera.
Ante la espantosa realidad de millones de venezolanos: unos pasando hambre; cientos comiendo de la basura; otros buscando desesperados medicinas esenciales como un antibiótico o un cartucho de insulina; muchos huyendo en desbandada del país, el apoyo de la comunidad mundial es vital para retomar la senda democrática y detener la consolidación de un régimen despótico, corrupto y entreguista.
Más de tres millones de venezolanos se han ido del país debido a la falta de oportunidades de progreso, la situación política, la inseguridad, la violencia, el alto costo de la vida. En resumen: ante la catástrofe generalizada que sufre Venezuela. Esta desbandada -que ahora no se limita a profesionales, estudiantes o gente de clase media o alta- es la muestra más contundente del drama venezolano.
Es doloroso que cientos de familias enfrenten rupturas porque uno o varios de sus miembros tuvieron que irse de Venezuela. Niños creciendo lejos de sus padres; adultos mayores condenados a una vejez solitaria. Y no deja de sorprender la ruindad del Gobierno madurista: en diciembre impidieron que 130 niños, con sus papeles en regla, se reencontrarán con sus familias en Perú. Algunos de estos niños viajaban además para recibir tratamientos médicos.
La crisis que azota a Venezuela tiene su origen en la descomunal corrupción que se ha extendido por todo el Estado. Por años se han robado cientos de millones de dólares y las consecuencias las sufre hoy la población más vulnerable, un pueblo hambreado y sin medicinas, sometido por delincuentes.
Sólo en uno de los tantos instrumentos creados por el Gobierno para desviar divisas, Cadivi, se esfumaron al menos 60 mil millones de dólares. Esto representa aproximadamente una canasta básica al mes, durante un año, para los 30 millones de venezolanos. ¡Le robaron un año de comida a un pueblo que hoy muere de hambre!
La corrupción y el pillaje que se apoderaron de las instituciones se ilustra en asuntos tan básicos como la renovación de un pasaporte, la emisión de una cédula o la certificación de un documento.
Pese a que en América Latina existen iniciativas extraordinarias orientadas a la lucha contra la corrupción y la impunidad, como la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, promovidas por la OEA, o la reciente y paradigmática investigación brasileña Lava Jato, que ha dejado al descubierto como la clase política puede sucumbir frente al deseo desmedido de enriquecerse ilícitamente, en Venezuela, por el contrario no existe apertura de investigación alguna frente a las innumerables cantidades de denuncias sustentadas hechas sobre actos de corrupción. La fiscal Ortega Díaz demostró con claridad el nivel de penetración de la corrupción en las altas esferas del gobierno y esto fue razón suficiente para su remoción. Desde la Asamblea Nacional hemos abierto múltiples averiguaciones que han devenido en votos de censuras contra los ministros, sin que se nos reconozca como el poder legítimo y autónomo que somos y seguiremos siendo.
Por todas estas razones hemos propuesto que la corrupción sea tratada como delito de lesa humanidad, como forma de garantizar que quienes sean reos de delito de corrupción puedan ser llevados incluso a estancias internacionales a fin de garantizar que eviten un pase por la justicia.
Pronto en Venezuela recuperaremos la democracia y restableceremos el Estado de derecho, entonces será necesario impulsar reformas estructurales que garanticen la repatriación de los capitales en fuga por motivos de corrupción y el castigo ejemplar a quienes han diezmado al pueblo para engrandecer sus fortunas. ¡No desmayemos! ¡Combatir hasta triunfar!