Por.- Juan Fernández
-Lo más grave fue identificar PDVSA como parte del Estado
Son muchas, complejas y gravísimas las consecuencias del fallo judicial que coloca en riesgo a Citgo, por la demanda de Cristallex. La gravedad del caso supera todas las demás fallas de PDVSA en materia de falta de producción, invento del “Petro” y otras improvisaciones, como dos precios locales distintos, por la misma gasolina (distinción imposible por razones técnicas).
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Esta semana la OPEP anunció un ajuste en sus previsiones para la demanda en 2019, estimando un total de 100,26 millones de bpd. Durante 2018 mantiene su estimado de 98,8 millones de bpd. La AIE, también publica sus nuevas proyecciones y para 2019 estima 100,7 millones de bpd, dado que en 2018 estima 99,2 millones de bpd. El tema de la guerra comercial se asume tendría una solución vía acuerdos y por lo tanto no se afectarían las proyecciones de demanda por este motivo.
Dicho lo anterior, la puesta en marcha de medidas como el llamado nuevo cono monetario con las perspectivas inflacionarias, en poco tiempo resultará en la misma situación de hoy en día con unas monedas y billetes que no representan valor alguno para efectuar transacciones. La política monetaria es inexistente, solo se habla del reemplazo de la moneda, pero no hay ninguna medida en cuanto al sistema financiero y del costo del dinero por ejemplo. Poner un anclaje a la moneda con el PETRO, la cripto moneda que no lo es, con un respaldo basado en un bloque de reservas de petróleo, sin haber tenido una auditoria independiente para certificar el traspaso de una empresa del Estado a otro ente del Estado, luego aun sin explotar, lo que requiere de inversiones, costos para ser explotadas, y basar el Bolívar en función de un precio cesta del petróleo bajo las condiciones descritas, no tiene fundamento. La cotización del Bolívar, mientras no desaparezca, pues existe una posibilidad hasta de que se pretenda reemplazarlo por el Petro, continuará devaluándose con respecto al dólar y al euro, por lo tanto, seguirá perdiendo valor. El salario real de los trabajadores continuará devaluándose, lamentablemente.
En lo relativo a las gasolinas sin conocer como funcionará el subsidio temporal, pues Maduro no mencionó detalles, posiblemente el recuerdo de las protestas en Guarenas durante el segundo gobierno de Pérez sea una de las razones para no ser explicito en los ajustes y mecanismos en materia de precios de la gasolina. Sólo se conoce que los registrados en el censo con el Carnet de la Patria, tendrán un subsidio, el combustible seria a precio internacional.
En relación al precio internacional, el cuadro nos muestra cuánto pagan los países limítrofes por litro de gasolina. Así tenemos Trinidad con US$0.59 por litro, Colombia con US$0.78, Brasil US$1.15 y Aruba con US$1.21 por litro. Imaginemos un aumento del precio actual del combustible de US$0.1 por litro a cualquiera de los niveles mostrados en el cuadro, tanto desde vehículos de los particulares, del transporte público, del transporte bienes y servicios, más los efectos en el resto de los servicios públicos.
Venezuela sin duda no debe vender gasolina a pérdidas, eso representa un costo de oportunidad muy alto, tanto si se calcula en función del costo, inversiones o como valor alterno de exportación FOB Venezuela. El sistema tiene que determinar de forma transparente los precios y considerar además la ventaja competitiva por efectos de ser un país con abundantes reversas para producir energía. La realidad de lo que hoy vive Venezuela, es su mermada capacidad para producir combustibles por varias razones, entre ellas: el sistema de refinación por el piso, caída de la producción y la necesidad de PDVSA para importar combustibles cada día más restringida, falta de inversiones, un esquema de distribución monopólico con altas ineficiencias, etc. En conclusión, este “censo” con el invento del carnet de la patria, es una tarjeta de racionamiento electrónica, además de discriminatoria.
La decisión del Juez Leonard P. Stark, de Delaware, sobre la incautación de Citgo a Cristallex para poder hacer efectiva la compensación por la nacionalización de sus actividades de negocio en Venezuela por un monto de US$1.400 millones, es de suma importancia por las implicaciones que conlleva. En primer lugar, hemos de indicar que la decisión del Juez abre la posibilidad de un acuerdo entre las partes, es decir la República y Cristallex, para cancelar la deuda, con lo cual se evitaría el proceso de incautación. Como todos sabemos, no está la economía venezolana en capacidad de cancelar esa deuda. Por lo tanto, la probabilidad del acuerdo es prácticamente nula, y de hecho PDVSA apeló la decisión del tribunal.
La decisión del juez implica que tanto PDVSA como su estructura de negocios y empresas, es igual al régimen. Esto implica que el llamado “velo corporativo”, cuyo objetivo es concentrar la estructura de empresas y filiales de PDVSA en su actividad comercial, se rompe. Asumimos que dentro de los argumentos dados por Cristallex, está por ejemplo la decisión de tener a la misma persona Ministro y Presidente de PDVSA, el otorgamiento de garantías, colaterales de CITGO a endeudamientos de PDVSA, que no tienen que ver con el negocio de CITGO directamente, como por ejemplo ROSNEFT, y los bonos denominados PDVS 2020.
Este proceso de incautación, independientemente si Cristallex lo ejecutase o no, pone el negocio de CITGO, el cual consiste en un sistema de tres refinerías con una capacidad de 750 mil bpd, participación en terminales, poliducto, distribución de combustibles en estaciones de servicio abanderadas, etc., todo de alto valor comercial y estratégico para PDVSA, en riesgo y en la práctica podemos decir está perdida.
Normalmente los acuerdos de financiamiento corporativo tienen cláusulas relacionadas con eventos que afecten la capacidad del negocio de generar el flujo de caja para el servicio de la deuda. Esta situación de la incautación podría ser considera un evento de este tipo, con un posible disparador para acelerar el pago de la deuda. En consecuencia los tenedores pueden exigir la ejecución de garantías, y así poder ejercer su privilegio sobre otras deudas como la de Cristallex. Sobre este aspecto de aceleradores de pago de deuda y ejecución de colaterales de ROSNEFT, hay una “papa caliente” para PDVSA, con la pregunta de cómo resolverlo.
Otro elemento a considerar, es cómo se irían agregando otras demandas de arbitraje sobre Venezuela, las cuales podrían iniciar procesos similares y reclamar incautación. A lo anterior, se debe agregar la incertidumbre sobre proveedores, contratistas y clientes de CITGO, los cuales también ven a riesgo sus relaciones comerciales e inclusive como garantizar compras para PDVSA.
En definitiva, por la soberbia y equivocada política del “exprópiese”, por una mediocre gerencia del negocio petrolero y de lo público, hoy todos pagamos las consecuencias y la estructura de negocios de PDVSA también se derrumba internacionalmente.
@JFernandeznupa