Por Carlos Canache Mata
***La catástrofe que atormenta a Venezuela ha llegado a su clímax, a su punto culminante. No hay tiempo para más esperas, señala el exparlamentario jubilado Carlos Canache.
Cada día, la dictadura, tanto en sus desafueros como en su incompetencia para el manejo de la economía nacional, se supera a sí misma. No hay atropello que no haya intentado, ni disparate que le sea ajeno. Sentada en el solio presidencial de Miraflores, tiene, rota a sus pies, la democracia venezolana, mientras el hambre y la muerte acechan a quienes, a duras penas, sobreviven.
Se cierra la salida pacífica y electoral. No se permitió la realización del referendo revocatorio presidencial, previsto en la Constitución, y, con impudicia inigualable, se adelantó en más de ocho meses la elección correspondiente al periodo presidencial 1919-1925. Para que se pueda cometer cualquier tropelía, allí está el CNE, que no cuenta sino que asigna los votos a los partidos conforme a las órdenes gubernamentales. Se inhabilitan partidos políticos recurriendo a trácalas en la interpretación de la legislación electoral. Bandas de forajidos, encapuchados o no, controlan barrios o urbanizaciones y asaltan manifestaciones o marchas opositoras. A los disidentes políticos se les inventa cualquier delito para encarcelarlos. Lo que le han hecho al diputado Juan Requesens excede las propias felonías ya conocidas de la dictadura. Las protestas de los venezolanos y de la comunidad internacional han sido claras y contundentes. El Secretario General de la OEA, la Unión Europea, numerosos gobiernos democráticos y el Grupo de Lima han dejado oír su voz. Este último condenó y rechazó “la violación del debido proceso penal y de las normas internacionales en materia de procuración de justicia y respeto de los derechos humanos, durante la detención arbitraria, ilegal y sin investigación previa de Juan Carlos Requesens, diputado a la Asamblea Nacional”. El destacado jurista Alberto Arteaga Sánchez denunció que “estamos viviendo el horror de una justicia penal, que no es en absoluto justicia”. Al diputado Requesens se le violó descaradamente la inmunidad parlamentaria y se le torturó.
La situación que atraviesa el país ha conducido a que más de cuatro millones de venezolanos se hayan ido del país en busca de libertad y de mejores expectativas de vida. Estamos protagonizando una severa pérdida de nuestro capital humano, que nos resta talento y profesionales de valía. ACNUR, agencia de la ONU para los refugiados, ha declarado que la migración venezolana en los últimos años es “uno de los mayores movimientos de población en la historia de América Latina”, apuntando, además, el impacto de la inmigración venezolana en países de la región (Colombia, Ecuador, Brasil, etc.). La avalancha de migrantes genera problemas de colapso de los servicios públicos y ha llevado a la creación de fondos humanitarios para atenderlos en sus necesidades de alimentación, salud y empleo. Cuando estos países señalan la necesidad de buscarle solución a la crisis que vive Venezuela, Maduro y demás voceros de la dictadura cacarean que eso es “injerencismo” en nuestros problemas internos.
La debacle, o mejor, la catástrofe que atormenta a Venezuela, ha llegado a su clímax, a su punto culminante. No hay tiempo para más esperas. Hay que actuar y recurrir a los mecanismos que existen en la Constitución para producir el cambio. Uno de esos mecanismos puede ser el paro nacional que se está convocando para el día 20 de este mes de agosto, al que se sumaría la presión, que no ha cesado, de la comunidad internacional.
Desde Vancouver, Canadá.