Por Ramón Guillermo Aveledo
***Ilegalidad sobre ilegalidad y abuso sobre fabricación propagandística son los más recientes episodios del largo folletón revolucionario que se suman a la crisis y al empobrecimiento de los venezolanos.
Contrario como soy, por principios, a toda violencia, este asunto del atentado a Maduro me deja dos preocupaciones hondas como venezolano. La primera es su posibilidad real en un país desesperado, crispado y con la institucionalidad desbaratada. La segunda es nuestra imposibilidad real como ciudadanía, de conocer la verdad de lo ocurrido por los mismos motivos.
Pero, sea como sea, el episodio nos barbariza más, sigue deteriorando nuestra imagen ante el mundo y, por eso, empeorando la situación de nuestro pueblo que se empobrece más y más e incrementando las dificultades para la recuperación económica que en el estado en que se encuentra por responsabilidad del gobierno, amerita ingente cooperación internacional.
La reacción de la comunidad internacional, con la excepción de los sospechosos habituales con intereses directos como acreedores o beneficiarios del relajo administrativo rojo, es idéntica: condena a la violencia, llamado a la solución pacífica y legal de las diferencias y ofrecimiento de una versión confiable de los hechos.
La persecución a los diputados Borges y Requesens, aquel hace meses acusado de todo y amenazado y éste apresado arbitrariamente y vilipendiado en cadena presidencial, no tiene otro asidero que la supuesta declaración de presuntos participantes en los hechos convertidos milagrosamente en testigos estrella. Me llamó la atención que estando presos del gobernante que los acusa de intentar asesinarlo, nada menos, no parecían asustados en lo más mínimo, lo cual acentúa las sospechas de que se trata de agentes infiltrados.
A ese abuso de poder, súmese el atropello a la Constitución de llevarse por delante su inmunidad parlamentaria sin el menor reparo ni atender sus más mínimos requisitos. La llamada ANC no puede allanar la inmunidad parlamentaria de un diputado a la Asamblea Nacional, no porque sea ilegítima, que lo es, sino porque los diputados son ajenos a ella y por lo tanto carece de esa competencia.
La inmunidad parlamentaria es una protección de los cuerpos legislativos a su autonomía, por eso es privativo de ellos conocer las acusaciones contra sus miembros y, sin pronunciarse sobre su culpabilidad o inocencia, analizar los méritos para su enjuiciamiento y autorizar al Tribunal Supremo de Justicia para proceder a juzgarlos si fuera el caso. Los diputados Borges y Requesens son miembros de la Asamblea Nacional y por eso incumbe a ella decidir sobre sus fueros.
Tampoco pueden ser juzgados por otro tribunal que no sea el Supremo. Eso también es constitucional y no pueden los magistrados ignorarlo sin faltar gravemente a sus deberes y convertirse en reos de delito. Porque son responsables de lo que deciden.