Por Mitzy Capriles de Ledezma
***Las protestas públicas, que son un derecho humano, son letra muerta para el régimen que insiste en reprimir a un pueblo indefenso.
El camino hacia la libertad es tortuoso y lleno de obstáculos. Sin embargo, cualquier sacrificio que nos conduzca hacia ese objetivo común de todos los venezolanos no debe ser escatimado, y en tal sentido, los riesgos deben ser afrontados con alto sentido patriótico y mucha responsabilidad. La lucha es dura, pero la actitud pesimista nunca debe apoderarse de nosotros y debemos mantenernos insuflados por el hálito de la esperanza. Hay que tener una buena dosis de paciencia y muy alta la moral, buen juicio y acertados criterios.
La protesta pública es una herramienta de lucha fundamental y hemos visto cómo los ciudadanos enardecidos por la grave carencia en el suministro del agua y los constantes apagones, están ahora elevando su enardecida voz por los confines del país, y este es el resultado de la pésima gerencia oficial en la administración de los servicios públicos, que de manera irresponsable ellos atribuyen a inexistentes “sabotajes” como excusa de sus pésimas ejecutorias.
Estas manifestaciones de descontento popular se dieron la noche del pasado jueves en las adyacencias de Miraflores, cuando habitantes de las parroquias Altagracia y La Pastora bajo el lema ¡Fuera Maduro! denunciaban de manera pacífica la carencia de estos vitales servicios. Tal como era de esperarse, la represiva Guardia Nacional arremetió fuertemente contra los manifestantes en su habitual práctica del atropello y el abuso.
Casi simultáneamente se realizaban manifestaciones en igual sentido en Los Teques, Valencia, Barquisimeto y otras ciudades del país. El pueblo se encontraba ejerciendo un derecho establecido en el artículo 53 de nuestra Constitución en la cual se señala que: “Toda persona tiene el derecho a reunirse pública o privadamente, sin permiso previo, con fines lícitos y sin armas (…). Le sigue el artículo 68 cuyo texto indica que: “Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la Ley. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas (…)
La Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1948 determina que una manifestación pública es una forma de ejercer la libertad de expresión y la libertad de reunión. Supone el ejercicio de derechos conexos, tales como el derecho de los ciudadanos a reunirse y manifestar, libertad de expresión y el derecho al libre flujo de opiniones e información.
La Guardia Nacional posee una oscura mancha en su historia, al caracterizarse por la violenta represión que ha dejado saldos de muertos y heridos de pacíficos manifestantes. Todo lo indicado en nuestra carta magna y la Declaración de la ONU calificando las protestas públicas como un derecho humano, son letra muerta para el régimen que no cesa en su empeño de reprimir a un pueblo que con toda justicia exige libertad.