Por Rafael Simón Jiménez
***Urge restablecer los equilibrios macroeconómicos buscando alinear la política cambiaria, monetaria, presupuestaria y fiscal para contener la escalada de precios.
La derogatoria por vías inconstitucionales de la ley de ilícitos cambiarios sería, en sus efectos prácticos, solo una gota de agua en medio del océano de ruina, calamidad y destrucción económica propiciada por la incompetencia y pillaje de este gobierno, que es incapaz de reactivar y mejorar el destartalado aparato productivo nacional.
Si bien la despenalización de la actividad cambiaria pudiera catalogarse como correcta, solo estaría en capacidad de rendir frutos en el contexto de un plan integral de reformulación, restructuración, reforma y relanzamiento económico, que tendría como objetivos inmediatos la liquidación de la hiperinflación, la recuperación de la capacidad adquisitiva real del salario, la reactivación del aparato productivo y el reflotamiento de PDVSA, que es el músculo financiero fundamental para recuperar la senda del crecimiento económico del país.
El refinanciamiento y la restructuración de la deuda externa venezolana, así como la capacidad de acceso al crédito internacional, son requisitos esenciales para liberar recursos y asegurar los volúmenes de inversión que requiere la petrolera estatal, las empresas básicas, la importación de insumos y el mejoramiento de la infraestructura y de los servicios públicos, sin los cuales será imposible superar la postración económica actual.
Restablecer los equilibrios macroeconómicos buscando alinear la política cambiaria, monetaria, presupuestaria y fiscal, para lo cual debe asegurarse la independencia del Banco Central de Venezuela, y detener la emisión inorgánica de dinero y el financiamiento del déficit de caja de PDVSA, es determinante y urgente para contener la escalada de los precios. La estabilidad económica y la seguridad jurídica son prerrequisitos esenciales para que cualquier programa económico tenga éxito.
Todas las medidas anteriores tienen una palabra que las condiciona y transversaliza y es la CONFIANZA, es decir, la credibilidad que genere un entorno propicio para que los agentes económicos nacionales y extranjeros muestren disposición a participar activamente en la generación de riqueza y en la expansión de las actividades productivas. Nadie vendrá a invertir un solo Bolívar en un país donde el abuso, la arbitrariedad, la carencia de estado de derecho, los anacronismos ideológicos y la adscripción a fórmulas reconocidamente fracasadas adquieran el rango de política oficial.
La derogatoria de la ley de ilícitos cambiarios no dará ningún resultado positivo si es acompañada de un programa integral de relanzamiento y restructuración económica, y ello requiere de una convicción, capacidad y autoridad que este gobierno no tiene. Hoy en día cualquier posibilidad de revertir la ruina y destrucción de Venezuela así como el infierno en que viven sus ciudadanos pasa, sin duda, por la sustitución de los incapaces y depredadores que están en Miraflores.