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Perdemos a Rosalinda: Juez de EE.UU. autoriza incautación de Citgo

Un juez federal de EE. UU. autorizó la incautación de Citgo Petroleum Corp. para satisfacer una deuda del gobierno venezolano, un fallo que podría desencadenar una disputa entre los muchos acreedores de Venezuela para arrebatar el control de su único bien estadounidense visiblemente incautable.

El juez Leonard P. Stark, de la Corte Distrital de Wilmington, Delaware, emitió el fallo este jueves. Sin embargo, su opinión completa, que podría incluir condiciones o imponer más obstáculos legales, está sellada. Se espera que una versión redactada esté disponible posteriormente.

La orden judicial aumenta la probabilidad de que la petrolera estatal venezolana, Petróleos de Venezuela SA, pierda el control de un activo externo valioso en plena crisis económica y política del país. La decisión aún podría ser apelada ante un tribunal federal superior.

Los abogados de PDVSA no estuvieron disponibles para hacer comentarios. Citgo se negó a comentar.

Crystallex International Corp., la extinta minera canadiense que interpuso la acción legal, está tratando de capitalizar el juicio en base a los derechos mineros perdidos por culpa del gobierno de Venezuela. Se ha dirigido a Citgo, un refinador de petróleo, porque este es el activo más grande de Estados Unidos en un país con problemas de liquidez y atrapado por la crisis.

Muchos otros acreedores de Venezuela también están rondando a Citgo, pero Crystallex es el primero en ganar un juicio que autoriza su incautación. Crystallex argumentó que Citgo era finalmente propiedad de PDVSA, que es un “alter ego” de Venezuela, que es responsable de las deudas del país sudamericano. La decisión del juez a favor de Crystallex le permite tomar el control de las acciones de la compañía matriz de Citgo basada en los EE. UU., el primer paso hacia la venta de la compañía.

Venezuela y sus diversas entidades controladas por el Estado tienen juntos $ 62 mil millones de bonos no garantizados en circulación, con aproximadamente $ 5 mil millones hasta ahora en intereses impagos y capital. Los analistas estiman que el gobierno tiene aproximadamente un total de $ 150 mil millones en deuda pendiente con los acreedores de todo el mundo.

Venezuela y sus entidades controladas por el estado, incluida PDVSA, comenzaron a incumplir con pagos de bonos el año pasado y desde entonces se ha degenerado en un incumplimiento generalizado. Las sanciones de Estados Unidos prohíben a los acreedores involucrar al gobierno venezolano en cualquier tipo de reestructuración o compra de nueva deuda.

Para Venezuela, perder el control de Citgo podría poner en peligro una de sus únicas fuentes de ingresos petroleros, los EE. UU. Al mismo tiempo, los inversores en la deuda en default de Venezuela -al igual que al menos 43 compañías que reclaman legalmente al gobierno- corren el riesgo de perder uno de las pocos activos obvios en los EE. UU. que se pueden decomisar para asegurar el pago de la deuda.

El único pago realizado este año por Venezuela fue de $ 107 millones en sus bonos PDVSA, con vencimiento en 2020, por los cuales comprometieron a Citgo como garantía. Ese fue un movimiento claro de Caracas para proteger ese activo, según los analistas.

Sin la propiedad de Citgo, los inversionistas temen que PDVSA tenga pocos incentivos para seguir pagando la deuda.

Cualquier venta de acciones de Citgo requeriría la aprobación del Departamento del Tesoro de EE. UU., y Crystallex tiene que eliminar otros obstáculos legales antes de que las acciones puedan ser vendidas.

Al tratar de reclamar Citgo, los acreedores siguen un manual de juego familiar. Los fondos de cobertura dirigidos por Elliott Management Corp. hicieron algo similar cuando buscaron los activos argentinos luego del default de 2001 de ese país, el mayor incumplimiento soberano en ese momento, de más de $ 80 mil millones en deuda soberana.

Cuando Argentina se negó a pagar los acuerdos resultantes del incumplimiento, los fondos de cobertura buscaron activos argentinos para aprovechar y argumentaron que todo, desde los activos de su banco central hasta su compañía petrolera estatal, era un “alter ego” del Estado.

Elliott en 2012 persuadió a un tribunal ghanés de incautar un buque de entrenamiento de la Armada Argentina, y en 2014 solicitó a un tribunal de California que impidiera a Argentina lanzar satélites al espacio. Argentina se conformó con los fondos de cobertura en 2016, entregando ganancias de hasta 900% en algunas de sus inversiones principales originales.

Con información de The Wall Street Journal. Traducción de El Nuevo País.

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